Es grande la indignación de los venezolanos sobre esta payasada del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos de acusarnos ante la Corte Penal Internacional por el único delito de proteger a nuestro pueblo de los crímenes que cometen los paramilitares colombianos en nuestros estados fronterizos, tales como secuestro, extorsión, contrabando de extracción de alimentos, bienes de consumo y combustibles, del narcotráfico y del ataque a nuestra moneda, cuando muchas de estas prácticas son legalizadas en la frontera gracias a la complaciente legislación colombiana.
La oligarquía colombiana pretende que los venezolanos sigamos haciendo por los desplazados colombianos lo que ellos como gobierno no hacen. Es realmente dantesco intentar criminalizar a Venezuela después de haber recibido a casi seis millones de colombianos desplazados por la violencia y la guerra que el gobierno colombiano lleva décadas sin resolver y sin prestar ningún tipo de ayuda a estos desplazados debido a su incompetencia y absoluta falta de sensibilidad ante este drama que padece el pueblo colombiano en sus estados fronterizos.
El gobierno venezolano debe pasar a la ofensiva, es absolutamente pertinente oficiar al Fiscal de la Corte Penal Internacional de la Haya para que investigue de forma preliminar las miles de fosas comunes que los militares y paramilitares colombianos hicieron durante décadas contra los pueblos y los luchadores sociales que los adversaron, para que pida la lista de identidad de los paramilitares supuestamente "desmovilizados" en Colombia desde el 2003, lista que se han negado a entregar a Venezuela y a otros países, para luchar contra los paracos que aún siguen operando con sus temibles y horrendas prácticas criminales. Así como conminar al gobierno colombiano a presentar sus planes para evitar esta práctica abominable que afecta de forma terrible y notoria a los venezolanos y que reiteradamente la oligarquía en el gobierno de Colombia se ha negado a presentar y asumir.
El cierre de la frontera y nuestra solicitud a la Corte Penal Internacional debe tener como exigencia la derogatoria de la resolución Nº 8 en su Artículo 75 que permite a casas de bolsas fijar el cambio con nuestra moneda sin tomar en cuenta el Banco Central de Colombia, de la ley contra el Contrabando que legaliza el contrabando de extracción de alimentos desde Venezuela y toda la legislación colombiana que con el cobro de impuestos legaliza el combustible que es robado en Venezuela y vendido públicamente en Colombia. Todo esto constituye un crimen de agresión en contra de nuestra Patria.
