Después de nuestra salida del Pacto Andino, apartarnos del yugo del FMI y Banco Mundial es fundamental para garantizar nuestra Soberanía. Los ADPIC, que constituyen la flor y nata de los tratados imperiales, puede ser, en esta etapa, el último dragón a combatir.

Ese convenio, redactado por el imperio de las transnacionales y firmado por casi todo el mundo, contiene resoluciones sobre “derechos de autor” que, en verdad son derechos empresariales, como una manera de presionar a los diferentes gobiernos débiles del mundo para que sólo reciban las mercancías provenientes de las empresas dominantes de la denominada “industria cultural”. De allí surge el fantasma de la “piratería”, término acuñado con el fin de criminalizar la producción artesanal de libros, discos, y otros artículos, y a toda industria naciente del tercer mundo.

De acuerdo a la legislación vigente en el planeta, ni el mismo autor o autora tiene derecho sobre sus obras una vez que los vende a precio de gallina flaca a las corporaciones. Esa legislación despoja a los creadores de un derecho humano del cual después se valen para defender sus monopolios comerciales.

En Venezuela hemos avanzado grandemente en la creación de una legislación de transición hacia el socialismo, pero hemos dejado para después lo relativo a la “propiedad” intelectual. En los momentos actuales es menester avanzar en este sentido, aprobando una ley de derechos de autor y autora que consagre estos derechos humanos, rescatándolos del secuestro en que los tienen los amos del mundo, donde quede claramente a salvo nuestra Soberanía cultural.

Cuando en 2004 surgió un Proyecto de Ley de Derechos de Autor y Autora que contenía elementos progresistas, el principal argumento que enarbolaron aquellos que lo adversaron, fue que estaba al margen de los convenios internacionales y afectaba los derechos de las empresas. Tres años después, pasando varias veces sobre los lapsos contenidos en la Constitución Bolivariana, el proyecto sigue estancado. El poderoso lobby transnacional cuenta con voceros colocados en puntos clave del mundo cultural venezolano que asedian permanentemente a altos funcionarios de nuestro gobierno para que realicen un trabajo de hormiguita carnívora entre bastidores para lograr sus objetivos. De esa manera han logrado que la malhadada “Ley sobre el Derecho de Autor” siga vigente tres años más. Y cada día que ese esperpento jurídico siga vigente, es una victoria para aquellos que se apoderaron de todo, hasta del derecho a pensar y a crear, y lo convirtieron en una mercancía más.

No conviene a las transnacionales “culturales” presentar un proyecto alterno al que está aprobado en primera discusión desde hace tres años; porque sería sometida a discusión y tendrían que modificarla en algo para que “pase”, convertirla en gragea, rodeándola de dulce o encapsularla en alguna medida social, y eso no les conviene. Lo que realmente quieren lo han obtenido: Que siga vigente la dictatorial ley redactada por sus lacayos en 1993, que no puede ser peor.

Es nuestro deber lograr que el espíritu de la Revolución Bolivariana se haga carne también en la legislación de “propiedad intelectual”, produciendo una ley socialista donde usuarios y usuarias, autores y autoras, junto con el Estado, asuman el protagonismo. Para ello es necesario revisar el proyecto que está aprobado en primera discusión y transformarlo.