Desde que se hicieron públicas noticias del caso de los gerentes de PDVSA, acusados de "filtrar información" secreta que afectó los intereses de la estatal petrolera, algo dejaba entrever que aunque fuera posible que los señalados fueran responsables de lo que les acusaba podía ser también retaliación contra personas inocentes, por estar diciendo y/o haciendo cosas que perjudicaban a quienes de verdad sí podrían haber atentado contra los intereses de la empresa más importante de los venezolanos y venezolanas.
Cuando se hicieron públicas opiniones del exFiscal Isaías Rodríguez en torno al juicio que se le seguía a los exgerentes, en las cuales de manera explícita, pero muy diplomática, planteando "Nada cuesta revisar lo que hasta ahora se ha investigado por nuevos fiscales comisionados para ello por la FGR", las dudas sobre la culpabilidad de los acusados de espías cobraron fuerza en la opinión pública.
Según declaraciones del Fiscal General, reseñadas en nota periodística de La iguana tv, en febrero de 2020 se solicitó la orden de aprehensión contra los gerentes por "delitos de reserva de divulgación o suministro de datos o información, corrupción propia, entre otros delitos".
Transcurrido casi un año desde que se inició el proceso judicial, el cual en versiones de la defensa y familiares ha estado plagado de vicios e irregularidades desde el principio, incluyendo denuncias de tortura contra Alfredo Chirinos, el Tribunal 8° de Juicio de Caracas ha dictado sentencia, los acusados fueron considerados culpables de los delitos de divulgación de información y condenados a 5 años de cárcel. El Tribunal le sobreseyó los delitos de corrupción y agavillamiento, según se desprende de un comunicado de la Fiscalía. Por declaraciones del Fiscal se sabe que el Ministerio Público apelará la sentencia del Tribunal.
En un comunicado titulado "Carta a la opinión pública en general", rubricada por familiares y amigos de los ya condenados gerentes petroleros, además de rechazar la respectiva sentencia, se ha señalado "no obstante que no compartimos esta condenatoria por razones obvias, decidimos, cuestión que venimos haciendo desde hace mucho tiempo guardar silencio, a la espera de que sus abogados ejerzan por las vías jurídicas como tiene que ser en derecho, los recursos de ley, a los fines de revertir dicha sentencia condenatoria".
En el mencionado Comunicado entre muchas otras cosas llama la atención cuando se menciona una prueba que fue evacuada en el juicio el Informe de evaluación de escenarios Nro. 004-20 de fecha 23/1/2020. Dicho documento deja constancia que "la fuga de información se presentó en la Vicepresidencia de Comercio y Suministro", aportando dicha prueba los nombres de dos personas responsables que, en ningún momento en el Informe citado, no se corresponden con los nombres de Aryenis Torrealba ni de Alfredo Chirinos, quienes acaban de ser declarados culpables del mencionado delito.
Este sonado caso, nos hace rememorar el reciente artículo del periodista Clodosvaldo Hernández en el que con gran acuciosidad trata el tema de la impunidad que por razones políticas favorece a quienes han cometido serios delitos que a otro ciudadano cualquier le hubiesen significado ya un montón de años en la cárcel. Es indudable que desde el principio el caso de Aryenis y de Alfredo fue politizado y como sentenció Clodosvaldo "cuando entra en juego la política el tiempo de la justicia puede ser nunca".
¿Qué factores de poder pueden estar tras la condena de dos personas que, sin pruebas fehacientes, fueron acusadas y procesadas por delitos que posiblemente si cometieron otros?, ¿Qué llevó a quienes urdieron este plan de condena judicial contra Aryenis y Alfredo a montar todo este entramado judicial?, ¿qué sabían Aryenis y Alfredo que era necesario sacarlos del juego?,¿Dónde están los verdaderos responsables de la fuga de información de PDVSA por la que han sido condenados Aryenis y Alfredo?.
