La minería: ¿Maldición o bendición?

La minería es la actividad productiva destinada a la extracción de minerales que se han acumulado a través de los siglos en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Estos minerales se extraen, se procesan y se exportan generando el ingreso de divisas las cuales son de vital importancia para el desarrollo sustentable de una nación. Esta actividad minera es fuente de trabajo directa e indirectamente para la población lo que les permite aumentar su poder adquisitivo mejorando de esta forma su calidad de vida.

Asimismo, estos minerales son un obsequio que la Pachamama obsequia a sus hijos para que hagan uso racional de este patrimonio natural sin ocasionar daños al ambiente que posteriormente sean difíciles de subsanar. En consecuencia, el personal encargado del aprovechamiento de este pétreo debe estar capacitado y al mismo tiempo enamorado de la naturaleza ya que será el responsable de horadar en su lecho para extirpar ese preciado metal y al mismo tiempo hacer uso eficiente de este patrimonio innato empezando por respetar la biodiversidad, las diversidades culturales de sus genuinos habitantes, tomar en cuenta sus opiniones, etc.; actuando en esta dirección en estricto cumplimiento de la constitución, las leyes, las normas y reglamentos de cada país.

Resulta oportuno aclarar que la minería no es una actividad nueva sino que se remota a la era prehistórica cuando el hombre para cubrir sus necesidades de alimento, vivienda y vestido comenzó la fabricación de armas y herramientas en forma rudimentaria. Sin embargo, con el devenir del tiempo este proceso extractivo de los minerales se fue tecnificando; iniciando primero el análisis de los suelos para conocer a ciencia cierta su contenido, calidad y cantidad mejorando el proceso de exploración y explotación de los yacimientos. Por otra parte, los encargados de hacer esta tarea deberían ser empresas de reconocida capacidad técnica, de estricto apego a las normas de higiene y seguridad, respeto a las normativas y leyes referentes a la protección del ambiente así como de reconocida solvencia económica que le permita actuar en forma eficaz en un mercado de libre competencia.

Dentro de este contexto, el Banco Mundial y otros organismos internacionales consideran que la minería es importante para el desarrollo económico de una nación, región, pueblo o localidad. Es evidente entonces, que es de vital importancia para aquellas regiones pobres; carentes de otras fuentes de desarrollo y que en otras circunstancias no serían atractivas para los inversionistas. Es decir, esta actividad minera es una fuente de apalancamiento hacia el desarrollo sustentable enfrascándose en el apoyo a proyectos de desarrollo regional. Por ejemplo, mejorar la calidad de la educación, aumentar la inversión en salud y alimentación, generar nuevas infraestructura tal como carreteras, líneas férreas, tendido eléctrico y telecomunicaciones, aumentar la inversión en el sector militar con el objeto de asegurar la defensa y seguridad de la nación, etc. De todos estos beneficios aportados por la minería y su fuerza motriz; el resto de la población también gozara de esta iniciativa social. Entonces, por un lado la actividad minera contribuye al desarrollo de capacidades y de las empresas locales y por el otro lado la economía se verá favorecida por los vínculos que se generan por sus relaciones con el exterior al hacer usos de bienes y servicios que son indispensables para la explotación y extracción de estos minerales.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la actividad minera depende exclusivamente de la eficacia con que se maneje este sector pétreo; pudiendo en esta dirección jugar un papel importante en el desarrollo económico regional y nacional. Deben de darse las condiciones ideales; tales como una demostración del potencial de los yacimientos para así atraer las inversiones, generación de un clima atractivo y de políticas mineras progresivas, desarrollar una infraestructura interna del sector de los minerales; crear y mantener la riqueza mineral mientras se protege la calidad del ambiente y otros valores sociales y culturales; compartir con equidad y justicia social las utilidades de la producción minera entre el gobierno nacional y el regional, las comunidades locales y las empresas mineras, convertir la riqueza mineral en capital renovable invirtiendo en la capacitación del ser humano de un modo que también ayude a proteger los intereses de las futuras generaciones. En resumen, se debe sembrar para poder cosechar los frutos deseados y que sean aprovechados por la población de acuerdo a sus necesidades.

