Tras el ataque militar y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez fue elevada a la Presidencia encargada, con el respaldo de Estados Unidos. Desde entonces se han producido un conjunto de cambios políticos, reformas de leyes, en las que se inscribe también la nueva Ley de Amnistía. Estamos por la libertad plena de todos los trabajadores, campesinos, de los sectores populares, luchadores sociales y activistas que han sido presos injusta y arbitrariamente, la gran mayoría invisibilizados.

En la primera semana de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de "Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática", promovido por el Ejecutivo de Delcy Rodríguez. El texto, apoyado por unanimidad en su primer debate, propone amnistiar a personas procesadas o condenadas por delitos políticos ocurridos en un período que va desde 1999 hasta 2026, lo que teóricamente abarcaría a presos de diversas coyunturas de confrontación y tensión política, con exclusiones, según el texto, a "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas".

El gobierno la presenta como un paso hacia la "reconciliación nacional y el fin de la confrontación política del país". Pero la Ley de Amnistía aparece como una pieza clave dentro de una arquitectura política que no puede comprenderse fuera de un escenario forjado por la intervención estadounidense.

El gobierno que hoy encabeza Delcy Rodríguez actúa bajo las coordenadas de un ordenamiento diseñado en Washington, donde los hilos se mueven al ritmo de las exigencias de Donald Trump y la influencia directa de figuras como Marco Rubio. Las imposiciones desde la Casa Blanca han tenido como eje explícito la política petrolera, la apertura de sectores estratégicos, y una Ley de Amnistía no puede estar fuera de este contexto.

En este marco, la Ley aparece no solo como un movimiento político puntual, sino como un componente de esa "hoja de ruta" internacionalmente supervisada para redefinir el mapa político interno del país. La ley tiene su origen post acto de intervención donde se configuran propósitos al estilo "borrón y cuenta nueva" para una "transición" a un régimen neocolonial y una reconfiguración política del país que aún está por verse.

Lo que establece la Ley es amnistía para los condenados o judicializados por diferentes hechos de violencia en el marco de la lucha política en momentos específicos definidos (10 situaciones delimitadas), por tanto, dejando por fuera a todos aquellos y aquellas que sufrieron persecución, sufren cárcel, condenados en todo el largo períodos donde se violentaron los derechos. En otras palabras, a la gran mayoría de los trabajadores, campesinos, los presos por luchar por sus demandas, desde luchas salariales contra los patrones privados o estatales, por el derecho a la tierra, democráticas y políticas, que en el marco de la crisis económica luchaban por que no cayera sobre sus espaldas toda la crisis.

También deja por afuera a muchísimos luchadores sociales, populares, por demandas democráticas, por el simple hecho de denunciar corrupción o peor aún por tan solo opinar diferente en una red social. Por otra parte, estamos ante una Ley que abre marco a la impunidad. Se está, por tanto, lejos de lo que dice el gobierno de cualquier tipo de "convivencia democrática", en una ley de negociación de las élites en conflicto orientada desde Washington.

Se deja intacto todo el entramado de leyes base de la represión

Pero la Ley de Amnistía, en lo que al borrador se refiere, no modifica ni deroga las leyes represivas que han sido empleadas para perseguir y encarcelar a trabajadores, activistas y sectores populares. Mientras se habla de "reconciliación", el Estado mantiene intactas las herramientas que le permiten volver a encarcelar mañana a quien alce la voz. ¿Puede realmente hablarse de una amnistía cuando el andamiaje jurídico que posibilita la represión sigue intacto? ¿Por qué la Ley de Amnistía no viene acompañada de la anulación de todo su entramado de leyes, la disolución de todo el aparato represivo y bandas parapoliciales?

Todo el arsenal jurídico creado para criminalizar la protesta queda en pie: Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales; la Ley Simón Bolívar; la Ley de Seguridad de la Nación que sanciona a quienes promuevan conflictos laborales o huelgas, particularmente en industrias básicas, con pena de prisión, y demás entramado de leyes que penalizan el derecho a huelga en todos los sectores que, de manera discrecional, el gobierno establece como estratégicos; y muchas otras normativas que han llevado a la militarización de la justicia y al encarcelamiento de muchos activistas.

