No a la condena de 6 activistas sindicales. No a la criminalización de las luchas

Nos sumamos al rechazo a la detención y condena de 6 activistas sindicales bajo acusación política de conspiración y asociación para delinquir, y para lo cual la Fiscalia usó como pruebas presuntas capturas de pantalla de WhatsApp. Las detenciones ocurrieron en procedimientos plagados de "irregularidades" allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias contra Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, quienes fueron participantes de las protestas reivindicativas realizadas en el momento que los educadores y otros sectores exigían salarios justos, pago de los pasivos laborales y discusión de contratos colectivos.

Esto es solo una parte de la acción del gobierno contra las justas protestas, desatando la agresión -por ahora selectiva- a dirigentes obreros y populares. Todos los gobiernos anteriores como este, - han puesto sus mecanismos para controlar o detener el avance de la fuerza de los trabajadores en el camino de sus luchas para conquistar mejoras reivindicativas. En el primer gobierno de Chávez, mejoramos el espacio para el reclamo y la organizacion de la clase, surgieron numerosos sindicatos y una nueva central sindical, pero fue el mismo gobierno el encargado controlar el desarrollo de la protesta social, para poder cumplir sus planes que no eran los que representaban los intereses de la clase obrera, no representaban el interés de pelearle el poder a la burguesia de decidir quien se beneficia de lo que producen los hoy explotados y oprimidos.

Ese descontento popular contra el "pacto de Punto Fijo", nos permitió ganar espacios que poco a poco se fueron reduciendo en la medida que el gobierno controlaba las manifestaciones obreras y populares, coptando a casi toda dirigencia, e imponiéndose en casi todas las organizaciones de masas, y uno de los resultados lo sentimos con fuerza Desde el 2008 que se recrudece ataques contra la fuerza obrera, ataques que incluso incluyen la impunidad del sicariato que asesinó en Aragua a los compañeros Richard Gallardo, coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores y presidente de la seccional de Aragua, Luís Hernández, dirigente sindical de la Pepsi Cola, y Carlos Requena, delegado de prevención de Produvisa. Otro caso fue el asesinato de compañeros en Mitsubischi, Toyota, Jerry Diaz en Manpa de Maracay, Nuestro compañero Ricardo Galindez, a quien balearon en su casa, y que en ese momento luchábamos por el rescata del sindicato de Faristone; el asesinato del Yupa Sabino Romero y otros 7 luchadores indigenas y campesinos.

Hoy son 6 dirigentes sindicales presos y condenados tal como ya lo sufrieron Rodney Alvares, Ruben Gonzalez, y otros dirigentes petroleros y ferromineros. La criminalizacion de las justas luchas obreras y populares se profundiza en la medida que el gobierno Rojito de Maduro, heredero del Presidente Chávez, necesita la "paz social" para poder ofrecerle a los inversionistas, un espacio controlado, sin luchas reivindicativas. De hecho esta eliminado el derecho a huelga, a organización sindical, el derecho a discusión de contratos colectivos, al salario y el disfrute de las conquistas obtenidas a través de las convenciones. El caso de los educadores es una de las muestras mas sonadas en este ultimo año, de como de un plumazo el gobierno anula derechos conquistados bajo la excusa del bloqueo económico, cuando las denuncias de saqueo multimillonario en la petrolera nos dicen de los enormes recursos robados que muy bien servían para mejorar enormemente las condiciones de vida y trabajo de la población y de todos los trabajadores. No son las sanciones lo que impide que nuestras reivindicaciones sean respetadas, el plan economico del gobierno, que permite el saqueo en PDVSA y demás industrias e instituciones del Estado. Esa corruptela no se acaba porque es hija del gobierno, del capitalismo, con sus jueces, sus abogados, sus estructuras, sus propias leyes, y solo puede contrarrestarse si los trabajadores y sus aliados, con sus organizaciones, tienen el poder para decidir sobre lo que se produce y hacia donde va el producto de la mano de obra.

Hoy Todo el que luche por sus derechos se arriesga a ser señalado como conspirador, asociación para delinquir, saboteador o cualquier otra etiqueta. Como ejemplo mas reciente, tenemos las amenazas contra los educadores activistas que no se hicieron esperar, el gobierno se niega a firmar la tercera contratación colectiva y en complicidad con la burocracia aplicó la combinación de política del "cansancio" con acoso laboral, amenazas de despidos y apertura de procedimientos de cualquier tipo; por su lado los Ferromineros, los trabajadores de las industrias básica en Ciudad Bolívar cuentan con una larga lista de aperturas de expedientes con cualquier tipo de acusaciones por haber salido a la calle pidiendo la discusión de su contrato y el pago de los pasivos laborales.

La criminalizacion de la justa protesta obrera y popular, es un mecanismo que se intensifica contra los trabajadores, pues el plan económico de entrega que el gobierno se ha propuesto adelantar, necesita neutralizar las expresiones sociales. Y asi -como ya se hizo en casos como el de Rodney Alvarez y otros-, tenemos que sumarnos y fortalecer toda campaña por la liberación de todos los detenidos por estar en las protestas reivindicativas.

La burguesía en todas sus facetas, esta en disposición de atacar a los trabajadores del mundo con todo su aparataje, esto va desde las amenazas hasta la aniquilación física, con tal de repartirse los mercados y todo lo que produce la clase obrera y sus aliados. Disputarle el poder de decisión a los explotadores es tarea política para lo que debemos prepararnos y organizarnos, con un partido de la clase, con una dirección que nos guíe en todo momento hacia la construcción del gobierno de los trabajadores y el pueblo en una Venezuela y un mundo socialista. En esa tarea de construccion estamos desde la Corriente Socialista Revolucionaria - El Topo Obrero.



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