Hubo un pacto entre la iglesia y Pérez Jiménez para crear la UCAB

En cuanto al tema de la educación, la Iglesia estaba dirigiendo una soterrada reforma para imponerse ideológicamente; ella, desde el derrocamiento de Rómulo Gallegos venía jugando el papel decisivo en la orientación política y moral del gobierno. Había que escucharle. En un principio, los colegios públicos comenzaron a ser invadidos por curas españoles franquistas que exigían como materias obligatorias las religiosas, pero sobre la marcha se estaban también movilizando para crear colegios y universidades que estuviesen directamente bajo su control. Con toda la tradición maquiavélica en los nervios astutamente sabían usar muy bien el método del descrédito como paso previo al tiro en la nuca. Pérez Jiménez temblaba al pensar que un día esta gente le fuese a quitar el poder porque ese día se iría de bruces. La lección del 48 había sido terrible tanto para Pérez Jiménez como para Betancourt. Por eso, Betancourt desde el exilio no dejará de aconsejar a su gente que trate de mantener las mejores relaciones con la Iglesia, porque así sacaron a Gallego un día cualquiera de estos también pueden sacar a “Tarugo”.

Ahora bien, ningún servicio hace Iglesia impunemente, gratuitamente. Cuando Pérez Jiménez, a partir de 1952, consolida su dictadura, tratando de darle un cariz “democrático” mediante la fulana constituyente, la Iglesia considera que le ha llegado la hora de cobrar, y se lo hace saber sin muchos merodeos. Todos los ministros de Pérez son conservadores, católicos y razonables. Era ella como única institución política imperecedera que puede funcionar legalmente bajo cualquier régimen, no se sentía a gusto con el presupuesto que recibía por los inmensos servicios prestados al gobierno, y exigió que se le elevara a 557.000 bolívares, es decir más del doble del que le había entregado Gallegos[1].

Durante el gobierno de Gallegos la Iglesia se había visto obligada a solicitar permiso para el ingreso de sacerdotes extranjeros, ahora a Pérez Jiménez se le exigió que eliminara cualquier tipo de traba o de control en este aspecto. Con esta avalancha de curas llegados de todas partes, especialmente de España, la Iglesia consiguió crear seis nuevas diócesis.

Era la época en que los jesuitas golpistas estaban haciendo con todo derecho su agosto, y fueron a por lo que más les importaba: penetrar profundamente los espacios educativos para que nunca se volviera repetir los traumas sufridos con Gallegos. Sometidos a estas presiones de la Iglesia, entre los primeros actos de la dictadura estuvo el promulgar un estatuto de educación que reemplazara la Ley Orgánica. Pese a que esta Ley era muy débil y tímida ante las ambiciones que pretendía la cúpula eclesiástica, así y todo tuvo que ser borrada. Como la Ley Orgánica solicitaba que las clases de religión que se ofrecieran tenían que ser fuera de las labores docentes regulares, con este estatuto era obligatorio que se dictasen dos horas semanales y dentro del horario normal de clases. Regresaban los crucifijos y las vírgenes a los salones, las clases de catecismo, las primeras comuniones colectivas en los liceos.

Por otro lado se acabó aquel horrible pleito que produjo manifestaciones, huelgas, protestas hasta frente a Miraflores y aquellas explosiones de críticas por los medios de comunicación en las que se hizo aparecer al pobre gobierno de Gallegos como lo más cercano al comunismo. El estatuto logró penetrar el poder que venía teniendo el Estado en la formación de los docentes, y entonces se instituyó que los egresados de nuestras Universitarias equipararan sus títulos con los graduados en el Instituto Pedagógico Nacional, esto con el fin de que se acogiesen en igualdad de condiciones a las promociones que saldrían de la Universidad Católica cuya inauguración se tenía preparada para 1953.

Hay que reconocer que entre 1945 y 1948 el presupuesto para educación se triplicó (hasta llevarlo a 119 millones), mientras que entre 1948 y 1958 la dictadura lo frenó manteniéndolo casi inalterable en solo 178 millones. Quien desaceleró este crecimiento fue el sector privado de la educación controlado por la Iglesia que estaba tomando un gran auge. La Iglesia había entendido muy bien que el sistema que le favorecía debía estar consolidado con el poyo de la clase alta, y que ésta no debía formarse exclusivamente en la UCV o en cualquier otro centro educativo del Estado.

Dice Daniel Levine[2] que en la educación primaria durante la dictadura poco creció pero en cambio el reclutamiento privado se multiplicó por más de tres. El número de escuelas primarias públicas disminuyeron y las privadas se quintuplicaron. En la Educación Secundaria este fenómeno fue mucho más marcado. Mientras que sólo 12 nuevos liceos públicos fueron abiertos durante la dictadura, en cambio casi 200 colegios privados fueron creados en sólo seis años.

En el tema de educación superior el avance también fue arrollador: se fundaron las universidades privadas la Católica Andrés Bello, UCAB, y la Santa María, de tal modo que en poco tiempo, entre 1953 y 1958, ellas iban a acaparar el 20% del total de estudiantes universitarios.

Quien hace la solemne apertura de las actividades la UCAB, en su antigua sede del Colegio San Ignacio ubicado en la esquina de Jesuitas de Caracas es el potentado empresario y Ministro de Educación, doctor José Loreto Arismendi, en presencia del Nuncio Apostólico Armando Lombarda y J. L. Salcedo Bastardo, rector de la Universidad Santa María. Por eso hoy en la UCAB se cuenta con la “José Loreto Arismendi”, donde se realizan actos culturales.

Pérez Jiménez, pues, se portó harto generoso con el sector privado de la educación, dejándole que controlase una buena porción de los estudiantes de la clase alta. Al mismo tiempo que se consolida y crecen los colegios privados se va fortaleciendo la fuerza gremial de este sector con la creación de la Asociación Venezolana de Padres y Representantes de las Escuelas Católicas (AVEC) y con la Federación de Padres y Representantes de las Escuelas Católicas (FAPREC).

En enero de 1952, buscando la dictadura la fuerza suficiente para “legalizar” un largo mandato, es otra vez el Ministro de Educación José Loreto Arismendi, quien clausura la Primera Asamblea de los Colegios Católicos.

Ante todo este panorama Betancourt concuerda que sólo el día en que la Iglesia le quita el apoyo a Pérez Jiménez el gobierno se viene abajo. Pero este apoyo se puede desajustar presionando desde la calle, desde las actividades políticas clandestinas y penetrando también las Fuerzas Armadas



[1] Véase el libro “Crisis política- Venezuela 1945-58”, Andrés Stambouli, editorial Ateneo de Caracas, 1980, pág. 103.

[2] Conflict and Politic Change in Venezuela”, Princeton University Press, 1973, págs. 95 y 96, citado en “Crisis política- Venezuela 1945-58”, Andrés Stambouli, editorial Ateneo de Caracas, 1980

jrodri@ula.ve



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José Sant Roz

Director de Ensartaos.com.ve. Profesor de matemáticas en la Universidad de Los Andes (ULA). autor de más de veinte libros sobre política e historia.

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