Crónica para la historia

Frustrada entrevista a Joaquín Pérez Becerra

      Cuando Joaquín Pérez Becerra abordó en Frankfurt el avión de Lufthansa que le conduciría a Caracas, no pensó jamás que el gobierno bolivariano de Venezuela lo entregaría en el término de pocas horas a las fauces de extermino de las cuales había escapado diecisiete años atrás. Procedente de Estocolmo, donde tiene sede el portal web ANNCOL (Agencia de Noticias Nueva Colombia) por él dirigido, quizás proyectaba durante el vuelo hacer un recorrido por esa Venezuela cuya “revolución” habría querido corroborar y dar a conocer en su portal.

   Las siniestras garras policiales le hicieron aterrizar de su fantasía. No se trataba de los esbirros que exterminaron a la Unión Patriótica en Colombia, sino de agentes menos agresivos, dispuestos eso sí a colocarle con prontitud las esposas, como a un peligroso delincuente.

Quién es Joaquín Pérez Becerra

      Quien fuera detenido en Maiquetía el pasado 23 de abril, bajo acusación de terrorista, es descrito así por un catedrático colombiano (1):

      “Joaquín Pérez Becerra fue concejal de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, comunicador social, escritor perseguido criminalmente en Colombia por ser eso: oposición política al régimen terrorista de Estado. Para salvar su vida, Suecia le dio amparo internacional y ese amparo y su ciudadanía sueca prevalecen sobre los apetitos de guerra santistas….”

     Refugiado político en Suecia desde1994, Joaquín Pérez adquiere nacionalidad de ese país en el año 2000. Con otros periodistas funda la Agencia de Noticias ANNCOL, convertida en pulga incómoda para los gobiernos colombianos cuyas prácticas de terrorismo de Estado, exclusión y atropellos de todo tipo son denunciadas en el portal internacional. De allí que su captura, gracias a la colaboración de Venezuela, sea un trofeo para Juan Manuel Santos.

Violado el derecho internacional

     Elementales principios de derecho internacional han sido violados por el Gobierno de Venezuela al apresar y deportar sin contemplación alguna a alguien que entraba al país desprovisto de todo equipaje, salvo su intelecto y su trayectoria como luchador por una nueva Colombia.

      Nada de esto fue investigado. Ni siquiera se tomó en cuenta su nacionalidad sueca ni los datos de identidad que ya no le corresponden, extraídos de obsoletos archivos policiales del vecino país.

       “Chávez no titubeó. Le di el nombre y le pedí que nos colaborara para su captura”, fue la triunfante declaración del presidente Santos, quien agregó haber llamado de nuevo al presidente venezolano “para agradecerle su colaboración en la lucha contra la guerrilla”.

     El comunicado oficial de Venezuela es aún más explícito al informar la detención de Joaquín Pérez Becerra “cuando intentaba ingresar al país procedente de Frankfurt, Alemania,  requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia, a través de INTERPOL, con difusión roja, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (…) El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos”.

     Nada más vago que la acusación de “concierto para delinquir”, lo cual debió motivar al menos una somera investigación en Venezuela; pero la suerte de Pérez Becerra ya había sido decidida. Cuando aún las esposas oprimían sus manos al aterrizar en territorio colombiano, un juez de control de garantías de Bogotá declaró “legal” su captura, deslizándose a través de agencias que el prisionero “fue entregado por el Gobierno venezolano cumpliendo un pacto firmado por Chávez y Santos meses atrás, del cual no se tiene conocimiento público”.

La muralla policial

     Nuestro olfato a través de largos años de lucha nos condujo a acercarnos al lugar de reclusión del supuesto terrorista, con el ingenuo propósito de entrevistarle. Venciendo resquemores para atravesar siniestras puertas herederas de la Disip (hoy SEBIN), llegamos hasta el Helicoide, al final de la Av. Victoria. Las vallas eran las mismas. Una muralla infranqueable de agentes de la nueva Policía Nacional Bolivariana nos cerró el paso. De nada valió nuestra credencial de prensa. Al dar el nombre de quien pretendíamos entrevistar, la respuesta fue que no podíamos “pasar hasta allá”.

     -¿Está  entonces incomunicado?

     -No hemos dicho eso.

     Y sin más explicaciones nos indicaron abandonar la entrada  Nos sumamos al grupo de personas de distintas organizaciones y de muy pocos medios de comunicación, salvo los alternativos, quienes esperaban ver al detenido. Era el día lunes, a las 10: 30 a.m. Jóvenes activistas de colectivos bolivarianos recogían cartones y con improvisados marcadores escribían consignas: “Joaquín es periodista, no es terrorista”; “Extradición es traición”.

