Soberanía y Alternativas Populares en el Siglo XXI

Geopolítica y Geoeconomía de la Estrategia Energética de Estados Unidos hacia Venezuela

La relación entre Estados Unidos y Venezuela en el siglo XXI representa un caso de estudio paradigmático de la intersección entre la geopolítica de los recursos energéticos, la soberanía nacional y la voluntad popular. Este análisis critica la premisa de que la necesidad energética de Estados Unidos constituye el factor determinante de su política hacia Venezuela, argumentando que, si bien el petróleo venezolano es un elemento crucial, la estrategia estadounidense está primordialmente orientada por un objetivo geopolítico de mayor envergadura: contrarrestar la influencia de potencias extra-hemisféricas y reafirmar su hegemonía en el continente americano.

La narrativa de la "deficiencia energética" sirve más como un casus belli conveniente que como el motor único de la acción. Frente a esta presión, la disyuntiva del pueblo venezolano no se reduce a una elección binaria de "solicitar el cambio de gobierno o sostenerlo", sino que se despliega en un espectro complejo de alternativas que navegan entre la resistencia, la negociación, la reinvención económica y la búsqueda de un nuevo contrato social. Para comprender esta dinámica, es indispensable una comparación histórica con el siglo XX, donde las relaciones estuvieron marcadas por una interdependencia petrolera manejada dentro de un marco de alineamiento geopolítico, en contraste con la confrontación abierta del presente.

La Evolución de la Estrategia Energética Estadounidense: Del Interés Comercial a la Herramienta Geopolítica

La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina ha estado históricamente ligada a la seguridad y el acceso a los recursos. En el siglo XX, la relación con Venezuela estuvo definida por el modelo de "petróleo por seguridad". Tras el descubrimiento de vastas reservas, compañías estadounidenses como Standard Oil (antecesora de ExxonMobil) y Shell dominaron la industria. La Doctrina Monroe y el "Corolario Roosevelt" sentaron las bases de una injerencia justificada en nombre de la estabilidad regional, que en la práctica protegía los intereses comerciales. Sin embargo, a partir de la nacionalización del petróleo en 1976 y la creación de PDVSA, se estableció un modus vivendi.

Venezuela, aunque miembro fundador de la OPEP, mantuvo un flujo constante de crudo pesado a refinerías especializadas en la costa del Golfo de Estados Unidos. Esta relación era puramente geoeconómica: Estados Unidos obtenía un suministro confiable, y la élite venezolana, aliada a Washington, gestionaba la renta. La seguridad energética se entendía como la estabilidad de los flujos comerciales dentro de un marco de alineamiento político.

El punto de inflexión fundamental llega con la elección de Hugo Chávez en 1999 y su proyecto del "Socialismo del Siglo XXI". La política venezolana dejó de ser de alineamiento automático para convertirse en un eje de resistencia antiestadounidense, promoviendo alternativas de integración como el ALBA y utilizando los ingresos petroleros para financiar programas sociales domésticos y alianzas internacionales que desafían la influencia de Washington. Desde la perspectiva de Estados Unidos, esto transformó a Venezuela de un socio energético problemático pero manejable en una amenaza geopolítica directa en su "patio trasero".

La "necesidad energética" se reconfigura. Ya no se trata solo de asegurar el crudo, sino de negar el uso de la renta petrolera como instrumento de poder a un gobierno hostil. Como señala el analista Michael T. Klare, la energía se convierte en un "arma de doble filo": los estados consumidores buscan asegurar el acceso, mientras que los estados productores pueden usar la energía como herramienta de apalancamiento político (Klare, 2008). La estrategia estadounidense, por tanto, evoluciona de la búsqueda de interdependencia a la imposición de máxima presión para provocar un cambio de régimen, buscando no solo el petróleo, sino un cambio en el control del petróleo.

La "Deficiencia Energética" como Motor Único.

Es un lugar común argumentar que la obsesión de Washington con Venezuela se explica por su condición de poseedora de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, se revela que esta es una visión simplista:

En primer lugar, la “revolución del fracking” convirtió a Estados Unidos en el mayor productor mundial de petróleo y gas, alcanzando la autosuficiencia e incluso exportando energía. Su dependencia de las importaciones del Golfo Pérsico y Venezuela ha disminuido significativamente. La "deficiencia" no es, por tanto, una cuestión de supervivencia nacional como pudo serlo durante las crisis petroleras de los años 70.

