El gobierno bolivariano y revolucionario de la Venezuela de hoy, se caracteriza por ser un gobierno humanista, contrario a los intereses más oscuros que representa el capitalismo salvaje. Un gobierno con una orientación que reivindica el derecho al trabajo y al estudio, entre otras cosas.
Las empresas hoy nacionalizadas por el Estado venezolano, deben estar en consonancia con el carácter socialista de la Revolución bolivariana, en claro proceso hacia la socialización del trabajo y las justas reivindicaciones del trabajador.
En su preámbulo nuestra carta magna dice: “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna” (negritas nuestras)
Asimismo reza el “Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. (negritas nuestras)
Ahora bien, ¿se están cumpliendo estas premisas fundamentales en vía hacia la construcción del socialismo en las empresas nacionalizadas por el Estado venezolano, o en su defecto, en las cientos de contratistas que en la actualidad realizan trabajos para las empresas rescatadas?
Es el caso que la empresa “Person to Person Análisis C.A”, contratista de nuestra empresa CANTV, vulnera, de manera descarada, el derecho al trabajo y condiciona el derecho al estudio de sus empleados, violentando de esta manera el preámbulo y el artículo 3 de nuestra Carta magna.
Si bien es cierto que en la actualidad existe un decreto de inamovilidad laboral, decreto del Presidente de la República Nº 7.154, de fecha 23 de Diciembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.334, ha sido extendida la inamovilidad laboral, decretada a favor de los trabajadores del sector público y del sector privado, desde el 1° de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010.
Es el caso que la empresa “Person to Person Análisis C.A”, no respeta dicho decreto presidencial y de manera grotesca, le exige la renuncia a sus empleados, que bajo la figura de fijos, laboran en esa empresa. En lo que va de año ya han presionado a 4 de estos trabajadores para que firmen dicha renuncia. Las razones son obvias, contratar a personal bajo esquema de contrato a tiempo determinado, para que los mismos no acumulen beneficios socio-económicos y no representen una carga laboral a la empresa. Si no firman la renuncia, la presión psicológica y la humillación, serán las medidas que adoptarán para que te vayas de la empresa. Las evaluaciones nunca serán favorables al trabajador, los jefes inmediatos tienen como directriz hacerle la vida un calvario hasta obtener la preciada renuncia por parte del trabajador.
El abuso no tiene límites, los salarios, en algunos casos, están por debajo del salario mínimo, violentando las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, pretenden OBLIGAR a sus trabajadores a abandonar sus estudios, presionándolos para que laboren la jornada completa, cabe señalar que en la actualidad sólo contratan personal que no curse estudios, en deterioro y trato discriminatorio hacia el joven que con sacrificio y gracias al Gobierno bolivariano, hoy sigue su carrera universitaria.
¿Sabe el compañero Manuel Álvarez, presidente de CANTV, de todas las tropelías que comete la empresa “Person to Person Análisis C.A”? A la compañera Ministra María Cristina Iglesias la exhorto a que envíe algún inspector del trabajo a esta empresa y verifique lo aquí escribo.
Sin lugar a dudas hoy nuestra Revolución no puede permitir que se sigan vulnerando los derechos de nuestros jóvenes estudiantes-trabajadores, por personas inescrupulosas, que tienen como norte el beneficio económico y no social como hoy lo demanda el carácter socialista de la Revolución bolivariana, una empresa debe de ser rentable, pero no bajo las premisas capitalistas.
No se puede atropellar, humillar a los trabajadores ni solicitar su renuncia bajo la presión criminal del maltrato psicológico, es una práctica que se debe abolir bajo los nuevos paradigmas que encarna la Revolución bolivariana. No podemos seguir enriqueciendo a este tipo de personas que, de manera burda, ostentan la coacción como herramienta de sus caprichos económicos.
Es necesario crear departamentos en nuestras empresas rescatadas, donde podamos supervisar a este tipo de contratistas, que lejos de contribuir al desarrollo del país, deterioran la credibilidad del proceso revolucionario.
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