Durante los últimos 18 o 19 años hemos leído muchos artículos de opinión relativos a la situación de los registros y notarías en diversas épocas. Pero, hace poco pudimos leer uno que, a diferencia de los otros, tuvo una difusión extrañamente amplia. Al parecer, fue publicado en el diario Notitarde, aunque un amigo me dice que en El Universal, también. Es decir -y esta es la primera observación que debe hacerse- a partir de 2 medios impresos opositores se inició su divulgación. Ahora profundicemos en él.
Su autor es Farid Antakly K.
Su título: “El vía crucis con los registros”.
Extractos (hasta párrafos completos):
a) “Uno de los deterioros más marcados de las instituciones oficiales que conozco en el país es el sufrido por los registros”.
b) “…los interesados deben madrugar para colocarse en una cola, con la esperanza de que les toque un número de los pocos que reparten…los cómodos y poco escrupulosos compran el puesto a `negociantes´…"
c) “…Luego de un buen tiempo de espera, el privilegiado con el boleto premiado llega a la puerta del registro donde un funcionario le anuncia: a) ya está completo el cupo; b) hoy no se recibe porque no hay luz; o c) las computadoras están en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)..”
d) “…Ya la presentación de un documento no se tramita como antes. Ahora, primero lo debe analizar un revisor, por lo cual hay que dejarlo y volver, normalmente entre siete y diez días después, para conocer el veredicto. Vencido el plazo vuelve el interesado y de nuevo, luego de una larga espera, el funcionario le participa: a) que su documento aún no ha sido revisado porque el revisor tiene mucho trabajo, está de vacaciones o de reposo; o b) que el documento está devuelto. En tal caso, el documento, preparado con tanto cuidado, es devuelto con tachaduras...”
e) “…Por lo regular, el revisor es una persona sin experiencia y con poco conocimiento, pero con mucho PODER. Con unas semanas de egresado, si es que egresó de alguna universidad, esa persona dicta cátedra a cualquier profesional del derecho. Se entromete en aspectos que no le incumben. Escribe con letras de médico, en un papel o encima del texto, como le parece que deba redactarse el documento y cuáles recaudos adicionales deban acompañarse... Por lo regular, el registrador es inasequible. El interesado se retira, efectúa todos los cambios exigidos y regresa, esperanzado, con su documento que cumple con todas las exigencias del revisor. Lo presenta de nuevo, pero esta vez le toca a otro revisor que tiene un criterio distinto y hace otras observaciones. Y así se repite la misma película por meses…”
f) “…Los criterios discrecionales, y sin fundamento legal de revisores, son de una variedad asombrosa…”
g) “..Si el interesado, cansado de las arbitrariedades y la demora, acude al SAREN, la contestación, si se da, tarda muchos meses…”
h) “…Son muchas las causas de ese deterioro. Sería prolijo enumerarlas en esta nota, pero una de las básicas fue la eliminación del incentivo económico que tenían los funcionarios de los registros antes de la ley del Registro Público y del Notariado del 2001, que adscribió esas oficinas al SAREN y, de paso, eliminó la distribución, entre los funcionarios de las mismas, de parte de los derechos percibidos. Ahora esos funcionarios están mal remunerados y trabajan en condiciones difíciles, lo cual los ha vuelto, en general, desinteresados y hostiles…”
i) “..El hecho es que esa institución está destruida y está contribuyendo, junto con otros factores, a la paralización de la actividad económica privada en el país, ante el silencio del ministerio del ramo y de instituciones como la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los respectivos Colegios de Abogados…”
j) “…Es urgente rescatarla y se puede. Como "al César lo que es del César", sé de otro organismo oficial que se ha recuperado. Hace cinco años la obtención de mi pasaporte fue otro "vía crucis", mientras que mi última experiencia hace pocos días, debo confesar, reveló un excelente proceso tecnológico y de adecuada atención…”
Su autor dice muchas verdades, y se reserva otras. Extraña que no haya hablado de las mafias que se constituyeron en torno a estas oficinas desde hace tiempo, y que no mencione los términos “extorsión” o “soborno” (que no son lo mismo pero producen el mismo resultado).