Libera ahora mientras mantiene la espada de Damocles sobre la cabeza de cualquier movimiento social, sindical o popular que en el futuro sea señalado como "terrorista" o generador de "odio" según estas leyes draconianas. La impunidad para los aparatos represivos del Estado permanece intacta. Por otra parte, la redacción de la Ley deja un margen interpretativo enorme en manos del poder judicial, un poder que ha sido un brazo fundamental del autoritarismo gubernamental. No se cuestiona en ningún momento las estructuras que lo generaron, como tampoco el marco que produjo esas detenciones políticas arbitrarias y represivas.

Todas estas leyes incluso pueden llegar a fortalecerse como también los mecanismos de represión interna para garantizar la "paz social" que requieren las nuevas imposiciones políticas y los pactos de los de arriba. Se preservan así las herramientas para reprimir los conflictos sociales y de los trabajadores que inevitablemente generarán las políticas económicas por venir.

Ni la más mínima alusión a las bandas parapoliciales del Estado y su disolución, como las que atacaron en medio de la noche del 5 de agosto de 2025 a las Madres en Defensa de la Verdad que reclamaban por la libertad de sus hijos. Se habla de "clemencia soberana" cuando hay centenares de presos que no han cometido delito alguno, solo luchar, protestar y reclamar derechos democráticos, laborales o por el simple hecho de opinar.

Desde el punto de vista de las libertades democráticas básicas, toda política que libere a personas encarceladas por su pensamiento o por luchar debería ser considerada positivamente por quienes defendemos los derechos de los trabajadores y los sectores populares. Sin embargo, una amnistía circunscrita a la lógica de una política de Estado diseñada en conjunto con el imperialismo estadounidense plantea estas cuestiones.

La Ley de amnistía no puede entenderse aislada

La Ley de Amnistía no puede entenderse aislada. Viene de la mano de otras reformas clave, como la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos, que abre la industria petrolera venezolana al capital extranjero, reduce el control estatal tradicional y establece mecanismos que favorecen los intereses del gran capital internacional y nacional. Tras la intervención todo se ha acelerado en el país, con leyes exprés que se votan aceleradamente.

Estados Unidos siempre intentó por todos los medios, a lo largo de los muchos años, restablecer su dominio sobre Venezuela bajo distintas vías, desde tentativas de golpes de Estado como la última embestida del títere de Juan Guaidó y su gobierno interino comandado desde Washington, sanciones económicas cada vez en escala mayores, amenazas militares permanentes donde "todas las opciones estaban sobre la mesa". Tiempos en que el país vivía momentos de un empate catastrófico entre un gobierno cada vez más represivo, autoritario y antiobrero, por un lado, y por una oposición de derecha que entre sus sectores más extremos pugnaban por intervenciones directas, su alineamiento con Washington.

Pero la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero, definió el conflicto, con un desenlace directo, imponiendo sus designios y un gobierno tutelado, el encabezado por Delcy Rodríguez, donde el imperialismo se sirve del propio chavismo gobernante, con acuerdos espurios y pactos. Las leyes económicas, y la reciente ley de amnistía, funcionan como partes de un mismo proceso: una "transición" cuyo destino último es reconfigurar las relaciones de clase y de poder en Venezuela y en el marco de la política neocolonial de Donald Trump. Se habla de "democracia", pero donde todas las decisiones son y serán tomadas por la potencia imperialista de Estados Unidos.

Si el sector de María Corina Machado y todo su combo siempre propugnaron por un estatus neocolonial en el país, ahora vemos, tras la intervención, como todos se terminan disciplinando, desde los llamados sectores del centro político, incluyendo a los Capriles hasta los que antes se llenaban la boca con frases de "antiimperialismo" como el chavismo gobernante, hoy bajo Delcy Rodríguez. Llegando a una situación donde ninguno de los principales factores políticos cuestiona el nuevo estatus neocolonial del país.

La Ley de Amnistía, tal como ha sido planteada, es parte de un tablero político en el que confluyen intereses internos y presiones externas, negociaciones internacionales y disputas internas de poder. No estamos ante un proceso democrático impulsado desde abajo, sino ante una recomposición negociada entre élites políticas nacionales e intereses internacionales.

La hipocresía del oficialismo y la narrativa de "reconciliación"

Durante años, el aparato gubernamental sostuvo que en Venezuela no existían presos políticos, sino delincuentes comunes o conspiradores. Esa narrativa sirvió para justificar detenciones arbitrarias, persecuciones judiciales y criminalización de luchas laborales y sociales.

