Los venezolanos y venezolanas apenas sobrevivimos en un país donde se sobreponen varias crisis. En primer lugar, el desastre económico y social, determinado por la corrupción, la pésima gestión, la aniquilación del derecho laboral y su eje, el salario, además de las sanciones internacionales las cuales no han obstaculizado el enriquecimiento de la cúpula podrida del partido hegemónico. Pero además los venezolanos no la tenemos fácil con la crisis de legitimidad y legalidad de este régimen de facto de partido hegemónico, que actúa con total arbitrariedad violando sistemáticamente la Constitución desde hace tiempo, basándose casi exclusivamente en la represión, y que profundizó su írrita institucionalidad después que se robó las elecciones residenciales el 28 de julio pasado (esa página no pasa: se violó el artículo 5 constitucional, el de la soberanía popular) y se juramentó en la bufonada ilegal el 10 de enero. La crisis de legitimidad, confirmada por el desconocimiento internacional, las desapariciones forzadas, se refuerza con la crisis de hegemonía manifiesta en la pérdida masiva de consentimiento popular, la evidente caída del apoyo de la población y la desafiliación acelerada de sus pocos fieles que se sacuden decepcionados ante la pantomima de una consulta "A las bases" acerca de sus candidatos para las próximas elecciones, los cuales ya tienen decididos de antemano el cogollo nacional.

Pero, a estas crisis terribles que soportamos los venezolanos, hay una que aqueja específicamente a la cúpula podrida burocrático-policial-militar: la crisis de proyecto. Dicho en términos más sencillos: estos tipos ya no tienen nada que ofrecer, se quedaron sin proyecto, hace rato que ni siquiera son chavistas. Se les cayó la bandera de la honestidad, porque la corrupción es ostentosa, previa a las sanciones, por cierto, porque fueron miles de millones de dólares los que se manejaron y nadie sabe (aunque se supone) dónde están esos reales. Las políticas sociales, que en algún momento fueron la justificación de un apoyo, hace rato que se fueron a aquella remota zona hedionda, desaparecieron y hoy se evidencian graves retrocesos en salud, educación, servicios públicos de electricidad y agua potable. Ni siquiera hubo obras públicas, que fueron orgullo de los gobiernos previos al chavecismo. El hambre y las enfermedades cunden y expulsan a la población a una migración incierta y peligrosa. El antiimperialismo, el chantaje favorito para callar a aquellos que todavía guardaban algún escrúpulo izquierdista o, al menos, nacionalista, también perdió sustento por los contratos petroleros que violan disposiciones expresas de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y le dan la gerencia a las empresas norteamericanas y extranjeras en general, además de las concesiones a grandes corporaciones extractivistas en el oro y otras riquezas del país. Ya nadie se acuerda del "socialismo", reducido a una etiqueta que irrespeta a una gran tradición política mundial, un disfraz que se retuerce cada vez que los empresarios comerciales importadores le hacen nuevas adulaciones al poder.

Como han fracasado como gobernantes, como ya no hallan cómo mantener la ya escuálida y cada vez menor base de apoyo, como ya no tienen proyecto, inventan, como una maniobra de distracción, para hacer olvidar a juro el robo del 28 de julio, una reforma constitucional. Y en secreto, como es propio de los delincuentes, una comisión sectaria elabora un proyecto que aprobarán en un Poder Legislativo controlado por el partido hegemónico. Por ahí salen criticando al "Estado burgués, corrupto e ineficiente" como si ellos (Maduro, Diosdado, los Rodríguez, Padrino) no tuvieran nada que ver con eso en más de veinte años. Por ahí, salen ministros hablando de un "Poder Comunal" que, ahora sí, superarán las deficiencias del Estado venezolano. Y hasta hay artistas de la adulancia, recordando el proyecto de reforma de Chávez de 2007, específicamente un "Estado Comunal", como si ya hace años no existieran unas leyes del "Poder Popular", muertas al nacer, pues hasta los consejos comunales fueron intervenidos por el Partido Hegemónico, anulando cualquier expresión autentica de las bases populares. También hubo una Asamblea Constituyente en 2017, con una estructura claramente mussoliniana, sin referendo, ni proyecto constitucional, ni nada, solo unas leyes que violaban la Constitución, como la Ley Antibloqueo, la de las ZEE, la del Odio, etc.

