La violencia en los territorios del Estado colombiano está a la orden del día con el asesinato de líderes sociales, ambientales, excombatientes de las Farc y las masacres que quedan como el símbolo de la muerte del gobierno fascista de Duque, a punto de cerrar su infierno de gobierno.

La violencia es el pan de todos los días en Tumaco, el triángulo de Telembi, en el Patia, en Leyva, en Argelia, en el Tambo, en Balboa, en el Catatumbo, en el Sur del Meta, en el Putumayo. El sur de Bolívar no es la excepción.

El Sur de Bolívar (o Magdalena Medio bolivarense) es un importante territorio del antiguo departamento de Bolívar, cuya capital es la ciudad de Cartagena, en la que se apiñan miles de víctimas de la violencia paramilitar.

San Pablo (36 mil habitantes), Cantagallo (10 mil h), Simiti (21 mil h), Santa Rosa del sur (43 mil h), Morales (21 mil h) y Arenal (19 mil h), son los municipios que conformar este territorio colocado en la periferia del desarrollo y el abandono estatal.

Esta sub región, particularmente San Pablo, ha visto recrudecer la violencia a lo largo del mes de diciembre del año en curso. Ya van casi 20 asesinatos, entre quienes se encuentran Ascanio Angarita, Presidente de la Junta Comunal de la Vereda Alto Caño Braval; Larry Flórez quien fue ejecutado por sus verdugos en la entrada a la vereda Los Cagüises, vía que comunica a San Pablo con Santa Rosa del sur.

Estos crímenes son ejecutados por redes sicariales que cuentan con la complicidad del Actual Alcalde de San Pablo, Omar Bohórquez Rojas, de la cuerda del Senador liberal Lidio García, quien ha sido socio y testaferro de Jorge 40, que además controla la Gobernación del departamento, hoy en manos de un reconocido parapolítico que en el pasado fue el eje de las bandas paramilitares de Cartagena y otras regiones del departamento (Zambrano, Carmen de Bolívar); socio de la Gata chancera Enilce López, con una amplia cuota burocrática en las Secretarias de la administración seccional de Cartagena.

La ola de crímenes que afecta a los municipios del Sur de Bolívar es parte, además, de un reposicionamiento de antiguas bandas paramilitares controladas por los grupos de autodefensa de Sucre, que fueron comandados por Diego Vecino y Juancho Dique, personajes que han regresado a la región para retomar grandes haciendas y miles de cabezas de ganado, obviamente para restablecer las rutas del trasiego de la coca que proviene de la Serranía de San Lucas y del Magdalena Medio y sale por el Canal del Dique, San Onofre y el Golfo de Morrosquillo hacia los mercados de Centroamérica, negocio del que participan reconocidos jefes militares, legisladores y funcionarios de los gobiernos municipales.

Obviamente las bandas paramilitares de la Sierra y de Valledupar rondan por estos territorios de la mano de los comandantes de la policía y del Ejercito, duchos en estos cruces criminales que cuentan con el respaldo político del Centro Democrático y otras fuerzas de la ultraderecha oscurantista.

La gente de San Pablo y los otros municipios han hecho las denuncias correspondientes pero la Gobernación y el Ministerio del Interior, así como la Consejería de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría hacen oídos sordos frente a esta grave problemática que demuestra como la paz es una ilusión, que la guerra es lo que se mantiene, azotando más de 150 mil campesinos que viven de la pesca artesanal y de la pequeña producción agropecuaria.

Ojalá el Pacto Histórico y el Senador Gustavo Petro dedicaran unos minutos de su agitada agenda para denunciar esta infame situación que golpe a la gente más humilde de Bolívar y el Magdalena Medio.