Repensando los pasos andados para encaminarnos hacia el futuro

Iniciativa Legislativa Popula por una Renta Básica Incondicional en el País Vasco

Iniciativa Legislativa Popula (ILP) por una Renta Básica Incondicional en el País Vasco: repensando los pasos andados para encaminarnos hacia el futuro

Itziar Guerendiain Gabás     Maitane Arnoso Martínez

La Iniciativa Legislativa Popular por una RBI en la Comunidad Autónoma de Euskadi

Hace ya más de un año, el 18 de febrero de 2020, presentábamos ante la Mesa del Parlamento Vasco una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) exigiendo la implantación de una Renta Básica Incondicional (RBI) para todas las personas que viven en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE). Esta iniciativa llevaba ya algunos años gestándose entre las personas que componen ARGILAN-ESK, como una manera de comenzar una estrategia política ofensiva capaz de contraponer el modelo de la RBI a la insuficiencia y el carácter excluyente del sistema de Renta de Garantía de Ingresos que llevaban años denunciando desde esta organización. La iniciativa se extendió posteriormente a personas provenientes de otros movimientos sociales y trayectorias militantes (movimiento antirracista, feminista, ecologista, antimilitarista, etc.), posibilitando así la ampliación del marco discursivo de la propuesta y la inclusión de nuevas perspectivas que iban más allá de la lucha contra la pobreza y la crítica de los sistemas de rentas mínimas condicionadas: el rechazo al empleo como vía de acceso a derechos y a la participación social; las críticas a la división sexual del trabajo planteadas desde el movimiento feminista y sus implicaciones para con las tareas de cuidados y sostenimiento de la vida; las demandas decrecentistas realizadas desde el ecologismo; o el cuestionamiento de la acaparación y concentración de la riqueza dentro del sistema capitalista; entre otras. Todos estos debates y reflexiones se materializaron, así, en una propuesta de ley que planteaba una defensa radical de lo que entendíamos debía ser una RBI: una renta individual, universal e incondicional pagada por la Administración Pública a todas las personas residentes en la CAE, que se constituyera como un derecho subjetivo similar a la educación o la sanidad públicas.

A través de la organización de una Promotora, asambleas territoriales en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, y grupos de trabajo específicos (escritura, comunicación, movilización), comenzó entonces la andadura de esta ILP. El proceso supuso la puesta en marcha de diferentes acciones de difusión política y social: desde presentaciones de la iniciativa a otros movimientos sociales y charlas en espacios vecinales; a trípticos y carteles explicativos sobre nuestra propuesta y vídeos divulgativos que presentaban algunos de los debates relevantes en relación con la RBI; pasando por una estrategia de crowdfunding (como forma no sólo de sostener económicamente el proyecto, sino también de ampliar su base social); así como por la presentación de la iniciativa a los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento Vasco (excepto VOX); entre otras acciones. Un proceso que, por supuesto, culminó en una campaña de 4 meses de recogida de firmas en las calles (pero también online) entre los meses de septiembre y diciembre del pasado año. Las más de cien mesas que se colocaron en diversos pueblos, barrios y ciudades de toda la CAE, nos permitieron recoger un total de 22.075 firmas de apoyo a la iniciativa, duplicando el mínimo de 10.000 firmas exigido por la ley y, con ello, llevando la ILP al Pleno del Parlamento Vasco.

El pasado 5 de mayo, la ILP para la implantación de una RBI en la CAE llegó al Parlamento para debatir su admisión a trámite como una proposición de ley. Tras una intervención por parte de la iniciativa, en la que destacábamos la responsabilidad institucional en la implantación de nuevas políticas públicas capaces de acabar con la pobreza de manera efectiva, redistribuir la riqueza que generamos entre todas y desmercantilizar el derecho a una vida digna; la propuesta fue finalmente rechazada en el Pleno por 47 votos en contra (EAJ-PNV, PSE/PSOE, PP+Ciudadanos y VOX) y 26 votos a favor (EH Bildu y Elkarrekin/Podemos-IU). Los argumentos que esgrimieron los grupos en contra de la propuesta -incluidos el EAJ-PNV y el PSE- demostraron una clara incapacidad para salirse del marco hegemónico de defensa del sistema de empleo y la ética del trabajo (como resume la frase utilizada por Laura Garrido, representante del grupo PP+Ciudadanos: "la mejor política social es el empleo"); y entrar en un debate profundo y honesto sobre la RBI, más allá de la cínica defensa del sistema de RGI como un "modelo de éxito" que no puede ser cuestionado[1] y otros argumentos ridículos[2] que no hacen más que revelar la nula comprensión de esta propuesta. Por su parte, nos sorprendieron favorablemente las intervenciones que tanto Elkarrekin Podemos-IU, como EH Bildu, realizaron a favor de la RBI; en las que cuestionaron la centralidad del sistema de empleo y resaltaron la necesidad de garantizar el derecho a la dignidad del conjunto de la sociedad, avanzando hacia nuevos paradigmas de redistribución radical de la riqueza, el empleo y los cuidados, donde se enmarcaría la propuesta de la RBI.

