Carta Pública a Eleazar Díaz Rangel

Estimado Señor:

Tal vez los contenidos de esta misiva no sean de su pertenencia ni de su accionar como Director del diario “Últimas Noticias”; pero en virtud que el problema a plantearle es muy grave para la educación venezolana y la garantía del Derecho a la Educación de miles de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional; solicito su mediación para que en su leída columna por miles de compatriotas entre ellos el Presidente de la República Hugo Chávez, exista la posibilidad de que parte de este texto, sea parafraseado e interpretado por usted, con el propósito de informar sobre un hecho en particular ocurrido dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el cual resulta no sólo insólito, sino termina convirtiéndose en un contrasentido de la democracia humanista y socialista que pregona el Gobierno Nacional.

En tal sentido, cada año desde las diversas zonas educativas del país, se determinan las necesidades de nuevos docentes, como producto del aumento del número de estudiantes, así como de la remodelación y construcción de escuelas y liceos en todo el país; sin olvidar la sustitución propia de docentes por motivo de jubilación de quienes concluyen sus responsabilidades laborales, bien sea por condiciones de servicio y en menor medida por incapacidad física.

Ahora bien, las direcciones regionales de Recursos Humanos durante los meses de septiembre y octubre de cada año envían al Ministerio del Poder Popular para la Educación, (MPPE), tales movimientos, lo que año tras año se realiza sin ninguna alteración dentro de la planificación presupuestaria y operativa; no obstante, este año, a raíz del decreto publicado en Gaceta Oficial Nº 38.146 de fecha 24-3-2009, en el cual el presidente Chávez ordena la “Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo del Sector Público Nacional” y en el artículo 3º de esta gaceta señala que debe realizarse un “ajuste de la nómina del personal contratado”; algunos tecnócratas, ignoro si de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) o del propio MPPE, han decidido dejar cesantes a más de 38.000 docentes (nuevos ingresos), cuyas credenciales no sólo han sido otorgadas por las zonas educativas en los meses descritos de 2008, sino que paralelamente, algunos de ellos y ellas recibieron sus pagos antes de finalizar tal período fiscal.

Sobre el personal contratado, en oportuno aclarar que la misma gaceta Nº 38.146 establece que quienes deben ser objeto de tal “ajuste”, son aquellos contratados de alto nivel; además quienes ingresan al MPPE, sólo logran este paso por la vía del contrato (mal llamados “interinos”); al punto que actualmente el propio ministerio estudia la posibilidad de otorgar la titularidad de miles de docentes previo a una evaluación realizada por las comunidades educativas y consejos comunales.

Si semejante decisión de eliminar el ingreso de estos docentes, pese a las contrataciones de los profesionales provenientes de la Universidad Bolivariana de Venezuela – Misión Sucre, dejaría a muchos niños y niñas sin maestros y maestros, profesores y profesoras, y algunos tendrían que abandonar sus aulas, con los inconvenientes sociales y educativos que una medida de este tipo traería para el avance de la educación.

Algunos tecnócratas han afirmado que en esos 38.000 docentes (la mayoría lleva seis meses de servicio sin percibir salario) existe una cuota política y burocrática. De ser así, pues que realicen las auditorias correspondientes; pero eso no excusa que una decisión de tal magnitud afecte la educación en su conjunto, así como las propias palabras del Presidente de la República, en la cual el gasto social no sería “tocado”; para lo cual bastaría la siguiente interrogante: ¿Existe algo más social que la educación?

La salida de los tecnócratas es botar a estos docentes sin pagarles y sin rendirle explicación alguna. Nada más antihumano y capitalista. Parece que el neoliberalismo salvaje llegó al pensamiento de algunos funcionarios de la Onapre y el MPPE, y peor aún, sin importarle el destino de los niños y niñas del país. Para tales funcionarios el Interés Superior del Niño(a) es una utopía.

Profesor Rangel, espero que usted pueda informar al Presidente. El resto de los canales de información trataremos de activarlos. Tal vez nunca me lea el Presidente Chávez; pero no me queda duda que usted si será leído por él. Los niños y niñas, así como sus docentes a nivel nacional le quedarán agradecidos.

Todo lo descrito lo realizo conforme con lo establecido en el artículo 275 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes;

Afectuosamente, le saluda

javiervivas_santana@yahoo.com


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Javier Antonio Vivas Santana

Lic. en Educación en las menciones de Ciencias Sociales y Lengua (UNA) Maestría en Educación mención Enseñanza del Castellano (UDO) Dr. en Educación (UPEL) Profesor de la Misión Sucre (2003 -2012)

 jvivassantana@gmail.com      @jvivassantana

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