Revocatorio a reparo

El brillante intelectual bolivariano, Luis Brito García, lo decía: el revocatorio podría ser la perdición de la democracia, «ningún país aguanta una campaña electoral cada tres años.» (Últimas Noticias, 14 de Septiembre de 2003)

Y es que la experiencia inédita del proceso revocatorio en Venezuela ha sido una verdadera calamidad para la sociedad venezolana, indistintamente de su preferencia política. La manipulación mediática y política, las evidentes maniobras de fraude, la vileza e inoperancia de los promotores, la marcada abstención de la población, la inexperiencia del CNE, la intromisión extranjera y la conspiración oposicionista que busca desenfrenadamente sacar al presidente Chávez del poder a como de lugar, son elementos que han contribuido a degradar la capacidad del referéndum como medio de participación y protagonismo del pueblo.

Mucho antes del 19 de agosto de 2003, fecha en que se activaron los procesos revocatorios contra el Presidente de la Republica y diputados de la Asamblea Nacional, ya la oposición recogía firmas al margen de la ley y fuera del orden constitucional. Para ello, contaron con el pleno apoyo de los medios de comunicación privados que mantuvieron una descarada campaña a favor del «sí» por tiempo indefinido, sin ningún tipo de regulación y con el aval de un CNE miquilenista que albergaba en su propio directorio a furibundos antichavistas. Sin embargo, un nuevo y equilibrado Poder Electoral pudo ser instalado de acuerdo a los parámetros establecidos en la Constitución Nacional, y tres meses después de cumplida la mitad del período presidencial, la oposición comenzó un proceso de recolección de firmas plagado de irregularidades y conductas poco éticas que rememoraron los viejos vicios de la era puntofijista.

Con la clara intención de producir un «megafraude» que le permitiera obtener los 5 millones de firmas que predecían sus encuestas, la oposición puso en marcha una maquinaria adeco-copeyana con amplia experiencia en el fraude electoral, aderezada con la tecnología amañada de la empresa Súmate y el financiamiento internacional, para llenar miles de planillas «planas» con datos personales provenientes de la nomina de empresas privadas y organismos públicos controlados por la oposición, utilizar indiscriminadamente las planillas «itinerantes» destinadas a enfermos, ancianos y discapacitados para que fueran firmadas bajo chantaje por la población que no acudió a los centros de recolección, y facilitar cientos de unidades de transporte para movilizar a un mismo grupo de personas y menores de edad a varios centros de recolección con el fin de abultar el número de rúbricas e impedir que testigos y observadores independientes acompañaran a los recolectores itinerantes, lo que facilitó el «extravío» de 64 mil planillas que posteriormente serían ingresadas llenas al CNE.

Aun así, las cifras oficiales preliminares del CNE determinaron que los promotores del referéndum revocatorio contra el presidente Chávez y diputados bolivarianos no lograron recabar el 25% requerido para activar dichas consultas, lo que significó un 75% de abstención. La evidente apatía del pueblo venezolano hacia la convocatoria de la oposición no logró justificar el enorme gasto realizado por las instituciones del Estado y particulares ni la incertidumbre que por casi un año se ha generado en la población. Por su parte, los electores bolivarianos que confiados en el operativo logístico del Comando Ayacucho se volcaron a firmar contra 37 diputados opositores, incluyendo a los «saltatalanqueras» que traicionaron la confianza de sus electores después de haber sido electos gracias al respaldo del presidente Chávez, quedaron sumamente consternados al conocer por el propio CNE que la poca cantidad de firmas recolectadas solo alcanzaría para activar el referéndum revocatorio a dos diputados de oposición – nueve con los reparos - después de haberse sumado a la celebración del Comando Ayacucho cuando anunció con bombos y platillos que se habían logrado recabar «todas» las firmas.

Incluso después de haber sido publicada la data oficial de las firmas recolectadas tanto por los simpatizantes del gobierno como por los de la oposición, la incertidumbre de muchos electores continúa sin encontrar una respuesta convincente sobre el estado de sus firmas. La oposición, que cuenta con el novedoso aparato tecnológico de Súmate, capaz de facilitar el fraude y pretender imponerse sobre la autoridad legitima del Poder Electoral, ha logrado suministrar a cada elector de la oposición con derecho a reparo una amplia información sobre el estado de su firma, mientras que por otra parte auspicia la confusión entre los que firmaron contra el presidente en planillas invalidadas por el CNE por estar contaminadas por el fraude con el fin de generar mayor confusión y presión sobre el ya convulsionado clima político. Paralelamente, una buena parte del elector bolivariano - incluyendo al propio Presidente de la Republica - desconoce el paradero de su firma y nunca llegó a obtener una explicación certera por parte del Comando Ayacucho que explicara la razón del extravío masivo de planillas y actas que jamás llegaron a las oficinas del CNE.