¿Cómo valoramos este recorrido?

Una vez debatida la iniciativa en el Parlamento y recogidas las votaciones de los partidos, desde la ILP, realizamos una reunión dirigida a valorar nuestro recorrido, analizando colectivamente no sólo qué habíamos ganado o perdido (si es que algo habíamos perdido) en este proceso, sino también a discutir colectivamente en qué contexto social y político nos habíamos movido, en qué medida nuestra estructura organizativa había sido útil, cuáles habían sido las herramientas utilizadas más eficaces y qué aspectos podrían haber sido mejorados, así como qué incidencia política, sindical y comunitaria habíamos logrado en este camino. Todo ello, con el propósito no sólo de mejorar las acciones colectivas hacia el futuro, sino también de compartir nuestra experiencia con otras organizaciones o movimientos que inician luchas como la nuestra o similares en otros territorios.

¿Un contexto de oportunidad?

En términos de contexto y a nivel estructural, consideramos que la preocupante situación socio-económica existente, la creciente desigualdad y su agravamiento a través del COVID-19, posibilitaron que muchas personas percibieran que había llegado el momento de una profunda reforma del sistema actual, que comprometiese al Estado a asegurar un ingreso suficiente para garantizar una vida digna para todas las personas, especialmente cuando el mercado se mostraba incapaz de hacerlo, viendo en la RBI una posibilidad y una esperanza para ello. Algunas voces relevantes también se mostraron partidarias de esta medida, entre las que destacan organismos e instituciones internacionales -como la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, e incluso el Papa Francisco-; pero también numerosas organizaciones y movimientos sociales de base, profesionales de distintos sectores, etc., que ayudaron a establecer esta propuesta como una demanda social cada vez más cercana y asentada entre las reivindicaciones políticas de ciertos sectores de izquierda.

Además, si bien el tratamiento transitorio de la pandemia (como algo que pasará y podremos recuperar la normalidad) y las medidas de emergencia implementadas -como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras medidas de socorro más temporales- ayudaron a disimular eficazmente el carácter estructural de las profundas desigualdades socio-económicas que se iban acrecentando cada vez más; el fracaso del IMV también proporcionó algunas evidencias a favor de nuestra iniciativa, ante sus importantes problemas de gestión y sus grandes trabas de acceso para las personas más empobrecidas.

Sin embargo, el proceso de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) activa en la CAE e impulsada por el EAJ-PNV, ha sido sin duda un factor "neutralizador" del efecto movilizador de la RBI. De hecho, ha sido la principal arma de defensa de los partidos políticos del Gobierno en el debate sobre la tramitación de la ILP en el Parlamento; pero también, la más protegida por los principales medios de comunicación (o los medios de comunicación más mainstream), los cuales apenas han publicado noticias y artículos relacionados con la RBI y, sin embargo, sí han cubierto la política gubernamental y la reforma de la RGI.

Además, hay que tener en cuenta que la posibilidad de obtener los votos suficientes para la tramitación de la ILP estaba cerrada de antemano en el Parlamento Vasco, con una composición mayoritariamente conservadora y una larga trayectoria histórica de rechazos sistemáticos a las ILP presentadas en sede parlamentaria.

Y entonces, ¿fue útil optar por una ILP?