Es evidente que la existencia de yacimientos no es garantía de un desarrollo económico, sino que sería una maldición o una bendición en la medida que los gobiernos y sus instituciones posean la suficiente capacidad para manejar estos recursos apropiadamente y direccionarlos hacia un verdadero desarrollo sustentable. Es bueno aclarar que esta riqueza natural es un patrimonio de cada nación y su existencia es finita y limitada del cual es necesario sacar el mayor provecho posible antes que las reservas se esfumen y con ello se disipen las esperanzas de labrar un mejor vivir que permita alcanzar la máxima felicidad.

Después de lo anterior expuesto, durante las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado muchas empresas mineras fueron objeto de nuevas reglas e imposiciones por parte de los gobiernos tratando de maximizar las regalías que por este concepto les llegaba, pero esto fracaso lo que llevo a elaborar acciones conjuntas obligatorias con empresas nacionales como lo fue el tope máximo de porcentaje de propiedad extranjera y al final una nacionalización solapada mediante imposiciones demasiados dispendiosas o declararlas un bien de utilidad pública para proceder a su estatización-nacionalización con promesa de pago a futuro que nunca se honró. Con referencia a lo anterior, muchas empresas quedaron en el limbo y se vieron en la necesidad de tener que ir al arbitraje internacional (CIADI, por sus siglas en inglés) logrando veredictos favorables a ellas pero sin que el estado paria haya dado un gesto de buena voluntad para sufragar tanto los gastos legales como la penalización del cual fue objeto.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, las empresas mineras gerenciadas por la administración pública en las décadas de los 80 arrojaban pérdidas; llegándose a la conclusión que la mejor opción era que el sector privado se encargara de su gerencia generándose de esta forma nuevas reformas que permitiera atraer inversiones frescas. Dentro de estas políticas estratégicas, algunos países eximieron a las empresas mineras de futuras regulaciones ambientales, prohibición al derecho de libre asociación, reducción de los impuestos y la garantía de que sus activos no serían expropiados. Pero no todos los países creen que este sea el camino a seguir, advirtiendo que estas naciones que realizan estos convenios sacrifican sus objetivos sociales y ambientales.

Al mismo tiempo, se le deben hacer exigencias puntuales a estas empresas; empezando por un proceso informativo de sus antecedentes y que proporcionen la información que les sea requerida sin sesgo alguno así como la obligatoriedad tender puentes con las comunidades locales para que participen en los acuerdos ya que ellos son los actores principales. No obstante, esto es pedir peras al olmo ya que del dicho al trecho queda mucho trecho que recorrer "ya que pocas reformas estructurales del sector de la minería han establecido mecanismos apropiados para dar a los pueblos locales el derecho a opinar sobre el modo en que se deben llevar a cabo las actividades mineras o que han hecho posible que participen de los beneficios".

En este sector de los minerales, existe el peligro de que los países que compiten entre sí se vean involucrados en una carrera descendente poniendo en peligro el desarrollo sustentable y el mantenimiento de la equidad entre las distintas generaciones. No obstante, con el devenir del tiempo este enfoque dará prioridad a las naciones más ricas en detrimento de las más pobres. Es indispensable establecer reglas claras para generar la confianza requerida por los inversionistas de que serán tratados con justicia y que no serán sujetos en el futuro a ningún tipo de confiscaciones.

Por otra parte, existe en este sector una enfermedad terminal; la corrupción, similar a un sarcoma que al hacer metástasis corroe las entrañas de la humanidad; y para el cual deben tomarse las debidas precauciones que permitan erradicarla para mantener en buen estado la salud de la sociedad. Después de lo anterior expuesto, se puede decir que todos los países sufren de este mal, ya sea en menor o mayor proporción sobre todo en los países más pobres debido a que los sistemas de controles son muy deficientes. Sobre la base de las consideraciones anteriores, es del dominio de la sociedad que los funcionarios públicos devengan un sueldo muy bajo que los puede llevar a ser sobornado o a exigir este estipendio sin temor de que lo priven de su libertad. Asimismo, algunos funcionarios públicos tienen el poder decisorio permitiéndose el lujo de inclinar la balanza hacia determinado lado con sentencias sesgadas para favorecer a una empresa en particular. También es cierto que ciertas empresas de este sector incurren en actividades ilícitas ya que sobornan a funcionarios gubernamentales de los diferentes niveles para obtener licencias, información clasificada de forma preferencial, préstamos bancarios, etc. En pocas palabras, este es el escenario que se presentan en gobiernos débiles cuyos síntomas se manifiestan en una corrupción latente en el ambiente.

