Las recientes declaraciones del Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sobre Venezuela representan una de las manifestaciones más descarnadas de intervencionismo imperial en la historia moderna de América Latina.
Lo que Rubio presenta eufemísticamente como un "proceso de tres fases" constituye, en realidad, un plan sistemático de despojo, ocupación económica y anulación absoluta de la soberanía nacional venezolana. Este proyecto, respaldado por las declaraciones del presidente Trump sobre la administración del petróleo venezolano, revela con brutal claridad que Estados Unidos no busca ninguna solución humanitaria ni democrática para Venezuela, sino el control directo de sus recursos naturales y la imposición de un modelo económico neocolonial.
La confiscación anunciada de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, recursos que pertenecen legítimamente al pueblo de Venezuela, no puede describirse de otra manera que como piratería estatal. Rubio admite sin pudor que su gobierno incautará estos recursos, los venderá "a precios de mercado" y controlará la distribución del dinero resultante. Las palabras de Trump son aún más reveladoras: ese dinero, producto de la venta del petróleo venezolano, será gastado en productos americanos bajo administración estadounidense. Estamos, pues, ante un esquema donde Venezuela pierde sus recursos, pierde el control sobre los ingresos de esos recursos, y además es obligada a convertirse en un mercado cautivo para productos estadounidenses. Esto no es cooperación internacional; es saqueo institucionalizado.
El lenguaje utilizado por Rubio merece un análisis detenido. Habla de "estabilización" cuando en realidad se refiere a asfixia económica mediante sanciones unilaterales que violan flagrantemente el derecho internacional. Denomina "cuarentena" a un bloqueo económico que impide a un país soberano comerciar libremente con el resto del mundo. Promete "recuperación" cuando lo que describe es la entrega del mercado venezolano a empresas estadounidenses y occidentales en condiciones de desigualdad absoluta. Y finalmente habla de "transición" cuando lo que propone es un cambio de régimen orquestado desde Washington, con amnistías y procesos de reconciliación diseñados no por los venezolanos sino por funcionarios estadounidenses.
Este plan viola principios fundamentales del derecho internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Venezuela, como cualquier nación soberana, tiene el derecho inalienable de determinar su propio sistema político, económico y social sin injerencias externas. Ningún país, por poderoso que sea, tiene autoridad legal o moral para decidir quién gobierna Venezuela, cómo debe organizarse su economía, o qué debe hacerse con sus recursos naturales.
La historia de América Latina está plagada de intervenciones estadounidenses que, presentadas siempre bajo el ropaje de la "libertad" y la "democracia", terminaron en dictaduras militares, saqueo económico y décadas de sufrimiento para los pueblos. Desde el golpe contra Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, pasando por la intervención en República Dominicana en 1965, el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973, hasta las guerras sucias en Centroamérica durante los años ochenta, el patrón es invariable: Washington identifica gobiernos que no se someten a sus intereses económicos, los declara ilegítimos, impone sanciones devastadoras, apoya a sectores de oposición internos, y finalmente interviene directa o indirectamente para instalar regímenes afines.
El plan Rubio-Trump para Venezuela sigue exactamente este libreto, pero con un nivel de cinismo sin precedentes. Ni siquiera intentan disimular que el objetivo es el control de los recursos petroleros. La admisión de que confiscarán el petróleo, controlarán su venta y administrarán los ingresos, obligando además a Venezuela a gastar ese dinero en productos estadounidenses, desnuda la naturaleza puramente extractivista y neocolonial de esta estrategia. No se trata de ayudar al pueblo venezolano; se trata de convertir a Venezuela en un protectorado económico de Estados Unidos.
La mención de que empresas "estadounidenses, occidentales y de otros países" tendrán "acceso al mercado venezolano de una manera justa" es particularmente reveladora. ¿Quién define qué es "justo"? ¿Estados Unidos? ¿Las corporaciones multinacionales? ¿No tiene el pueblo venezolano, a través de sus instituciones democráticamente constituidas, el derecho de establecer las condiciones bajo las cuales los inversionistas extranjeros pueden operar en su territorio? Esta es precisamente la soberanía económica que las luchas anticoloniales del siglo XX conquistaron para los pueblos del Sur Global, y que ahora Estados Unidos pretende revertir.
