El Estado Venezolano tiene la obligación de aplicar la Constitución Nacional para proteger al pueblo venezolano

Entre los años 2006 y 2010 una variedad de empresas transnacionales establecidas desde hace muchos años en el país, así como grandes y medianas empresas de capital nacional, comenzaron un proceso para migrar sus instalaciones de producción, ensamblaje y dirección corporativa hacia otros países vecinos como Colombia, Panamá, EEUU, México, Ecuador, Argentina y otros. La principal intención de estas decisiones estaba orientada a construir entramados triangulares y cuadriculados para desarrollar los procesos de importación de insumos, partes, tecnologías, equipos y bienes terminados desde distintos lugares de Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica accediendo a las divisas (dólares) a Bs. 4,30 que el Estado Venezolano estableció como referencia de cambio preferencial o subsidiado, buscando garantizar que todos los habitantes de este país accediéramos a los bienes y servicios a bajos precios. Así se complementaba la política de profunda democratización de la distribución de la Renta Petrolera que el Presidente Hugo Chávez Frías había iniciado desde el comienzo de su gestión gubernamental en 1999.

La intención de estas acciones por parte de actores económicos están orientadas a captar la mayor parte de la Renta Petrolera distribuida a través de este mecanismo de subsidio monetario, orientado originalmente por el gobierno nacional a proteger a toda la población del país de los denominados precios internacionales, las especulaciones financieras y los buitres del capitalismo mundial o globalizado. De no aplicarse estas políticas proteccionistas a favor de toda la población venezolana durante estos años de finales del siglo XX y comienzos del XXI, sencillamente la inmensa mayoría no hubiésemos podido acceder a la adquisición de diversidad de bienes y servicios, instalación y ampliación de empresas, realización de estudios, diversiones, placeres, préstamos a bajos intereses, así como al disfrute de viajes nacionales e internacionales, así como una proceso de importación masiva de productos. Sin embargo, tanta felicidad no podía perdurar por largo tiempo, y una de las variables de este quiebre del bienestar está relacionada con las intenciones de quienes se dedican a la acumulación de capital como su fin último de vida y aquellos que descubrieron que podían dedicar sus habilidades, inteligencia, experiencia y relaciones sociales/políticas para integrarse a ese privilegiado grupo de quienes disfrutan de grandes fortunas, bienes diversos y PODER.

La profunda y sencilla expresión del pensador y militante revolucionario Alemán del siglo XIX, mundialmente conocido como Carlos Marx, según la cual…"el ser social determina la conciencia social"…(y política complementa siempre un apreciado amigo profesor de la UCV). Es decir que las condiciones de vida material de las personas influyen de manera determinante en el conjunto de ideas sociales, económicas, religiosas, estéticas y políticas que estos asumen, practican y defienden. Los grandes grupos empresariales transnacionales establecidos en el país, las grandes y medianas empresas nacionales, así como los nuevos aspirantes a formar parte de la burguesía caraqueña o las burguesías regionales y locales del territorio nacional, reflejan como un experimento realizado en un laboratorio social, que esa expresión que sintetiza la contraposición de Carlos Marx frente al idealismo filosófico y económico que se fundamentaba en una consideración al reverso, es decir que las ideas económicas, la conciencia religiosa, social y política determinan la forma de vida (o la vida material) de los seres humanos, es sencillamente una clara expresión de la realidad concreta. Las personas ubicadas en estos grupos corporativos y quienes aspiraban enriquecerse apropiándose de buenas porciones de la Renta del Petróleo que se distribuía por medio de esta política cambiaria proteccionista, pusieron por delante su condición de miembros de grupos empresariales establecidos e insipientes y por ello diseñaron toda una estrategia y diversas tácticas que le han permitido acercarse al Estado, sus instituciones y funcionarios, para garantizar durante todos estos años la apropiación de grandes porciones (se habla de un promedio de 39.000 millones de dólares por año) de esa Renta Petrolera distribuida como divisa preferencial a Bs. 4,30 (CADIVI) a Bs. 5,0 (SITME-BCV), 6,30 (CADIVI) hasta llegar a los actuales Bs. 12,0 y Bs 199,50 de CENCOEX y SIMADI.

La ubicación social y económica en el estrato de ricos y aspirantes firmes a convertirse en parte de estos (ubicación A de la punta de la pirámide socio-económica) los ha llevado a practicar una conciencia social y política que se corresponde con los intereses, juicios, valores, prejuicios y comportamientos de estos sectores de ricos que avanzaron en su acumulación de capitales y también los nuevos ricos que en estos 16 años accedieron a este privilegiado sector de la sociedad venezolana. De allí que dedicaron sus esfuerzos para realizar todos los trámites y diligencias necesarias para solicitar las divisas preferenciales (subsidios cambiarios), construir vínculos con los funcionaros decisores, captar a otros empleados públicos que debían supervisar, certificar y avalar los recaudos y requisitos exigidos por las instituciones del Estado, así como garantizar la aprobación de todos los procedimientos de supervisión pública que indicarán que todos los bienes y servicios para los cuales se solicitaron las divisas preferenciales o subsidiadas, efectivamente llegaron al país y pasaron por todos los controles y certificaciones. Se sabe por diversas vías públicas (hasta allanamientos como los practicados por oficiales de la FANB y funcionarios públicos civiles mostrados en vivo por la televisión pública y privada) que muchas empresas NO trajeron nada de lo comprometido legalmente, otras solamente ingresaron al país alrededor de un tercio de las mercancías para las cuales solicitaron y recibieron dólares preferenciales y otras ingresaron contenedores llenos de cholas plásticas, juguetes baratos, mercancías valoradas en menos del 30 % de lo señalado, mientras otros ofrecían traer alimentos, repuestos, medicamentos, maquinarias, equipos de computación e impresión y electrodomésticos, pero lo que trajeron al país, fueron carros y camionetas nuevas para venderlos a precios especulativos que ayudaron a empujar los precios hasta las absurdas y obscenas cifras actuales. Finalmente están quienes traían solamente objetos dañados y usados como lavadoras, neveras, cocinas, computadoras, muebles y otros productos ubicados en basureros o depósitos de chatarras previamente seleccionados en el exterior.