Uno de los elementos más llamativos del discurso oficial ha sido la insistencia —en voz de figuras como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional— en que "no les gustan los presos". Esta frase, repetida como consigna justificadora de la amnistía, choca con décadas de negación sistemática de la existencia de presos políticos y con décadas de represión institucionalizada que nunca fue cuestionada en serio por ninguna cúpula del chavismo; todo lo contrario, se justificaba.

Jorge Rodríguez, durante años, fue un vocero clave de un gobierno que utilizó el sistema de justicia para criminalizar la protesta social y perseguir a opositores. Es fácil decir estas afirmaciones cuando nunca se ha estado tras las rejas por defender un salario o un derecho sindical; es cínico cuando se ha estado a la cabeza del andamiaje que facilitó esas detenciones.

Libertad inmediata para los trabajadores, campesinos y presos de los sectores populares

Desde nuestra perspectiva, cualquier discusión debe partir de dos premisas fundamentales: la independencia política de la clase trabajadora frente al gobierno y frente a la oposición de derecha, y la defensa irrestricta de las libertades democráticas, la liberación de todos los trabajadores, campesinos, de sectores populares, activistas, presos por protestar, por razones políticas o por tan solo denunciar corrupción. Pero por el entramado de lo que se anuncia y se quiere promulgar, más bien estamos ante una ley de negociación de las élites de poder y direccionadas desde Washington.

En este sentido, la necesidad de que los trabajadores, campesinos, activistas, comunitarios y militantes sociales sean liberados es irrenunciable, y cualquier proceso de libertad debería asegurar su excarcelación sin condiciones arbitrarias, sin exclusiones legales injustas y sin más persecución. La liberación de los presos por luchar debe ser inmediata y plena, garantizando el cese de los procesos judiciales arbitrarios, la anulación de sentencias injustas y la reparación de los daños sufridos.

No hay ley de Amnistía que deja por fuera a los miles de trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres, de los sectores sociales víctimas de la criminalización de la protesta social, laboral y campesina, la judicialización a todos aquellos que denuncian actos de corrupción, la judicialización de trabajadores que tras la etiqueta de "delitos comunes" en realidad es represalia patronal y represión política como vemos con trabajadores del sector petrolero, eléctrico, siderúrgico, etc. que incluso se les acusa de "saboteos"; como aquellos casos de trabajadores, campesinos y habitantes de comunidades que en contextos de luchas sociales tienen una violación sistemática del debido proceso y retardos procesales eternos (con algunos casos de hasta diez años encarcelados sin sentencia firme). Así como también donde no existe reparación e indemnización a las víctimas, incluyendo las restituciones a sus puestos de trabajo, con pago de salarios caídos, y de sus bienes, a quienes les fueron despojados en los procesos arbitrarios. No lo hacen porque quieren dejar invisibilizados a todos estos sectores y dejar intactas todas las leyes represivas en el marco de mantener a raya y amedrentados a todos los sectores del pueblo trabajador y pobre, en función de los acuerdos de los de arriba.

Durante años, tanto desde La Izquierda Diario como desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) hemos denunciado sistemáticamente la represión gubernamental, siendo parte e impulsando campañas por la libertad de trabajadores perseguidos y denunciando la criminalización de las luchas sindicales, obreras, campesinas, de la juventud, de la mujer y populares. Esta trayectoria política forma parte de una tradición de defensa de los derechos democráticos desde una posición independiente del chavismo gobernante y de la oposición patronal de la derecha.

Uno de los ejemplos emblemáticos fue el caso del obrero ferrominero Rodney Álvarez, por el cual durante 11 años nunca bajamos la bandera, y más recientemente, por la libertad plena de todos los jóvenes de los sectores populares detenidos tras las protestas postelectorales ante el fraude del 28 de julio.

Toda esta lucha por nuestras demandas urgentes es parte de una pelea más amplia contra la agresión imperialista, que busca imponer sus intereses económicos y políticos sobre la soberanía venezolana y su pueblo, y el plan de Trump de transformar a Venezuela en un protectorado. Denunciar estas políticas en curso, desenmascarar la política colaboracionista del gobierno y enfrentar el plan neocolonial de Trump se convierte en una tarea central para quienes defendemos la soberanía nacional y los derechos de la clase trabajadora.

Denunciar y resistir la arbitrariedad, la represión fue y es una tarea que, desde nuestras filas hemos sostenido con insistencia ante cada ola represiva. Defender la libertad de los trabajadores presos, de los campesinos, de las comunidades, de presos políticos y populares es un principio político. Esto solo puede ser conquistado por la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo.