Paquetazo ilegal

Frente al momento histórico próximo a celebrarse el 7 de octubre,  en el cual se están enfrentando dos modelos contradictorios y excluyentes entre sí –uno que propugna el Estado Social de Derecho y de Justicia, y el otro el Estado liberal burgués- es importante recordar la distancia que separa a uno del otro, no sólo en su concepción filosófica, sino en su práctica.

El Estado Social persigue la armonía entre las clases, evitando que la clase una dominante, -por tener el poder económico, político, cultural o industrial-, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza, a la ignorancia y a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación. El otro modelo es una fábrica de pobreza y desigualdad, sino veamos el ejemplo de Europa que está literalmente, cayéndose a pedazos.

El Estado Social tiene como norte la tutela de personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica; en franca contraposición a uno de los principios del Estado de Derecho Liberal, referido a la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales.

El Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas. La propuesta neoliberal del paquetazo de Capriles apuesta a la minimización del Estado, la descentralización y la eliminación de la intervención del Estado; a los fines de proteger a los empresarios y grupos económicos y no al pueblo trabajador.

El Estado Social, trata de armonizar intereses antagónicos de la sociedad, sin permitir actuaciones ilimitadas a las fuerzas sociales, ya que ello conduciría a que los económicos y socialmente más fuertes establezcan una hegemonía sobre los débiles, en la que las posiciones privadas de poder se convierten en una disminución excesiva de la libertad real de los débiles, en un subyugamiento que alienta eternamente una crisis social. El paquetazo nos propone volver al pasado, donde los grupos elitescos -económicos, financieros y políticos- excluyeron a la mayoría del pueblo pobre y lo mantuvieron en guetos de pobreza, sin importarles su suerte y la de sus hijos. Revisemos las cifras para la época de FUNDACREDESA, para1998: 70% de pobreza y en ese rango 25% de pobreza extrema.

Importante destacar que en la visión del Estado Social, derechos como el de propiedad o el de la libre empresa no quedan abolidos, sino que quedan condicionados en muchas áreas, al interés social, y en ese sentido deben interpretarse las leyes, toda vez que el fortalecimiento de la sociedad requiere del fortalecimiento del propio Estado.

El Estado liberal burgués que promete Capriles implantar, se sustenta en la justicia conmutativa, el Estado Social en la justicia distributiva. El Estado liberal burgués del paquetazo es legislador, en cuanto que el Estado Social es fundamentalmente un gestor al cual debe sujetarse la legislación (de allí el predominio de los decretos leyes y de las leyes habilitantes). El Estado liberal burgués propuesto para asumirse desde el paquetazo, se limita a asegurar la justicia legal formal; en cuanto que el Estado Social busca la justicia legal material. El Estado liberal profesa los derechos individuales como tarea fundamental; en cuanto que el Estado social entiende que la única forma de asegurar la vigencia de los valores es su propia acción. El Estado liberal se caracteriza por su inhibición, mientras que el Estado Social por sus actividades.

Según Ricardo Combellas “en el Estado Social es un Derecho orientado por valores, una concepción valorativa del Derecho. En este sentido, rescata el rico acervo axiológico que tuvo en sus orígenes el concepto de Estado de Derecho, y que el positivismo jurídico decidió formalizar.”

Los valores de la justicia social y de la dignidad humana son los dos valores rectores de la concepción del Estado Social de Derecho. La justicia social como la realización material de la justicia en el conjunto de las  relaciones sociales; la dignidad humana como el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, el despliegue más acabado de las potencialidades humanas gracias al perfeccionamiento del principio de la libertad

El Estado Social está destinado a fomentar la consolidación de la solidaridad social, la paz, el bien común, la convivencia, el aseguramiento de la igualdad, sin discriminación ni subordinación. Luego, la Constitución antepone el bien común (el interés general) al particular, y reconoce que ese bien común se logra manteniendo la solidaridad social, la paz y la convivencia. En consecuencia, las leyes deben tener por norte esos valores, y las que no lo tengan, así como las conductas que fundadas en alguna norma, atenten contra esos fines, se convierten en inconstitucionales. Vemos con asombro y hasta tristeza como el candidato opositor se burla en sus últimos discursos de la salvación de la humanidad como objetivo del plan de la patria y es que esto lo que demuestra es que para él el bien común, la convivencia, la igualdad, la solidaridad y la cooperación, propugnados desde el Estado Social son “risibles e inviables” supina ignorancia demuestra este personaje con estas aseveraciones.

Por ello, lo planteado en el paquetazo de Capriles que privilegia  la autonomía de la voluntad,  la libertad contractual y los intereses de los grupos empresariales-, lesiona los beneficios que produce el Estado Social, contrariándolo, al contribuir a discriminaciones, subordinaciones, ruptura de la justicia social o desigualdades lesivas, por desproporcionadas.

Por ejemplo, la actividad económica, que está limitada por la Constitución por razones de desarrollo humano, protección del ambiente u otros de interés social -por lo que la actividad económica tiene que encuadrarse dentro del Estado Social- la cuestión es que en el Estado Social no se prohíbe el lucro, la ganancia o la libertad negocial; sino que ésta debe sujetarse a las reglas que el Estado impone para que unos pocos no se aprovechen de otros.

Contrariamente lo que está establecido en el paquetazo de Capriles, -cuya visión es el progreso y la creación de riqueza-, es la riqueza y basada en una ilimitada y desorbitada explotación de los demás, -el programa prevé privatizar áreas medulares otra vez, como telecomunicaciones, electricidad, agua y transporte- donde el Estado otorga a particulares concesiones para enriquecerse desmedidamente en perjuicio de las mayorías INCLUYENDO A LA CLASE MEDIA borracha y ciega de odio.

En el Estado Social estos particulares pueden crear en estos espacios autorizados de riqueza propia, pero esta creación no puede ser en detrimento de quienes entran en contacto con las actividades que se realizan en ellas, y que por ser atinentes a todos los venezolanos, mal pueden ser aprovechados por algunos en desmedido perjuicio de los otros.  De allí que las ganancias que los explotadores de tales áreas puedan obtener tienen que ser proporcionadas al servicio que presten y a la idoneidad con que lo hacen.

Se trata de evitar los perjuicios derivados de una desigualdad en las relaciones, proveniente de que  una de las partes se encuentra en una posición dominante ante otras que forman un grupo o una clase social: no es otra cosa que la justicia social; impensable en la concepción filosófica que desde el paquetazo que Capriles quiere implantar para Venezuela se profesa.

Que nadie se engañe: por esto y por millones de razones más NO VOLVERAN!!!!

alecucolo@cantv.net



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María Alejandra Díaz


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