La llamada "reconciliación nacional" que Rubio propone también merece escrutinio. Una verdadera reconciliación solo puede surgir del diálogo entre los propios venezolanos, no de un proceso supervisado y controlado por una potencia extranjera que tiene intereses económicos y geopolíticos directos en el resultado. La amnistía, la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados y la reconstrucción de la sociedad civil son procesos que deben ser negociados y acordados por los actores políticos venezolanos, no impuestos desde Washington como parte de un paquete de rendición.
Es fundamental señalar que las sanciones unilaterales que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela y que Rubio eufemísticamente llama "cuarentena" constituyen en sí mismas una violación del derecho internacional y han causado un sufrimiento humano incalculable. Múltiples relatores especiales de Naciones Unidas han documentado cómo estas medidas coercitivas unilaterales afectan desproporcionadamente a la población civil, especialmente en su acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos. Y ahora, los mismos que impusieron este cerco económico pretenden presentarse como salvadores que "estabilizarán" el país que ellos mismos ayudaron a desestabilizar.
La pretensión de que Estados Unidos "controlará cómo se distribuye" el dinero del petróleo venezolano para que "beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen" es de una hipocresía monumental. ¿Desde cuándo Estados Unidos es el garante de la transparencia y la anticorrupción en el mundo? ¿Un país que ha respaldado a dictaduras brutales en todo el planeta cuando convenía a sus intereses, que ha financiado grupos paramilitares y golpes de Estado, que ha mantenido alianzas con regímenes autoritarios siempre que estos facilitaran el acceso a sus mercados y recursos? La corrupción es un problema que debe combatirse, sin duda, pero son los venezolanos a través de sus propias instituciones, mecanismos de rendición de cuentas y procesos democráticos quienes deben liderar esa lucha, no funcionarios estadounidenses que responden a los intereses de corporaciones petroleras.
El principio de autodeterminación de los pueblos no es una cortesía diplomática que las potencias pueden conceder o negar a su antojo; es un derecho fundamental reconocido en el derecho internacional. Significa que cada pueblo tiene el derecho de decidir libremente su condición política, económica, social y cultural sin injerencia externa. Este principio está consagrado en el artículo 1 de ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, y su violación ha sido consistentemente condenada por la comunidad internacional. Lo que Rubio y Trump proponen es la negación absoluta de este derecho para Venezuela.
Es necesario preguntarse: ¿Qué diría Estados Unidos si otro país anunciara que confiscará activos petroleros estadounidenses, venderá ese petróleo, controlará los ingresos resultantes y los obligará a gastar ese dinero en productos de ese país extranjero? La respuesta es obvia: lo consideraría un acto de guerra. Sin embargo, cuando Estados Unidos hace exactamente eso con una nación más débil, lo presenta como una política humanitaria de "estabilización" y "recuperación".
La defensa de la soberanía venezolana no significa apoyo acrítico a cualquier gobierno particular, ni implica ignorar los graves problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta el país. Significa, simplemente, defender el principio básico de que son los venezolanos quienes tienen el derecho y la responsabilidad de resolver sus propios problemas, de construir sus propias soluciones, de cometer sus propios errores y de aprender de ellos. La solidaridad internacional debe consistir en apoyo, no en dominación; en cooperación entre iguales, no en tutela neocolonial.
El proyecto Rubio-Trump para Venezuela es un recordatorio sombrío de que el colonialismo no ha muerto; simplemente ha adoptado nuevas formas y nuevos discursos. Ya no se habla de "misión civilizadora" sino de "estabilización"; no de "protectorados" sino de "transiciones supervisadas"; no de saqueo sino de "acceso justo al mercado". Pero la esencia es la misma: el poder ejercido por el fuerte sobre el débil, la imposición de la voluntad de las potencias sobre los pueblos, la negación de la igualdad soberana de las naciones.
Los pueblos de América Latina han luchado durante siglos por su independencia y su soberanía. Han resistido intervenciones, dictaduras y saqueos. Y seguirán resistiendo cualquier intento de recolonización, venga con el disfraz que venga. La defensa de la soberanía venezolana es la defensa de la soberanía de todos los pueblos de la región. Es la defensa del derecho a la autodeterminación. Es la defensa de un orden internacional basado en la igualdad entre naciones, no en el dominio de los poderosos sobre los débiles. Y esa lucha, como nos enseña la historia, nunca termina.
Nota: ¿Qué harán las autoridades de Venezuela, avalan este tipo de proyecto? Convencido estoy que los venezolanos estamos dispuestos a luchar por nuestra dignidad, soberanía y autodeterminación, debemos cerrar cuadro y rechazar este tipo de propuesta recolonizadoras.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