Otro ingrediente perturbador que ha afectado negativamente el desenvolvimiento del proceso revocatorio en Venezuela, ha sido la monopolización de la observación internacional por parte de la OEA y Centro Carter, y su expresa parcialidad hacia la celebración del referéndum revocatorio presidencial, lo cual representa una clara injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela que no tiene precedente en la historia reciente de América Latina y el Caribe.

Ante la falta de credibilidad y representatividad de la clase puntofijista, la OEA y Centro Carter han tenido que asumir el papel que le corresponde jugar a la oposición, sirviendo de voceros oficiales en las negociaciones con el CNE y ventilando públicamente sus puntos de vistas políticos a través de los medios de comunicación privados. Además, han asumido una posición monolítica, unidad indivisible de criterio, respaldo mutuo, ausencia de contradicciones y celebración de comunicados de manera conjunta en todo lo concerniente al proceso revocatorio, lo cual revela la existencia de una agenda de interés común. Su obvia parcialidad hacia la celebración de la consulta electoral para el presidente Chávez quedó en evidencia cuando sobrepasaron los limites de la observación internacional al enfrentarse a la autoridad del Poder Electoral; en un primer momento cuando se pronunciaron en contra de la decisión de llevar a reparo las firmas que presentaban igual caligrafía bajo el argumento de la «buena fe», que para el CNE dejó de existir con la presencia de irrefutables pruebas de intento de fraude; en una segunda ocasión cuando rechazaron la figura de «arrepentidos» por calificarla de ilegal e ilegitima, interpretando de manera unilateral el Reglamento sobre Referendos Revocatorios y el acuerdo que a pedido expreso de la propia oposición fue alcanzado junto al CNE y Comando Ayacucho para permitir que los electores que acudieran a retirar o ratificar su firma no tuviesen que explicar la razón de su intención; y recientemente cuando el representante de la OEA, Fernando Jaramillo, realizó proyecciones a favor de la oposición durante el proceso de reparo correspondiente a los diputados de la Asamblea Nacional. De esta manera, la OEA y Centro Carter violaron el convenio que habían establecido previamente con el directorio del CNE para que el tramite de las observaciones se realizara de manera conjunta y no unilateralmente a través de los medios de comunicación privados. (VTV, 13 de Mayo de 2004)

La persistente conducta injerencista, sesgada y parcializada de la OEA y Centro Carter en las decisiones soberanas del Poder Electoral pone en evidencia el claro mandato que tienen estos organismos de hacer todo lo que esté a su alcance para llevar a cabo el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez y evitar la inminente derrota de la oposición, lo cual es ya un secreto a voces en el seno de estos organismos. Así se desprende de un reciente articulo publicado por la Fundación Canadiense para las Américas (FOCAL), institución que mantiene un estrecho vínculo con la OEA, en el que la analista Judy Meltzer (Mayo de 2004) afirma que «aun si el proceso de verificación de firmas es exitoso y un referéndum es convocado, lo mas probable es que Chávez vea el final de su mandato en 2006», y de las declaraciones de un colaborador de la senadora y Primera Dama de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en las que asegura que en una reunión sostenida en las oficinas del Centro Carter en Caracas, su directora Jennifer McCoy y el representante Francisco Diez habrían admitido que «las fuerzas que respaldan al mandatario venezolano exhiben mayor cohesión interna que el arco político que se ha unido en su contra», por lo que resultaba «importante para la estabilidad institucional del país que el referéndum efectivamente sea convocado.» (Diario Hoy, 28 de Febrero de 2004)

Además de su marcando intervensionismo, la permanente presencia de la OEA y Centro Carter sin rotar a su personal, ha hecho que dichas organizaciones se vean expuestas al tráfico de influencias que practicó la oposición a sus anchas durante los 40 años en que estuvo a cargo de la administración publica. De acuerdo al coordinador del Comando Ayacucho, diputado Ismael García, el canal de televisión Venevisión de la organización Cisneros, comprometido en el golpe de Estado del 11 de abril y fuero opositor al gobierno del presidente Chávez, habría cancelado gastos de viajes y hospedaje a funcionarios de la OEA cuando visitaron la isla Los Roques durante la Semana Santa, a cambio de favorecer a la oposición durante el proceso de reparos. (RNV, 15 de Mayo de 2004)