Sin embargo, cuando se refiere a las causas del problema menciona la que todos los opositores señalan: “la eliminación del incentivo económico que tenían los funcionarios de los registros”. No dice, por ejemplo, que en nuestro país, durante los años de revolución, se ha verificado un proceso inédito de democratización del capital (impedido por la IV república) que ha determinado a favor de las mayorías el acceso a bienes y servicios cuyas transacciones se autentican o protocolizan. Los opositores quieren hacer olvidar el “Plan Venezuela Móvil” que permitió que centenares de miles adquirieran vehículos; los múltiples programas gubernamentales destinados a financiar diversas actividades y adquisiciones; el impulso al cooperativismo; el hecho de que se hayan constituido, durante la última década, más de 500.000 nuevas personas jurídicas, y un larguísimo etcétera. Es decir, en palabras claras: ahora son muchísimos más los que requieren de las notarías y registros, aunque el autor hable de la “paralización de la actividad económica privada en el país“.
Sí es admisible que se nos diga que el Estado no previó este desarrollo económico y, por tanto, no planificó ni invirtió antes en la expansión y mejoramiento de este servicio público. Eso sí. Pero resulta que la empresa privada tampoco: basta ver el abarrotamiento y colapso de los bancos privados, de las clínicas privadas, de las empresas telefónicas privadas…, en fin, debemos considerar que el denominado “deterioro” de los registros (agreguemos el de las empresas privadas) se deriva, parcialmente, del mejoramiento de las condiciones económicas que ha experimentado la población.
Ahora bien, la expresión “deterioro” supone que en el pasado este servicio fue mejor. Quizás en el marco de la democracia representativa y excluyente fue suficiente; pero, de igual manera, algunas de las verdades que menciona el ciudadano Antakly las padecimos a finales del siglo pasado…
Dada la suspicacia que nos despierta este artículo, vamos a hacer un diagnóstico de las notarías y registros hurgando en los antecedentes para poder entender la problemática actual y concluir en propuestas para su solución:
En nuestro país existen 485 oficinas: creo que son 210 notarías, 21 registros principales, 46 registros mercantiles y 208 registros públicos (inmobiliarios). Fueron creadas hace décadas y desde entonces y hasta 2008 funcionaron como unidades absolutamente autónomas y no como elementos integrantes de un sistema. Por ello, era común escuchar, por ejemplo, que un mismo bien había sido vendido varias veces mediante documentos otorgados en notarías distintas. Y es que en ese pasado no tan remoto se gestaron los más grandes fraudes contra la propiedad, y a sus víctimas solo les quedó la posibilidad de intentar acciones judiciales que, en el mejor de los casos, fueron decididas a su favor al cabo de muchos años.
Cada oficina tenía su propio código patronal, cada registrador o notario ejercía potestades determinantes en la selección del personal y le correspondía el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación para los patronos.
Los usuarios realizábamos el pago de los tributos de ley que percibía el Estado, por una parte, más los denominados “servicios autónomos” que constituían los ingresos “propios” de cada oficina, cuya distribución era así: 50% para gastos operativos, 25% para el registrador o notario y 25% para el resto del personal. Hace poco pudimos saber, por ejemplo, que durante aquellos años un Registrador Mercantil ubicado en la capital de un Estado del centro del país recibió en una mensualidad la suma de 486 millones de bolívares débiles. Quiere decir que a esa oficina, ese mes, ingresaron 1.944 millones y que ha debido invertirse en su operatividad la suma de 972 millones. Como dato curioso, averiguamos que el precio del inmueble donde funciona este registro para aquel momento era de 1.200 millones. Sin embargo, al igual que en el 90% de estas oficinas y desde su creación, prefirieron mantenerla arrendada. En fin, esos reales fueron “administrados” de tal forma que el Estado, o sea, nosotros no somos propietarios ni siquiera de esa sede donde se nos presta este servicio público, ni fue equipada ni acondicionada conforme al volumen de aquellos ingresos, ni se dio solución a alguna problemática social. Asimismo, para que vean el desequilibrio perverso de aquel esquema, un supernumerario (contratado) devengó, ese mismo mes, la cantidad de un millón ochocientos mil bolívares débiles: el 0,37% de lo que ganó su jefe, el Registrador, quien distribuía, a su discreción, el pago al “resto del personal”. Adicionalmente destaquemos que, a diferencia del Registro Mercantil al que nos referimos, las oficinas ubicadas fuera de las grandes capitales percibían lo suficiente para sufragar los gastos elementales y salarios modestos. Pues, ese era el maravillo esquema de “incentivos económicos” al que hacen referencia los opositores. ¿Es este el que fue mejor y se ha deteriorado?