En segundo lugar, el crudo venezolano es pesado y extrapesado, requiriendo procesos de refinación costosos y complejos. Las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos están adaptadas para procesarlo, pero no son irremplazables. La verdadera urgencia para Washington es geopolítica. Una Venezuela bajo el chavismo ha fortalecido alianzas con Rusia (a través de inversiones de Rosneft y apoyo militar) y China (mediante los "préstamos por petróleo" que superan los 60.000 millones de dólares).

Para la estrategia de competencia entre grandes potencias que define la política exterior estadounidense actual, permitir que un estado "adversario" como Rusia o una "potencia rival" como China tengan una influencia tan profunda en el hemisferio occidental es inaceptable. La política de "cambio de régimen" busca, en esencia, desalojar a estas potencias y reorientar a Venezuela hacia la órbita de influencia estadounidense. El petróleo es el botín, pero la partida es por la hegemonía regional. La imposición de sanciones económicas devastadoras, el embargo petrolero y el reconocimiento de presidente interino en 2019 son instrumentos de esta guerra híbrida cuyo fin último es la rendición del gobierno de Maduro.

Como documenta la economista Pasqualina Curcio, el impacto de estas sanciones ha sido catastrófico, constituyendo una forma de "castigo colectivo" que ha profundizado la crisis humanitaria y limitado severamente la capacidad del Estado para importar alimentos y medicinas (Curcio, 2020). Esta no es una política diseñada para facilitar el flujo de petróleo, sino para estrangular financieramente al gobierno hasta su colapso, demostrando que el objetivo trasciende lo meramente energético.

Comparación Histórica con el Siglo XX: Del Consenso de Washington al “ALBA”

La diferencia fundamental entre el siglo XX y el XXI radica en el marco ideológico de la relación. Durante la Guerra Fría y la era del Consenso de Washington, Venezuela fue un aliado estable. Gobiernos de Acción Democrática y COPEY, a pesar de sus diferencias, operaban dentro de los parámetros del capitalismo global y la alianza con Occidente. La “nacionalización petrolera” de 1976 no alteró este esquema; de hecho, fue una medida de capitalismo de estado que garantizó que la renta siguiera beneficiando a una élite local conectada con el mercado internacional. La relación era de subordinación consentida dentro de un orden liberal.

El “chavismo” rompió este consenso. Al promover un proyecto soberanista, antiimperialista y de redistribución radical de la renta, desafió los fundamentos del orden liderado por Estados Unidos en la región. La creación de PETROCARIBE, que ofrecía petróleo en condiciones financieras favorables a países del Caribe y Centroamericanos, erosionó la influencia económica estadounidense. La retórica de Chávez, que denunciaba al "imperio" y al "capitalismo salvaje", representaba una amenaza ideológica directa. La respuesta de Estados Unidos ya no podía ser la de la coexistencia pragmática del siglo XX. La amenaza ya no era el “comunismo soviético”, sino un populismo que, desde dentro del hemisferio, cuestionaba la legitimidad del liderazgo estadounidense.

Por ello, las herramientas han cambiado: en el siglo XX, la influencia se ejercía a través de apoyo a élites, presión económica "suave" y, en casos extremos, golpes de estado encubiertos (como el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954). En el siglo XXI, ante la imposibilidad de una intervención militar directa tras el fracaso en Irak y Afganistán, Estados Unidos perfecciono un arsenal de "medidas coercitivas unilaterales" o sanciones, guerra económica y guerra mediática (guerra cognitiva que el gobierno de Chávez y maduro también aplican), buscando un cambio de régimen por asfixia financiera y desestabilización interna.

Las Alternativas del Pueblo Venezolano: Más Allá de la Dicotomía Impuesta

Frente a esta presión externa sin precedentes y a una crisis humanitaria compleja, la disyuntiva para el pueblo venezolano es profunda. La opción binaria de "sostener o no a Maduro" es una simplificación que ignora la agencia política de una sociedad exhausta pero resistente. Las alternativas reales son más matizadas y se disputan en un campo de batalla política fracturada.

  1. La Resistencia y la Reafirmación Soberana: Esta alternativa, promovida por el oficialismo, consiste en sostener al gobierno de Maduro como un mal necesario frente a la agresión externa. Se argumenta que cualquier concesión a Washington sería una capitulación de la soberanía nacional y llevaría a una recolonización del país. La estrategia implica profundizar las alianzas con Rusia, China, Irán y Turquía para evadir el cerco financiero, diversificar los mercados petroleros (principalmente hacia India y China) y promover una "economía de resistencia" basada en la producción nacional, aunque con resultados limitados.

El riesgo de esta vía es la profundización del aislamiento internacional, la dependencia de nuevos patrones (como Rusia y China) y la perpetuación de una economía de escasez que castiga a la población.