Consideramos que, a pesar de todo, una ILP es una de las estrategias de las que disponemos los movimientos sociales para obligar a ciertos posicionamientos de los grupos parlamentarios y de otras organizaciones sociales, provocando movimientos que de otro modo no podríamos lograr. Sin duda, la ILP, y en concreto el proceso de recogida de firmas, posibilitó diseñar una campaña con un horizonte claro, marcar las etapas de un recorrido que organizase el trabajo del movimiento y hacer cierto trabajo informativo y político participativo que permitió sensibilizar a la ciudadanía (o a una parte de ella) en torno a la RBI y consolidar un equipo de trabajo militante y activo alrededor de la misma.

Las 22.075 firmas recogidas son muestra de ello, pero también el feeling percibido en las calles durante las recogidas de firmas, donde a nivel general pudimos observar una buena acogida y un apoyo generalizado hacia la propuesta. Si bien nos encontramos con los tradicionales defensores de la meritocracia y la ética del trabajo ("¿esto qué es? ¿lo de los vagos?", "¡qué trabajen!", etc.), con racistas que no terminan de entender por qué las personas migrantes deben tener también acceso a derechos, y expresiones de desconfianza generalizada hacia la posibilidad de que el Parlamento aprobase una medida como ésta ("sí, suena muy bien, ¿pero no es un poco utópico que el Gobierno vaya a aprobarla?"); globalmente, nos encontramos con una mayoría de comentarios de ánimo y esperanza ("claro que sí, ánimo, ¿dónde hay que firmar?"; "esto es lo que hace falta"), así como con un especial interés por la propuesta por parte de las personas en mayor situación de pobreza y precariedad (por ejemplo, receptoras de la RGI o de pensiones no-contributivas).

Asimismo, la ILP nos ha permitido tener voz propia en el Parlamento Vasco, obligando a los partidos a tener que escuchar nuestras posiciones en un foro donde acostumbran poco a exponerse a discursos y reivindicaciones de los movimientos sociales. Que la izquierda parlamentaria -un tercio del Parlamento- se posicionara la favor de la admisión a trámite de la ILP significa que la RBI ha conseguido "respetabilidad" política e institucional, y los discursos de ambos grupos en la cámara muestran que la RBI ya es una medida que los partidos de izquierda vascos van a tener a bien considerar (lo que no significa, por supuesto, que no debamos seguir presionando para que esta reivindicación no se quede en papel mojado). En cualquier caso, la respuesta parlamentaria evidenció también que contamos con un Parlamento Vasco que si bien utiliza la participación y la co-gobernanza en sus discursos sobre la profundización democrática, en la práctica, siguen optando por modelos de gestión que excluyen a los agentes y movimientos sociales en el diseño y la discusión de las políticas públicas.

La estructura organizativa y las herramientas utilizadas

A nivel organizativo, la estructura en grupos de trabajo permitió una alta capacidad productiva en cuanto a textos, artículos, presencia en redes, presencia en el espacio público, etc., sostenido por un grupo de personas con alta motivación y cohesión grupal (con pluralidad pero también con mucha unanimidad y pocos disensos internos en lo fundamental), con alta experiencia militante y una fuerza motora incansable capaz de mantener unos objetivos claros y una adecuada metodología de trabajo. Destacar aquí, que el avance de la campaña y la recogida de firmas ha sido posible gracias a la militancia activa de las personas jubiladas (que han demostrado una vez más ser la franja etaria que continúa velando por la defensa los derechos sociales en nuestra comunidad); así como a la excepcionalidad de miembros concretos que, como siempre, permanecen infatigables y sostienen la iniciativa en los momentos en los que, por lo dilatado del tiempo, otras personas han reducido la intensidad de la dedicación a la campaña.

Asimismo, y a pesar de la constitución de un grupo Promotor como órgano "decisivo" y jerárquicamente "superior", ello no afectó (o al menos no demasiado) al "espíritu asambleario" de la iniciativa, creándose "pasarelas" entre los distintos "niveles" de decisión que constituían los distintos grupos de trabajo. El clima general de compañerismo y confianza entre las personas implicadas, así como el respeto a la tarea y dedicación de cada cual, fueron elementos importantes en el conjunto del proceso.