Estos factores han contribuido a que después de seis meses de haberse cumplido el proceso de recolección de firmas, y a casi un año de cumplirse la mitad del período presidencial, el venezolano todavía no sepa si habrá referéndum revocatorio. A este ritmo, parafraseando a Brito García, el país no solo tendrá que aguantar una campaña electoral cada tres años, sino que deberá convivir con ella de manera permanente y por tiempo indefinido. En este sentido, es necesario que Venezuela cuente con una ley clara y precisa que regule los procesos revocatorios a fin de evitar las enormes distorsiones que amenazan con convertir este instrumento democrático y participativo en una practica viciada, elitesca y sumamente perturbadora para el desenvolvimiento de la política nacional. En Suiza, el único país con amplia experiencia en la celebración de referéndums, las firmas planas se invalidan de manera automática y sin derecho a reparo. (Últimas Noticias, 3 de Mayo de 2004) De acuerdo al embajador de este país en Venezuela, Walter Suter, la Ordenanza Sobre Derechos Políticos determina claramente que además de la fecha de nacimiento errónea, la existencia de firmas ilegibles, en blanco, no identificables, no manuscritas, múltiples, ausentes del registro electoral y de igual caligrafía (incluyendo todos los datos del solicitante) constituye un factor irrefutable para su invalidación automática, ya que según lo explica Sutter, el acto de firmar la solicitud de un referéndum constituye una obligación que exige «dar la cara y estampar absolutamente todos los datos a mano.» Asimismo, la recolección de firmas en este país en un proceso completamente privado, por lo que todos los gastos son sufragados exclusivamente por los solicitantes. Las firmas son entregadas a la Secretaría General del Gobierno que las verifica de manera confidencial mediante un proceso descentralizado para luego determinar en un lapso no mayor de 90 días desde el momento de la recolección de firmas, si se realiza la consulta electoral.

En efecto, la recolección de firmas no puede ser un proceso interminable, pero como «no somos suizos», asumir su «privatización» constituiría una practica elitesca que de algún modo institucionalizaría la discriminación política contra pequeños grupos que deseen llevar adelante una iniciativa similar sin contar con recursos mediáticos, financieros, de logística y tecnológicos, y además podría amenazar los derechos individuales de los funcionarios a ser revocados, ya que como quedó demostrado recientemente, el proceso puede ser contaminado fácilmente con la falsificación de firmas y la usurpación de identidades. En este sentido, el CNE cometió el gravísimo error de implantar un proceso «semiprivado» donde el Estado tuvo que sufragar gastos millonarios de logística y tramites administrativos en el transcurso de casi un año, pero que también permitió el manejo y manipulación de las planillas en manos privadas.

Si el proceso revocatorio va a permanecer en nuestro sistema político, tendrá que acudir irremediablemente a reparo mediante una reforma profunda que le permita al CNE asumir la totalidad del proceso en todas sus etapas con la apertura de centros de recolección de firmas computarizados que puedan registrar la voluntad del elector en un tiempo determinado y al mismo tiempo garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos independientemente de los recursos con que pueda contar. Asimismo, el CNE tendrá que reglamentar los lapsos del proceso a fin de que el mismo pueda llevarse a cabo en un tiempo prudencial para que no afecte el desenvolvimiento político-económico del país; limitar, regular, ampliar y diversificar la participación de la observación internacional tanto en el tiempo como en su alcance para evitar la injerencia de agentes externos y resguardar la soberanía nacional; contar con un registro electoral depurado y computarizado que garantice la transparencia y efectividad del proceso; y promover otras fuentes de democracia participativa establecidas en la Constitución Nacional porque si bien es cierto que el referéndum revocatorio es un medio que le otorga poder al ciudadano para evaluar el desempeño de los altos funcionarios electos democráticamente, la democracia participativa no es solo elecciones, sino la posibilidad de modificar las estructuras de poder de forma tal que el ciudadano pueda inundar de manera sistemática y permanente el ejercicio democrático de la política de una manera razonada y efectiva

Antonio Guillermo García Danglades
Internacionalista, MA



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