El Gobierno Nacional en sus intentos por abolir esa perversión pudo haber considerado la opción de implantar un sistema que implicara la supresión y liquidación de estas unidades, pero prefirió preservar la estabilidad laboral de sus trabajadores. Hoy en día, más del 80% del personal que labora en registros y notarías está conformado por personas que ingresaron antes de 1998. Por eso, cuando el amigo Farid habla de personas “… sin experiencia y con poco conocimiento…”, nos detenemos a analizar un poco: pareciera que con esa frase quiere atribuir a los funcionarios que han ingresado en tiempos de revolución (“sin experiencia”) el drama que relata acerca de la revisión de documentos. Pues, hay un alto porcentaje de oficinas en las que no se ha incorporado nuevos abogados durante los últimos 12 años, solo registradores o notarios y jefes de servicio. Es más probable, entonces, toparse con experimentados sin mucho conocimiento, o con mucho conocimiento pero sin disposición a prestar un verdadero servicio público. De hecho, a veces más que la experiencia y el conocimiento, las ganas que tenga un o una funcionario(a) de transformar la institución a favor de los ciudadanos conlleva la necesidad para él o ella de formarse aun más a fin de poder dar respuestas oportunas.
Por otra parte, el autor del escrito que analizamos dice que mediante la Ley de Registro Público y del Notariado de 2001 se “adscribió esas oficinas al SAREN”. No, el SAREN se crea en 2006 y es a partir de 2008, 2 años después, que comenzó a ejecutarse la primera fase del proyecto de implementación de un sistema destinado a garantizar nuestra seguridad jurídica. Dada la magnitud de la problemática generada durante las décadas anteriores, debía suponerse que se trataba de un proceso de largo aliento. Sin embargo - y esto es algo que ha criticado en general el Presidente Chávez-, no se divulgó a tiempo y con la claridad y recursos necesarios en qué consistía esta transformación, su porqué, su cómo, su cuándo y su para qué. De todas formas, se dio el primer paso… necesario, al fin y al cabo.
Siguiendo el orden de ideas que anticipamos, hablemos ahora de las propuestas para la solución de la problemática.
Entre muchas actividades, al SAREN le corresponde, en interacción permanente con todas las instituciones del estado, y entendiendo que se trata de una tarea titánica hacer la revolución con un alto porcentaje de funcionarios opositores (al igual que el Poder Judicial y otros tantos órganos y entes estatales):
1. Propulsar la aprobación de su Reglamento Orgánico y el de Funcionamiento que comprendan la creación de la ESCUELA para la formación de funcionarios presentes y futuros de registros y notarías. La disparidad de criterios entre revisores y entre oficinas, generada por la excesiva autonomía que las caracterizaron en el pasado, debe acabar. Que los ascensos del personal guarden estrecha relación con el nivel de instrucción que alcancen es indispensable y hay que proveer las herramientas para ello. Su finalidad es crear servidores públicos, no peseteros.
Adicionalmente, la idea de dictar cursos a los usuarios (Consejos Comunales, Consejos de Pescadores…), relativos al funcionamiento de las oficinas y cómo se deben realizar los trámites ante éstas, debería contemplarse.
2. Aunque para casi el resto de la Administración Pública sus salarios son envidiados (Ej.: un Abogado I devenga Bs. 4.807,14), la labor que se está desarrollando en el área de recursos humanos debe ser amplia y minuciosa para poder garantizar a los nueve mil y tantos trabajadores sus derechos fundamentales y que sus remuneraciones estén acordes a sus responsabilidades. El maravilloso esquema anterior dejó, por ejemplo, contratados que nunca pudieron optar a un cargo fijo o escribientes que, aunque obtuvieron un título universitario y se desempeñaron como profesionales, siguieron ostentando cargos de escribientes. Por tanto, debe agilizarse ante el ministerio competente la aprobación de una estructura de cargos que permita hacer justicia con los verdaderos servidores.
