Este viernes 23 de enero de 2026, una fecha cargada de simbolismo histórico para Venezuela, las calles de Caracas y las principales ciudades del país se han desbordado en una movilización masiva de carácter inédito. A diferencia de años anteriores, la conmemoración de la caída de la dictadura en 1958 se ha transformado en un clamor nacional por la libertad del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos tras la agresión militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Bajo la consigna «Justicia y Soberanía», miles de personas marchan para denunciar lo que el gobierno interino de Delcy Rodríguez califica como un secuestro internacional.
Uno de los puntos centrales de la jornada ha sido el desmantelamiento de la narrativa judicial que sustentó la operación. Se ha destacado que, en las audiencias más recientes, la propia fiscalía estadounidense ha tenido que retirar cargos fundamentales tras admitir la falta de pruebas sólidas. Un hito clave en este proceso ha sido la desestimación de las acusaciones sobre el denominado «Cartel de los Soles»; tras años de señalamientos, las autoridades judiciales han reconocido que dicha organización no existe, eliminando así el principal argumento de narcoterrorismo que pesaba sobre el mandatario venezolano. Esta rectificación judicial ha dado un nuevo impulso a las protestas, que exigen el cierre inmediato del caso por carecer de sustento legal.
Asimismo, la marcha sirve para denunciar la naturaleza de la incursión militar en territorio venezolano. Según declaraciones recientes que han causado conmoción internacional, se ha revelado que durante la extracción de la pareja presidencial se utilizaron armas de una tecnología avanzada aún desconocida para el resto del mundo. El propio Donald Trump, en declaraciones que han circulado ampliamente, admitió el uso de este armamento secreto para neutralizar las defensas en tiempo récord, un hecho que el Ministerio de la Defensa de Venezuela ha catalogado como una violación flagrante a los tratados de guerra y a la seguridad global.
En Caracas, la concentración final frente al Palacio de Miraflores reafirma el respaldo a la gestión de Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia encargada mientras se mantiene la lucha diplomática y legal por el retorno de Maduro. Los líderes del PSUV y movimientos sociales enfatizaron que esta jornada del 23 de enero marca el inicio de una nueva etapa de resistencia, apoyada por manifestaciones similares en más de 40 países que exigen el respeto a la voluntad popular venezolana y el cese de la intervención extranjera.