     Un diputado por el Partido Comunista, acompañado de un suplente –quienes dijeron actuar no como parlamentarios sino como militantes revolucionarios-vieron frustrados sus intentos de entrevista ante la inexpugnable muralla policial. Con igual suerte corrió el representante de la embajada de Suecia, a quien, según informaciones posteriores, se le impidió todo acceso al detenido. La ausencia de información por parte de las autoridades venezolanas a la embajada de ese país motivó una nota diplomática solicitando explicación por tratarse de un ciudadano sueco.

     La Coordinadora Simón Bolívar, en Caracas, emitió un comunicado expresando su oposición a la extradición y exhortando al Gobierno Nacional a cumplir los pactos internacionales que obligan a respetar el estatus de refugiado político.

Recursos legales

    Ignorado resultó el recurso de habeas corpus introducido por un grupo de abogados ante el Juez de Control del área metropolitana de Caracas. En la Fiscalía General de la República dijeron no estar informados al respecto. Las fogosas protestas se estrellaban contra el hermetismo oficial.

     Una comunicación redactada por luchadores sociales fue dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, requiriendo dictar medidas provisionales a favor del detenido, así como solicitar al Estado de Venezuela abstenerse de entregarlo a las autoridades colombianas. Pero antes de que esta solicitud llegase a su destino, ya el detenido había sido trasladado a Colombia.

     Antes de ser conducido a las mazmorras de máxima seguridad en Bogotá, se le permitió declarar a la prensa. El mundo entero contempló la imagen de un hombre digno en poder de sus captores. Con la frente en alto, parecía aspirar aquellos brevísimos momentos que rompían largas horas de incomunicación para decir allí, en las fauces del enemigo, lo que no se le permitió decir en Venezuela: que su captura es un caso político y que es la libertad de expresión lo que se pretende cercenar. Señaló que hará valer su nacionalidad sueca para canalizar su situación por la vía jurídica.

     Declaraciones emanadas de la cancillería sueca a través de agencias revelan que el gobierno de ese país le brindará “toda la asistencia necesaria”, pues “no ha cometido ningún tipo de crímenes en Suecia”.

Insólita premura

     Fue tal la premura del gobierno venezolano en satisfacer la exigencia del presidente Santos que apenas unas horas después de la deportación la red difundió una información según la cual INTERPOL niega que Pérez Becerra estuviese en su lista roja: “no existe en la base de datos de INTERPOL solicitud de extradición sobre Pérez Becerra (…)”, señala la fuente. 

      De dar crédito a la misma, la precipitación del gobierno venezolano reviste aún peores consecuencias.

¿Por qué deportación?

    Deportar –según su etimología latina- no es otra cosa que llevar, trasladar. Por lo tanto, es extremadamente grave dar a una persona el tratamiento de objeto, como si fuese un equipaje a consignar en otro lugar, sin la más leve consideración de su condición humana.

   La extradición, en cambio, requiere el reclamo formal del acusado por parte del país donde se supone que éste cometió determinados delitos. No puede basarse en simples sospechas ni en acusaciones políticas, aspecto sin duda considerado por Colombia, pues según las informaciones, su ministro del Interior y Justicia  habría solicitado deportación en lugar de extradición, “para agilizar trámites”. Querían tener ya en su poder al director de ANNCOL, vinculándolo con las FARC y con actividades terroristas, lo cual pudo haber frenado la prisa del presidente Chávez, quien se ha negado a admitir la calificación de terroristas atribuida a las guerrillas por Estados Unidos y sus satélites.

Ahora parece ser otra su visión. Así lo prueba el número de guerrilleros entregados en los últimos meses a las autoridades colombianas en las fronteras, sin proceso jurídico alguno. Alerta contra la arbitrariedad 

   Al sumarnos a las voces de solidaridad con Joaquín Pérez Becerra, exhortamos a hacer presión ante organismos internacionales para impedir que sea víctima de torturas o  desaparición física. A la vez, debemos mantenernos en guardia contra estos hechos arbitrarios y responsabilizar absolutamente al gobierno venezolano de cuanto pueda ocurrir a Joaquín Pérez, entregado sin condiciones a un Estado cuya política, tanto ayer como hoy, es trazada en connivencia con el Pentágono estadounidense a través de las bases militares del Plan Colombia. Política de exterminio y de aniquilamiento, reiteradamente denunciada. 

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(1) Athemay Sterling: “Solidaridad Internacional con Joaquín Pérez Becerra, arbitrariamente detenido”, artículo difundido en la red desde el 25/4/2011.

                                                                                   irbami@cantv.net

 


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