Fiscalía solicitó otros sobreseimientos para cuatro firmantes del decreto Carmona

El decreto de Pedro Carmona derogó la Constitución, disolvió los poderes públicos y destituyó de sus cargos a sus representantes en abril de 2002.

El decreto de Pedro Carmona derogó la Constitución, disolvió los poderes públicos y destituyó de sus cargos a sus representantes en abril de 2002.

Credito: Archivo

Caracas 08 de enero 2007.- El Ministerio Público solicitó ante el Tribunal 25° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas, el sobreseimiento para cuatro personas que estaban siendo investigadas por la firma del decreto que el 12 de abril de 2002 derogó la Constitución, disolvió los poderes públicos y destituyó de sus cargos a sus representantes.

La fiscal 6° nacional, María Alejandra Pérez, solicitó el sobreseimiento para Cecilia Sosa, Guaicaipuro Lameda, José Gregorio Vázquez López y Carlos Ayala Corao, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal; y el artículo 318, numeral 3°, en su primer supuesto, el cual establece la extinción de la acción penal, en concordancia con el artículo 1°, literales A y M del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, de fecha 31 de diciembre de 2007.

Igualmente, en el escrito del Ministerio Público se deja constancia de que los cuatro beneficiados por el Decreto, "siempre estuvieron a derecho, no se sustrajeron del proceso en ningún momento y acudieron a todos los llamados realizados por la Fiscalía y el órgano jurisdiccional correspondiente".

Cabe destacar que Cecilia Sosa y José Gregorio Vásquez fueron acusados el 21 de octubre de 2005, por presuntamente incurrir en el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución, tipificado en el artículo 144, numeral 2° del Código Penal vigente para la fecha de los hechos.

El 27 de enero de 2006, la fiscal 6° nacional, acusó a Guaicaipuro Lameda, por la presunta comisión del delito de rebelión civil, según lo establecido en el artículo 143, numeral 1° del Código Penal vigente para la fecha en que sucedieron los hechos.

Por su parte, Carlos Ayala Corao fue imputado el 14 de abril de 2005, por presuntamente incurrir en el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución.


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