Para realizar todas estas operaciones de engaño, estafa continuada, concierto para delinquir, apropiación indebida de bienes públicos, evasión de impuestos y práctica de la corrupción con funcionarios públicos se hacía necesario contar con las tácticas de la triangulación y cuadriculación de empresas vinculadas a los mismos grupos. Por medio de estas prácticas delictivas nacionales/internacionales se procedía a la compra de los bienes y servicios a un primer precio, luego esta empresa le vendía a otra relacionada con su respectivo aumento o sobreprecio que luego se la vende a una tercera también relacionada y con otro precio incrementado, quienes finalmente se la venden a un cuarto precio inflado a la empresa establecida en algún municipio de Venezuela, la cual es la solicitante de las divisas preferenciales o subsidiadas. Esto significa que más de la mitad de las divisas en dólares que el Gobierno Nacional o el Banco Central (los dos forman parte del Estado) otorgó a estas empresas, se quedaron en el exterior en las cuentas de los dueños de las empresas transnacionales, nacionales y de maletín (estas últimas sólo cuentan con registros legales y no existen como infraestructuras operativas y productivas) las cuales han contado con el apoyo y la ayuda de funcionarios públicos venezolanos para poder ejecutar esas estafas y robos a la Nación. Algunos importantes ex –funcionarios públicos como Jorge Giordani (Ex Ministro de Finanzas y Planificación) y Edmé Betancourt (Ex Ministra de Industria y Comercio y Ex Presidenta del Banco Central de Venezuela) señalaron, mientras ejercían sus cargos de Alto Nivel, que a través de empresas de maletín muchos pillos se apropiaron de una cantidad mayor a los 20.000 millones de dólares solamente en el año 2012. Estas cifras no incluyen lo que fue estafado por medio de las prácticas comerciales de triangulación y cuadriculación de compras de las empresas solicitantes de divisas durante ese año fiscal.

En la actualidad sufrimos las consecuencias de una acción concertada de la mayoría de estas empresas transnacionales, grandes, medianas y pequeñas empresas nacionales, así como un número importante de venezolanos y venezolanas ubicadas en los sectores C, D y E de la Pirámide Socio – Económica que se dedican a la práctica de la triangulación o bachaqueo para re-vender a sus pares o iguales sociales productos alimenticios, de higiene del hogar y personal a precios incrementados 3 y 4 veces. Estos últimos actores sociales de nuestro drama diario de escasez, acaparamiento y especulación extrema, se han dedicado a reproducir en la parte más baja y ancha de la pirámide socio-económica venezolana, las prácticas delictivas y alejadas de una ética para la convivencia que desde hace años nos vienen aplicando los acumuladores de capital ubicados en la parte alta de la misma pirámide. Existen muchos ejemplos del incremento exagerado, económicamente irracional y de actitudes claras de usura de los grandes grupos de comerciantes del país. Esta semana al visitar varios de los grandes automercados establecidos desde hace muchos años en Venezuela y particularmente en Caracas, ubicamos la publicidad destacada del nuevo precio del atún enlatado nacional de 184 grs a Bs. 555 la unidad y en otro estante ofrecen el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur a Bs. 3.200, debemos asumir que estamos en unas circunstancias especiales que ameritan la rápida, eficaz y contundente acción de las instituciones del Estado para proteger a la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas. Esa misma lata de atún costaba en diciembre pasado Bs. 75 y el litro de aceite de oliva Coosur, elaborado por las cooperativas de Jaén (Sevilla-Andalucía) lo venden los aumercados en España 4 Euros vendido por unidad o al detalle. Estos dos artículos, uno nacional y otro importado muestran lo que está ocurriendo con la mayoría de los productos de consumo en Venezuela.

En el capítulo VII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentran los artículos 112 al 118 que se denominan "De los Derechos Económicos". Solamente en esos 7 artículos del Contrato Social de Convivencia de los venezolanos y venezolanas, aprobado por medio de una consulta popular de referéndum en diciembre de 1999, se concentran las obligaciones jurídicas que el Estado, sus instituciones y funcionarios públicos tienen para defender y proteger a la inmensa mayoría de la población venezolana. El artículo 114 establece "El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley". Frente a esta delicada y perjuiciosa situación que nos golpea diariamente es indispensable que se produzca una acción concertada, visible y contundente entre el Poder Ejecutivo (Gobierno Nacional, Regional y Municipal), Poder Legislativo (Asamblea Nacional, Consejos Legislativos y Concejos Municipales) Poder Judicial (TSJ y Tribunales) y el Poder Ciudadano (Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Contraloría General) para enfrentar exitosamente estos graves delitos que están cometiendo diariamente contra las venezolanas y venezolanos ubicados social y económicamente en los sectores B, C, D y E.

Historiador – Profesor de la UCV

Germilio.yeco@gmail.com



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Germán Yépez Colmenares

Historiador - Profesor de la UCV

 germilio.yeco@gmail.com

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