  1. La Negociación y la Búsqueda de un Acuerdo de Coexistencia: Esta alternativa, representada por sectores de la “oposición moderada” y actores internacionales como Noruega y México, busca una salida negociada a la crisis. El objetivo no es la rendición incondicional de una de las partes, sino un acuerdo que incluya garantías políticas para el “chavismo” (como la no persecución judicial) a cambio de elecciones libres y supervisadas, y el levantamiento gradual de las sanciones internacionales. Esta vía apuesta por una normalización política que permita la recuperación económica con ayuda internacional.

El riesgo es la fragilidad de los acuerdos, la posible fractura de ambos bandos (el “chavismo duro” y la “oposición radical” rechazan esta vía) y la dificultad de reconstruir la confianza en un escenario post-conflicto.

  1. La Reconstrucción del Tejido Social y la Agenda Propia: Existe una tercera vía, menos visible pero crucial, que emerge desde la sociedad civil, Movimientos y Partidos de Izquierda y comunidades locales. Ante el colapso de los servicios públicos y la economía formal, miles de organizaciones vecinales, cooperativas y grupos de base han desarrollado mecanismos de supervivencia autogestionaria. Esta alternativa implica priorizar la solución de problemas concretos (acceso a agua, alimentos, medicinas) por encima de la polarización política abstracta. Es un camino que busca reconstruir el “poder popular” desde abajo, forzando a los factores políticos a responder a una agenda ciudadana que exige el fin del sufrimiento, quien sea que esté en el poder.

Esta opción representa la búsqueda de una soberanía no definida por la lealtad a un gobierno o a una potencia extranjera, sino por la capacidad de la sociedad para autodeterminar su futuro.

Y, finalmente, la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela no puede reducirse a una mera ecuación de oferta y demanda petrolera. Es una estrategia esencialmente geopolítica, destinada a eliminar un foco de resistencia antihegemónica en su esfera de influencia inmediata y a contrarrestar la presencia de Rusia y China. La comparación con el siglo XX muestra cómo el factor determinante no fue nunca el petróleo en sí, sino el marco político-ideológico dentro del cual se comercializaba. La confrontación actual es el resultado de la ruptura de ese marco por parte de la “Revolución Bolivariana”.

Ante esta realidad, el pueblo venezolano se encuentra ante un abanico de alternativas que trascienden la falsa dicotomía de sostener o derrocar a Maduro. La verdadera encrucijada es elegir entre la resistencia soberana a costa del aislamiento, la negociación pragmática con sus riesgos de fragilidad, o la lenta y dolorosa construcción de una nueva soberanía desde las bases de la sociedad, que obligue a una reconfiguración total del sistema político. El futuro de Venezuela dependerá de la capacidad de su pueblo para encontrar una salida que reconcilie la independencia nacional con la urgente necesidad de bienestar y reconciliación, en un contexto internacional cada vez más complejo y competitivo.

Referencia Bibliográfica

Un análisis fundamental para comprender la transición de los conflictos por recursos en el siglo XXI lo proporciona Michael T. Klare en su obra Potencias en ascenso, planeta en contracción: La nueva geopolítica de la energía (2008), donde argumenta que "la era de los recursos fáciles ha terminado, y estamos entrando en una época de intensa competencia por las últimas reservas de energía del planeta, una competencia que redefine las alianzas internacionales y los conceptos de seguridad nacional" (Klare, Michael T. 2008). Esta perspectiva es crucial para enmarcar la política estadounidense no como una búsqueda de simple abastecimiento, sino como una parte integral de su estrategia de seguridad nacional en un mundo multipolar. https://media-1.carnegiecouncil.org/import/studio/Rising_Powers_Shrinking_Planet.pdf

Además, para cuantificar el impacto humanitario de las sanciones, el trabajo de Pasqualina Curcio, La economía como arma de guerra no convencional contra Venezuela. Entrevista a Pasqualina Curcio Curcio. Luz Marina Toro Vegas, Sonia Boueiri Bassil. (2024), proporciona datos críticos que demuestran la correlación directa entre las medidas coercitivas unilaterales y el colapso económico. Su investigación, disponible a través del Boletín del Grupo de Trabajo Pensamiento jurídico crítico y conflictos sociopolíticos (CLACSO), sostiene que "el bloqueo financiero y comercial ha sido el principal factor detonante de la hiperinflación y la contracción del PIB, configurando un escenario de guerra económica no convencional" (Curcio, 2024). https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/03/V1_Critica-juridica_N20.pdf.



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Oscar Flores


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