Entre los jefes de los ejecutivos regionales y municipales se ha extendido la tesis que al reconducir el presupuesto se gobernaría por decreto. Esta opinión se sostiene en el desconocimiento del gobernante como en el escaso estudio manifestado por los diputados y concejales los cuales se encuentran obligados a ponerse al día en los asuntos de planificación, técnicos y administrativos que rigen la administración pública. A ellos corresponde el papel de intermediarios entre las comunidades y el mandatario. En caso de fallar éste les toca a ellos alertar y obligar al gobernante a acatar la Ley. Pero, se ha hecho costumbre que el ejecutivo les imponga el plan de acción a seguir y ¿el órgano contralor?, institución técnica por excelencia, hace el papel del avestruz.
Al no darse el control, el gobierno se centraliza en la persona o funcionario que ejerza mayor influencia en el entorno gubernamental. La planificación deja de tener sentido hasta desde el punto de vista teórico. Se hacen grupos de informales dentro de las instituciones que funcionan sin regulación y por encima de los procesos que rigen la materia presupuestaria y financiera del poder público. Los problemas de funcionamiento de las instituciones se descuidan y la ejecución de políticas públicas de apoyo a los servicios comunitarios se atiende de manera improvisada. De allí que lo urgente se hace cotidiano. Las emergencias se asumen como asuntos normales de la vida y se resuelven de un plumazo o mediante una llamada relampagueante a tesorería para que hagan el cheque.
A juzgar por la frecuencia de esta problemática que se repite años tras año, pareciera que a algunos gobernantes se sienten como pez en el agua ante esta situación. Se sienten jueces y no partes de un funcionamiento administrativo y financiero caótico. Se ha observado que en gobernaciones y alcaldías éstos disponen de los sueldos de los trabajadores para pagos extrapresupuestarios. Hacen crecer las deudas laborales y contractuales. Por ejemplo en la gobernación de Sucre la deuda con la caja de ahorros de los empleados asciende a más de 65 millones de bolívares fuertes. El fondo de jubilaciones permanentemente se mantiene sin recursos para cancelar las jubilaciones de los ex funcionarios que esperan su dinero desde hace varios años. Algunos se enferman y tienen tratamiento. Otros se han muerto sin ver ni medio. Los que quedan vivos aún no reciben su dinero. Se ejerce la gerencia de la presión y no la presión de la gerencia.
La reconducción ha pasado de una previsión a una decisión permanente de los gobernantes. Al entender mal las cosas o según le convenga y le dejan hacer, el “líder” encuentra campo libre para imponer su criterio. Sin percatarse que al descuidar el cumplimiento de los requisitos legales, instructivos y llevar una práctica administrativa y financiera errónea en algún momento le pasará la factura política, incluso penal por malversación, a la hora de rendir cuentas al soberano. Ramón Yáñez en sus editoriales ha referido que “la mejor política para un gobernante consiste en desarrollar una buena gestión”. Una buena labor de atención a los ciudadanos. Si no hay recursos la gente entenderá que no le resuelvan nada. Pero si observa que a la par que se dice que no hay recursos se gasta el presupuesto en celebraciones y eventos, la gente se molesta. No hay dinero para sueldos pero si para fiestas. Circo sin pan. A los militantes que defienden el proceso revolucionario les quitan los argumentos para defender al proceso.
En atención a lo anterior, la figura de Chávez se hace insuficiente para cubrir la ineficacia en gobernaciones y alcaldías. Para un militante del proceso revolucionario desarrollar una buena gestión debe constituirse en una consigna de trabajo. Si se desacatan los principios elementales de la gerencia y de la política, el militante en funciones de gobierno se convierte en prófugo de la justicia por fallas administrativas y financieras. Nada nuevo. Ningún invento. Se respalda la reflexión con la experiencia de funcionarios de la cuarta y ahora de la quinta república que han creído que el status de funcionario público les otorga la licencia para violentar los procedimientos que rigen la administración financiera del poder público.
Algunos militantes del proceso cuando llegan a las funciones de gobierno cambian totalmente; militantes que actuaron como revolucionarios toda la vida, sufriendo persecuciones políticas, que expusieron su futuro en tantas madrugadas colocando una pancarta con engrudo en una pared o entregando un paquete con material ideológico sobre la realidad social, que sacrificaron una vida cómoda y estudios que les ofrecía el sistema, lucharon duro por la transformación social y de las instituciones para ofrecerlas al pueblo. Estos militantes hicieron campaña política y partidista para conquistar el poder; pero una vez en funciones de gobierno pareciera que lucharon solo para conseguir un cargo público y disfrutar de los “beneficios” de esos cargos. Se convierten en burócratas. De servidores sociales ad-honoren que comían casabe con papelón y cambur se convierten en servidores públicos asalariados. Cobran el salario de la traición, mejoran sus vidas y estatus socioeconómico y se olvidan de los electores, de los que se fregaron con ellos y los desprecian. Se olvidan que la función pública implica servir a la comunidad.
En el caso del revolucionario las luchas y discursos no deberían contradecirse con la práctica gubernamental. Ahora en funciones de gobierno y con un solo gobierno el desarrollo de las políticas públicas debe darse con mayor facilidad, porque se tiene el apoyo de la gente y no hay perseguidos políticos. El revolucionario debe aprovechar cualquier resquicio que le da la vida para impulsar la conciencia del colectivo y el movimiento social para la transformación.
Existe la creencia de que como el reconducido lo activa el mandatario mediante decreto, lo puede administrar sin considerar al órgano legislativo. Falso en todos los sentidos. El reconducido constituye una carta jurídica que juega el mandatario con la finalidad de evitar la parálisis de su propia administración, por cuanto no podrá recaudar y erogar si no se encuentra autorizado mediante un instrumento jurídico. El reconducido opera igual que una ley u ordenanza de presupuesto. Si por alguna razón no se presentó el proyecto de presupuesto o se llevó muy tarde al órgano legislativo para evitar la discusión o amparado en que la mayoría de los legisladores lo aprobarán por tener simpatías por el proceso, pone en tela de juicio la responsabilidad del ejecutivo. Da a entender que no hay transparencia en la elaboración del presupuesto, que no se consultó con el soberano y que el proyecto se hizo a la ligera y de manera improvisada. HASTA OTRO ENFOQUE.
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