Además, si bien mayoritariamente había una trayectoria histórica de militancia compartida previa, también se sumaron nuevas incorporaciones (tanto de distintos movimientos sociales como también de generaciones más jóvenes) lo que ofreció riqueza en cuanto a las perspectivas o lecturas posibles de las bondades de la RBI. En concreto, esta diversidad posibilitó ampliar el marco de lo posible a través de una medida como la planteada, pasando de una defensa de la RBI como herramienta para acabar con la pobreza a una defensa más ambiciosa en el sentido de suponer una llave para un cambio de paradigma en el que descentralicemos el empleo, pongamos en el centro la vida y los cuidados, y construyamos una economía al servicio del bien común que sea compatible con unos recursos naturales que son finitos -y que exigen unas transformaciones ya impostergables-.

En cualquier caso, y a pesar de ser un grupo humano activo de alrededor de 30-35 personas, se hubiese necesitado sumar más base militante en cada provincia (también trabajando más fuera de las capitales) para evitar ciertos sectarismos y, con ello, también el exceso de carga de trabajo que supuso para las asambleas territoriales la recogida de firmas y la presencia en las mesas, las conversaciones con partidos, sindicatos y organizaciones, etc. En este sentido, si bien inicialmente se diseñó una estrategia de búsqueda de personas referentes en los distintos movimientos sociales para ampliar las posibilidades de acercamiento y alcance de la iniciativa, seguramente no supimos hacerlo bien y la realidad mostró que se sobrevaloró esta capacidad de involucrar activamente a personas que no habían formado parte desde los inicios de la iniciativa. Lograr más de 80 adhesionesde diferentes organizaciones y movimientos sociales a esta ILP (mayoritariamente dedicados al trabajo en torno a la pobreza y la exclusión social) es todo un logro para nosotras; sin embargo, si bien las adhesiones se materializaron en apoyos puntuales a la iniciativa (fundamentales para lograr las firmas obtenidas), no necesariamente logramos que la RBI y sus bondades fuesen incorporadas en las respectivas agendas de los movimientos, quienes a menudo comparten los mismos padecimientos en cuanto a carga de trabajo y manos limitadas para poder cubrir todos los frentes que exige el trabajo militante. En cualquier caso, es necesario mejorar las formas en las que ampliamos estas relaciones y siempre medir con realismo las fuerzas con las que contamos para las tareas en las que nos embarcamos y el alcance que con ellas podemos tener.

Por otra parte, en el ámbito sindical, aunque la mayoría de los sindicatos se han pronunciado favorablemente a la tramitación y debate como Ley en el Parlamento Vasco de la ILP, la incidencia y compromiso en la movilización de recursos organizativos a favor de la RBI ha sido más limitada (a excepción, por supuesto de ESK). Muy positivamente, UGT Euskadi asumió la reivindicación de la RBI y también tuvo una buena recepción entre las filas de la CGT, si bien manteniendo los debates entre la RBI y Renta Básica de las Iguales. Menos incidencia de consiguió en Steilas y LAB, con más dificultades para sumarse al trabajo de la ILP aunque con apertura y disposición a continuar con los debates que existen entre la RBI, o el trabajo garantizado; discurso, el del trabajismo, que sigue profundamente arraigado en el ámbito sindical y que sin duda requiere ser reflexionado para un contexto postrabajo. En cualquier caso, todos ellos en su conjunto (incluidos ELA y CCOO), ya no pueden eludir la RBI, pasando de ser una medida exclusivamente defendida en el pasado por ESK, a ser una iniciativa ya instalada en el debate sindical.

Igualmente, desde una perspectiva de género, sí bien las mujeres formaron parte activa e incluso liderado algunas de las tareas "típicamente masculinas" (redacción de textos, artículos de prensa, presentación pública, etc.), la sobrerrepresentación global de los hombres en esta ILP fue notable (en los espacios de discusión teórica y estratégica), así como la sobre-representación de las mujeres en las mesas informativas y la recogida de firmas, lo que sugiere continuar reflexionando y cuestionando el papel que unas y otros desempeñan en la distribución de tareas de las iniciativas militantes.

