16-09-23.-El pasado miércoles 13 de septiembre, la Asamblea de Ciudadanos del municipio Caroní, asociación creada para rechazar las altas tarifas de Fospuca Caroní, ofreció una rueda de prensa para denunciar que el sistema tarifario de la compañía violenta varios artículos de la recién promulgada Ley de Armonización Tributaria.

En este sentido señalaron como la principal violación a la norma el hecho de que, tras una modificación en la ordenanza municipal concerniente a la recolección de desechos, haya sido la Alcaldía de Caroní quien fijara el precio del servicio denominándolo “tarifas”, en lugar de “tasa”, que corresponde al tributo que los ciudadanos deben pagar por la prestación del servicio.

En el artículo 8 de la Ley de Armonización Tributaria se establece que “los estados y municipios no podrán cobrar impuestos, tasas o contribuciones que no se encuentren previstos en leyes estadales u ordenanzas, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley nacional”.

Simón Yegres, líder de la asamblea, destacó que la gestión de la compañía ha propiciado una gran voracidad fiscal y avaricia mercantil en la región.

“Aquí en Caroní, el alcalde y su concesionaria ya están violando la nueva ley. Es insólito. El artículo 49 establece que el monto de la tasa -porque es tasa no tarifa- se establece de acuerdo a la ley especial que regula la materia y la opinión del Consejo Superior de Organización Tributaria. Los montos son competencia nacional. Además hace referencia a factores como la generación de desechos y zonificación. Esto ya lo están violando”, alegó Yegres.

Generación de desechos se impone sobre metros cuadrados
Uno de los principales reclamos en torno al servicio de Fospuca son los parámetros que utiliza para fijar sus tarifas, en este sentido, la compañía desde su instalación en noviembre de 2022 ha venido fijando los montos según los metros cuadrados de los comercios.

Desde entonces la asamblea ha considerado esto una falta hacia el ciudadano, manifestando la necesidad de que los montos sean fijados según la generación de desechos. Esto considerando que, según cifras de Fedecámaras Bolívar, la mayoría de los grandes comercios y el sector industrial poseen planta ociosa.

Sobre esto, el artículo 49 de la nueva normativa establece que los factores para determinar el monto deben ser “la cantidad de generación de basura, zonificación y otras variables aplicables y garantizando la viabilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio”.

Hay que señalar que concejales y especialistas han venido denunciando cómo esta metodología es errada y se traduce en un tributo confiscatorio, puesto que muchas veces las facturas superan los ingresos brutos del comercio. Esto viene siendo denunciado por el gremio empresarial y la asamblea de ciudadanos desde finales de 2022.

En este orden de ideas, en julio de este año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Superintendencia de Tributos de Caroní rendir cuentas sobre el bloqueo del portal fiscal para la declaración de impuestos por impagos a Fospuca, medida coercitiva tomada por la Alcaldía para obligar el pago del servicio.

Exigencia de pagos en dólares

El artículo 13 de la normativa de armonización tributaria establece que “todos los tributos estatales y municipales, así como sus accesorios y sanciones, deberán ser pagados en bolívares. Ninguna autoridad estatal o municipal podrá proceder al cobro de tributos, accesorios o sanciones en moneda extranjera”.

Con respecto a esto, la asamblea rechazó la fijación de las tarifas en dólares, así como los convenios de pago preparados por la empresa en los que se establece que el pago del servicio debe hacerse en dólares.

“No es posible y nosotros lo venimos diciendo. Nosotros tenemos modelos de convenios de pago de Fospuca suscritos por personas en los que, a fines de cumplir con el pago, se conviene pagar exclusivamente en dólares”, destacó el vocero de la organización.

Asimismo, Yegres alegó que la nueva normativa valida la lucha de la organización. A su vez exhortó a la comunidad a no firmar ningún convenio de pago con la empresa, ya que las tarifas son irregulares y fueron fijadas bajo parámetros que no son acordes con el marco legal venezolano.

“Nadie tiene ninguna deuda con Fospuca. No hay deuda. A nadie le pueden estar cobrando nada. No hay providencia legal: no hay deuda. Cuando te llaman a negociar deuda… No. ¿Quién está hablando de deuda? Aquí no hay deuda con esa empresa. Nadie debe firmar convenio de pago con un privado que se asume como autoridad en esta materia”, enfatizó Yegres.