Entre los que redactaron la Ley petrolera de Nacionalización estuvieron los Ministros de Mina, Hacienda, Fomento y de Planificación, doctores Arturo Hernández Grisanti, Héctor Hurtado, Carmelo Lauría y Gumersindo Rodríguez.
En el caso del petróleo, Gustavo Cisneros y Henry Kissinger (como representantes de la Exxon de hoy) se pusieron de acuerdo para asesorar al gobierno e incluyera en la Ley la posibilidad de establecer empresas mixtas para la explotación de hidrocarburos.
El documento original elaborado por la Comisión, apareció reformado por CAP, quien sin consultar a nadie modificó el artículo 5 del proyecto, para que de este modo quedara admitida la posibilidad de que compañías mixtas (empresas trasnacionales) siguiesen participando en el negocio petrolero tal cual como lo venían haciendo en el pasado. Esta modificación produjo un contundente rechazo de Juan Pablo Pérez Alfonso quien la consideró indigna de un país soberano.
Después vino el debate de la opinión pública, en la que Gonzalo Barrios, presidente de AD, y Rómulo Betancourt tomaron la decisión de defender a CAP, en su decisión de modificar el artículo 5. Dice Sanín en su libro “Gracias a ti”[1]: “Todo ese cúmulo de circunstancias se reflejó el día de la promulgación de la Ley en el Palacio de Miraflores, donde no hubo júbilo, ni emoción, ni aplausos, sino una ceremonia fría y burocrática con la presencia de los puros adecos y de perezjimenistas oportunistas. Ese 29 de agostos de 1975, día del “Ejecútese”, fue un hito más en el camino de las traiciones a la soberanía y al pueblo. El epitafio podría ser esta frase de un editorial del periódico The New York Times el 2 de Septiembre de 1975: “El gobierno de Caracas se mostró prudente en la elaboración de una legislación que permite, por contraste a las compañías extranjeras seguir actuando en Venezuela”.
Claro, CAP podía inventar todo lo que quisiera, y Betancourt jamás lo criticaría públicamente, porque estaba sobreentendido que el Presidente Pérez estaba gobernando en un todo de acuerdo con Fedecámaras. Esta organización empresarial estaba entonces bajo el mando del doctor Alfredo Paúl Delfino. El presidente de Fedecámaras no se cansaba de repetir: “Respaldamos totalmente al Presidente de la República. Formaremos todos los Venezolanos un solo bloque para apoyarlo”.
Basta un solo hecho para definir la calidad de la nacionalización que se estaba llevando a cabo: los empresarios se sentían tan eufóricos con la política económica del gobierno que organizaron caravanas para apoyar a CAP, incluso se pusieron de acuerdo para hacerle un gran recibimiento cuando en uno de esos tantos viajes del Presidente al exterior, acudieron con gran alborozo a recibirlo a Maiquetía. Es decir, a CAP no se le ocurría pedir a su partido que organizara al pueblo para un recibimiento en vísperas de la promulgación de una ley tan importante, sino que todos sus contactos y acuerdos se hacían única y exclusivamente con la poderosa central empresarial.
Nadie en Fedecámaras se estaba planteando en aquella ocasión, por ejemplo, una guerra a la pobreza, un plan de pleno empleo como tampoco luchar contra el desabastecimiento, contra la especulación y los privilegios groseros de la oligarquía. Millones de dólares sin control alguno se les entregaban a los empresarios a través de los fondos de Inversiones, los Bancos del Estado, la Corporación de Fomento, la Corporación de la Mediana y Pequeña Industria. Así respondía sabiamente CAP al apoyo de los empresarios, por las presiones que estaba recibiendo del Departamento de Estado.
En aquellos días, era tal la confianza de Estados Unidos en nuestro Gobierno, que a Betancourt le llegaron informes del Presidente Gerard Ford, para que Venezuela asistiese a la conferencia de la OPEP de septiembre de 1975, en Viena con el firme propósito de intermediar para “apaciguar” a los principales Estados miembros (Irán, Argelia, Irak, Libia y Gabón) y se fijase un muy moderado aumento en el precio de barril de petróleo.
Refiere Sanín en su libro[2]: “El 18 de septiembre de 1975, llegó de Washington el Embajador Burelli Rivas como emisario de Gerard Ford y Henry Kissinger con una carta fatídica. El señor Pérez llamó en consulta al ex Presidente Betancourt, al Canciller Escobar Salom, al ministro Valentín Hernández y al Secretario Piñerúa Ordaz; y les planteó en Miraflores la necesidad de “salvar la nacionalización petrolera y los envíos de petróleo a los EE.UU.”, con una posición conservadora, tímida y claudicante en la conferencia de la OPEP, en cuyo seno Venezuela pasó a ser el “very good fellow” del gobierno norteamericano, con menoscabo de un liderazgo que habíamos tenido desde los tiempos de Pérez Alfonso”.
Para esa época se le entregaron informes a CAP que hablaban de que un 70% de los venezolanos estaban desnutridos; que teníamos un 23% de analfabetas; con un 42% de venezolanos por debajo del tercer grado de primaria; donde el 5% de los ricos obtienen el 22% de los ingresos, y con más de 620 mil desempleados. Con la aterradora estadística de que el 72% de las viviendas del país carecían de agua y de cloacas.
Ya para entonces en la capital teníamos un millón de marginados viviendo en los cerros. Que el número de niños de la calle era de un millón ochocientos mil.