En cuanto a las herramientas concretas utilizadas, las mesas para la recogida de firmas se valoran como instrumentos muy valiosos para acercarse a la ciudadanía: fueron mucho más eficientes que las firmas online, permitiendo además entablar, aunque breves, pequeñas conversaciones con la población. Igualmente se valora muy positivamente el trabajo de la web, trípticos repartidos (100.000 aproximadamente), vídeos realizados para distintas áreas sobre las que la RBI puede tener incidencia, trabajo en redes (Twitter, Instagram, Facebook), etc. Las charlas ofrecidas en distintos municipios (espacios culturales, gaztetxes, etc.), se consideran una vía que ha permitido ofrecer más información y reflexión que la que posibilitaron las mesas de firmas, si bien también se reflexiona sobre cómo en ocasiones podrían no haber sido muy "rentables" porque quienes acudían ya eran personas convencidas de la RBI. En este sentido, el ampliar los centros de charlas a la universidad o espacios con público más diverso, puede ser una alternativa para enfrentar esa limitación.

En relación al grupo de escritura, se valora positivamente los artículos y tribunas de opinión publicadas periódicamente en prensa (Naiz/Gara, Grupo Noticias, ElDiario, El Salto, etc.) como estrategia para estar presentes en la opinión pública, o revistas amigas (SinPermiso, Galde, Pikara) donde socializar la iniciativa con un público más motivado, así como los esfuerzos realizados por el grupo de comunicación para tener presencia en los medios y las redes sociales (aunque hubiera sido mejorable si nos hubieran dado más cobertura y hubiésemos sido capaces de implicar a influencers o más personas conocidas del ámbito cultural). Asimismo, el apoyo recibido por radios comunitarias que han promovido entrevistas y facilitado espacios para la difusión de la iniciativa (Hala Bedi, HerriIrratia, 97 Irratia, etc.), además de la Red Renta Básica que ha constituido un apoyo fundamental en todo el proceso.

Además, las reuniones y rondas de contactos presenciales con organizaciones y partidos, son consideradas como una de las herramientas más valiosas para haber logrado interpelar a los partidos y conseguir apoyos concretos, visibilidad y compromiso con la ILP. Finalmente, el despliegue en el espacio público de una carpa informativo-festiva de una jornada y media de actividad alrededor de la ILP en frente al Parlamento Vasco, junto con la presencia de mesas en jornadas que coincidían con otras reivindicaciones (además de los días de mercadillo también muy útiles para recoger firmas), también merece una especial valoración como espacio callejero de movilización social.

Todo ello, financiado por las propias personas promotoras de la ILP, ARGILAN-ESK y el apoyo de un crowdfunding impulsado a través de Goteo.org, que nos permitió sostener todas las acciones que implica la puesta en marcha de esta iniciativa y conseguir nuestro objetivo final: llevar la ILP al Parlamento Vasco.

¿Y a partir de ahora qué?

A partir de ahora toca repensar la continuidad del trabajo realizado. No se perdió nada. Se ganó gente informada, interesada y entusiasmada alrededor de la RBI que sabe que la conquista de los derechos requiere de procesos sostenidos en el tiempo (a menudo de décadas). En este sentido, a partir de ahora es necesario mantener las relaciones establecidas con los movimientos sociales y continuar reflexionando sobre las bondades de la RBI en sus respectivos ámbitos de trabajo, de modo que la RBI no sea solo una medida defendida por las organizaciones que trabajan en torno a la exclusión social sino que pueda ser introducida en las distintas agendas del tejido asociativo.

Además, debemos seguir manteniendo la tensión para consolidar esta incidencia y mantener una presencia más o menos estable de la RBI en el Parlamento Vasco (aprovechando la defensa que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU hicieron en el Pleno). Buscar la implicación de los partidos vascos de izquierda, así como en los sindicatos que ya tienen el debate sobre la RBI al interior de sus filas debe ser aprovechado para continuar ampliando los apoyos para que esta iniciativa se convierta más temprano que tarde en un nuevo derecho subjetivo y que lo haga desde unos principios ideológicos de izquierda. Este es el momento para ello: las intervenciones de los grupos de centro-izquierda (PSE), derecha (PNV + PP+ Ciudadanos) y extrema derecha (VOX) parlamentaria, con un discurso incapaz de salirse del marco de "más empleo" (y quien no trabaje que no pida), parecen sugerir que, al menos todavía, las sospechas de que la derecha vaya a apropiarse de la RBI son todavía lejanas en nuestro contexto (inshallah!).