No tienen nada que ofrecer sino su propio enriquecimiento y represión, porque ya nadie, ni los más fieles seguidores que también saben que perdieron el 28 de julio, les cree que "ahora sí" habrá una "relanzamiento de la economía nacional" y otras demagogias que todos los años, desde 2013, anuncia Maduro. Entonces ofrecen una reforma constitucional para llenarse la boca, para hacer demagogia, para mentir, para invocar a un Comandante que todavía en algunos sectores de la población tiene grata recordación.

Nadie les cree. La constitución está allí para ser cumplida y aplicada. No para repetir esa nefasta tradición latinoamericana de cambiarla para hacerla a la medida de los tiranos que se incomodan con sus disposiciones. Ya sabemos que los déspotas actuales están muy incómodos con muchos artículos como ese del salario, que debe ser digno, ese de las libertades de pensamiento, expresión, organización y movilización, como esos sobre el debido proceso y demás garantías, las que se refieren a la industria petrolera y demás riquezas del país, ese verdadero programa social y político que está en el tan violado texto. Pero, sobre todo, les incomoda a los grandes capitales que están pidiendo garantías legales en un país donde lo que reina es la arbitrariedad y a corrupción. Por eso la reforma ahora, y no en 2017: por la crisis de legitimidad, crisis de proyecto y la crisis de legalidad ante los capitales transnacionales, y, sobre todo, para cambiar textos incómodos.

Sobre todo, ese del artículo 5 que garantiza la soberanía popular a través del voto universal, directo y secreto. Esa disposición es un verdadero peñusco en el zapato de la tiranía. Por eso hablan ahora del Poder Comunal que elimina esa reivindicación política del pueblo venezolano, que se extendió hasta gobernaciones y alcaldías en 1999. Ni siquiera estas figuras salen ilesas. Hace tiempo que la descentralización (también constitucional) yace muerta por una ultracentralización en el presidente, en el dictador, que con el mentado "Poder Comunal" llega a su extremo, porque es una estructura (burocrática, claro; chupadora de presupuesto) superpuesta a los poderes públicos actualmente existentes, que consta de varios niveles, mediante votos de segundo y tercer grado, que repite funciones de los cuerpos colegiados electos, la Asamblea Nacional los consejos legislativos y los concejos municipales. Y todo, a nombre de la eficiencia.

Los problemas de eficiencia y legitimidad siempre han sido los del Estado venezolano. Desde la Comisión por la Reforma del Estado de la década de los ochenta, se viene hablando de que la respuesta a esos problemas se resume en más democracia y más eficiencia, mediante mayor descentralización, la cual consiste, entre otras cosas, en trasladar competencias hacia los organismos de base. Eso está en la Constitución actual. No hay necesidad de Poder Comunal. Eso es demagogia. Hoy eso significa mayor control del Partido Hegemónico (y su dictador) incluso a niveles de base del Estado. Pero, sobre todo, eliminar el voto universal, directo y secreto, cuyo empleo, en medio del respeto de las garantías constitucionales y cumpliendo con las normas electorales (violadas el 28 de julio), es letal para la dictadura. Quieren retomar aquel terrible artículo 136 de la reforma rechazada en 2007, que decía que la soberanía popular se ejercería por el "Poder Popular" el cual "no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos organizados como base de la población".

La Constitución, repetimos, está para cumplirla y respetarla, no para cambiarla de acuerdo a los intereses de la cúpula gobernante, la cúpula burocrático-militar-policial-empresarial.