Debe procederse a otorgar el beneficio de la jubilación a un número considerable de funcionarios que cumplen los requisitos para hacerse acreedores.
La rotación de determinados tipos de profesionales entre oficinas de una misma jurisdicción pudiera ser un mecanismo adecuado para hacer que el intercambio de talentos, experiencias y conocimientos fluyan, sin olvidar que las malas mañas tenderían a controlarse.
Bajo la coordinación de los organismos de inteligencia deben iniciarse averiguaciones a aquellos funcionarios que conforman las mafias tejidas en el pasado, y al SAREN ha de corresponderle abrir los procedimientos sancionatorios de inmediato.
3. La creación de nuevas oficinas: más notarías y registros mercantiles y públicos, distribuidos de tal forma que se acerquen al que las necesita. Estas deben diseñarse conforme a conceptos modernos y ágiles de atención al ciudadano que concluyan en la solución integral de los problemas que pudiera confrontar el usuario (dependiendo del trámite: SAIME, INTTT, IVSS, Banco del Estado…)
4. Nuevas sedes para las oficinas viejas: en coordinación con FOGADE deben ubicarse los inmuebles necesarios para mudar las oficinas de los inmuebles alquilados. ¿Sabe Ud. que el esquema que dejó la IV república ha obligado al SAREN a pagar cerca de Bs. F. 21.000.000 anuales en pensiones arrendaticias?
5. La creación de las Unidades Estadales del SAREN que se acerquen a las oficinas y usuarios por cada entidad federal constituirá un gran avance. Esto permitirá la evaluación permanente del personal, del sistema, de la infraestructura y de la dotación ofimática que podría garantizar la inmediatez de la respuesta a los ciudadanos.
Bueno, estas son algunas de las propuestas que pueden hacerse a favor de un verdadero servicio público y sistematizado de registros y notarías. Por cierto que el artículo “El vía crucis con los registros” solo denuncia y no formula alternativas para la solución de los problemas de la institución. Solo se limitó a decir: “… Es urgente rescatarla y se puede…”. Al respecto, me consta que la Dirección General del SAREN está desplegada atendiendo todas y cada una de las áreas vitales del servicio y adelantando y/o concluyendo los proyectos y planes que deben materializarse para revolucionar sus dependencias.
Para finalizar, el autor del artículo plantea que el SAIME “…se ha recuperado. Hace cinco años la obtención de mi pasaporte fue otro `vía crucis´, mientras que mi última experiencia hace pocos días, debo confesar, reveló un excelente proceso tecnológico y de adecuada atención…”. Volvemos a lo mismo. Emplear el vocablo “recuperado” significa que en alguna oportunidad fue bueno y se dejó perder. No, amigo. Por primera vez en la historia venezolana ese servicio funciona como debe ser. De hecho, el SAIME es una creación de la Revolución que ha conducido un margariteño militante del PSUV, comprometido con el progreso del país y las reivindicaciones del pueblo, DANTE RIVAS, y fue el producto de un proceso que inició el Gobierno Nacional a principios de esta década para garantizar a todos el acceso a sus documentos de identidad. Ud. sabe, amigo mío, que en el pasado no fue así.
Para finalizar, el autor del artículo plantea que el SAIME “…se ha recuperado. Hace cinco años la obtención de mi pasaporte fue otro `vía crucis´, mientras que mi última experiencia hace pocos días, debo confesar, reveló un excelente proceso tecnológico y de adecuada atención…”. Volvemos a lo mismo. Emplear el vocablo “recuperado” significa que en alguna oportunidad fue bueno y se dejó perder. No, amigo. Por primera vez en la historia venezolana ese servicio funciona como debe ser. De hecho, el SAIME es una creación de la Revolución que conduce un margariteño militante del PSUV, comprometido con el progreso del país y las reivindicaciones del pueblo, DANTE RIVAS, y fue el producto de un proceso que inició el Gobierno Nacional a principios de esta década para garantizar a todos el acceso a sus documentos de identidad. Ud. sabe, amigo mío, que en el pasado no fue así.