Es importante aprovechar el espacio que la reforma de la RGI-IMV va a tener estos meses en los medios de comunicación de masas para seguir denunciando y destapando las insuficiencias de los sistemas de rentas mínimas condicionadas desde su misma fundamentación: como un mecanismo de control y criminalización de la pobreza, que no hace más que mantener la exclusión de las personas más empobrecidas con el discurso de la empleabilidad y la reinserción socio-laboral; insistiendo en la necesidad de un cambio de paradigma hacia la redistribución de la riqueza (pero también de los trabajos) y la ampliación de los derechos económicos y sociales (para todas las personas). Asimismo, seguir de cerca la experiencia piloto que se va a desarrollar en Catalunya, por sus implicaciones científicas, pero también a nivel político en cuanto al avance del conocimiento social acerca de esta medida; además de continuar en contacto con iniciativas y movimientos a favor de la RBI que se han puesto en marcha en otros territorios del Estado español a través de la Red Renta Básica, a fin de compartir ideas, experiencias y debates que puedan enriquecer nuestra militancia.

Y, sobre todo, seguir promoviendo la reflexión, mucha y en todas partes, sobre la meritocracia y la ética del trabajo tan instauradas en nuestro sistema político y cultural; que, como hemos comprobado durante todo este proceso, constituyen una de las peores lacras al impedir que salgamos del marco del merecimiento y la condicionalidad en el acceso a derechos tan básicos como la alimentación o la vivienda, y seamos capaces imaginar unavida más allá del trabajo (o el empleo, mejor dicho), en la que podamos organizar nuestras sociedades en torno a la garantía de las necesidades colectivas, en lugar de estar supeditadas a los intereses (y los beneficios) del mercado.

En este sentido, animar a otros territorios a seguir trabajando en esta dirección, contar con lo mucho o poco aprendido de nuestro recorrido (y por supuesto con los materiales creados), así como a las personas individuales y colectivos sociales del País Vasco y Euskal Herria, a ponerse en contacto con nosotras para, a partir de este otoño, re-articularnos y establecer un espacio de trabajo estable para seguir en este camino, hasta que la Renta Básica Incondicional, con una clara definición redistributiva, postcapitalista y emancipadora, se convierta en un derecho social incuestionable en nuestro (y otros muchos) contexto(s).

(Este texto ha sido redactado como resultado de un proceso de balance colectivo realizado entre las personas que hemos formado parte de la ILP por una RBI en la CAE, por lo que las ideas y reflexiones que aquí se exponen son en realidad fruto de todo un trabajo en común. En este sentido, queremos reconocer y agradecer las aportaciones de todas las personas que han participado con nosotras en este proceso. Gracias a todas).

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[1] Aun cuando, según la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del año 2020, el 30% de la población vasca en riesgo de pobreza no consigue acceder a las prestaciones de RGI, porque la cantidad de requisitos exigidos se lo hacen imposible y, de entre las personas que sí lo logran, apenas un 47% (menos de la mitad) consigue salir de su situación de pobreza.

[2] Entre ellos, rescatamos esta intervención de Aitor Urrutia, representante de EAJ-PNV: "¿Sufragar un ingreso monetario periódico incondicional a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, es progresivo?, ¿qué consideraciones merecería extender ese criterio a otros ámbitos y otros recursos de nuestro Estado del bienestar, con la defensa argumental de que ya arreglaremos cuentas de progresividad vía impuestos?".

Itziar Guerendiain Gabás: Licenciada en Psicología. En la actualidad, cuenta con un contrato de personal investigador en formación en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para estudiar las actitudes y representaciones sociales acerca de la Renta Básica Incondicional y la viabilidad psicológica que podría tener la implantación de esta medida, en el marco de su tesis doctoral (financiada a través de una beca predoctoral por la misma universidad). Miembro de la Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por la implantación de una Renta Básica Incondicional en la CAE.

Maitane Arnoso Martínez: Doctora en Ciencia Política y de la Administración en la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Profesora en el Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Presidenta de SOS Racismo Gipuzkoa. Miembro de la Iniciativa Legislativa Popular por la Implantación de una Renta Básica Incondicional en la CAE.

Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/ilp-por-una-renta-basica-incondicional-en-el-pais-vasco-repensando-los-pasos-andados-para



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