En todo caso, estos sobornos son en harás de aumentar la productividad del negocio minero pero simultáneamente provoca debilidad en la estructura social, debilita la eficiencia global, disminuye el crecimiento económico y es caldo de cultivo para la inestabilidad política y el nacimientos de conflictos que muchas veces finalizan con lamentables pérdidas humanas. Además, es una de las causas de la disminución de las inversiones en el desarrollo humano; existiendo en este sentido una fuerte correlación entre los altos niveles de corrupción y los bajos niveles de desarrollo humano. Esta enfermedad terminal se ve con más frecuencia en países ricos en recursos naturales pero pobres de pensamientos; y los más corruptos son aquellos productores de petróleo.

Con referencia a lo anterior, el sector minero sirve de abono para que se cultive el riesgo de contraer esta enfermedad ya que las empresas mineras pueden verse afecta por cualquier nivel jerárquico de los gobiernos. Esto se deriva a que cualquier funcionario público puede desviar los ingresos que por concepto del rentismo minero debería ir a parar a las arcas del tesoro nacional de los gobiernos de turnos y no en sus saquillos o en su defecto a abultar los números de sus cuentas personales en bancos extranjeros afectando la inversión en proyectos de interés colectivos. Resulta evidente entonces, que los conflictos sociales pudieran devenir porque la comunidad se sienta burlada en su buena fe al no cumplirse con lo pautado. Por otra parte, las empresas mineras pueden asumir la función de gobierno en lugares remotos cuando la administración es débil y corrupta, generando con esto ganancias a las comunidades locales en el corto plazo, creándose de esta forma un vacío de poder favoreciendo esta pequeña elite corrompida quienes delegan sus funciones a estas sociedades.

Con referencia a lo anterior, el Banco Mundial ha fijado como objetivo distanciarse de este vicio aplicando penalidades a las sociedades y gobiernos que cometan praxis viciadas, suprimiéndolas de futuros convenios a nivel mundial y al mismo tiempo exigirles a los diferentes gobiernos que se esfuercen en una lucha frontal contra la corrupción de las empresas que operan en el extranjero.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la corrupción debe de atacarse desde adentro con el concurso de todos los actores involucrados y con el apoyo de la comunidad internacional. Cabe agregar, los gobiernos deben aplicar la justicia con equidad social, exigirles a las instituciones públicas mayor eficiencia y transparencia en sus procesos administrativos los cuales son considerados factores determinante para intentar reducir las coyunturas. En contrapartida, las empresas deberían tener un código de ética para sus empleados y asesores independientes. Dentro de este orden de idea, algunas empresas mineras han redactado de manera independiente códigos de conducta para sus empleados y representantes. "La corrupción prospera en la oscuridad, así que es vital exigir que las transacciones entre gobiernos y empresas se desarrollen abiertamente". Esto evitaría suspicacias en las comunidades locales e internacionalidades en tópico tan delicado como lo es corruptela de los ciudadanos.

De igual manera, las empresas necesitan estabilidad política por lo que en ambientes dictatoriales se mueven como peces en el mar, se muestran dispuestas a operar con regímenes represivos y donde la violación de los derechos humanos es el pan de cada día. Igualmente, les atrae operar en países donde los gobiernos son débiles y donde impera la ley del más fuerte. Contrariamente a lo que se ha expresado, esto se debe a que en regímenes democráticos existe la alternabilidad de gobierno y donde la soberanía reposa en el pueblo soberano.

A modo de reflexión final, el ingreso de divisas si no son utilizadas para los fines que se pautaron es abono para que germine la corrupción; en consecuencia se verían afectadas las inversiones sociales en perjuicios de los menos pudientes. Entonces, se puede decir que es una maldición. Por el contrario, al dárseles el uso para lo cual se programó este proyecto en búsqueda de la máxima felicidad posible, se está hablando de una bendición. En consecuencia, los órganos rectores de que este camino se recorra sin ningún contratiempo son los gobiernos; quienes son los responsables de guiar mediante instrumentos legales las inversiones en la sociedad. De ellos depende que esta explotación minera sea una bendición o una maldición.

Nota: Este articulo ha sido tomado del sitio Web: http://pubs.iied.org/pdfs/G00682.pdf. Se analizó y modificaron algunos párrafos para adaptarlo al caso de Venezuela con la finalidad de mostrar al lector las dos caras de la moneda de una minería. El amable lector con su agudo olfato político decidirá dentro que contexto ubicara a la minería en Venezuela.

 

 



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