Apología del pueblo catalán II

El catalán no sólo no es un pueblo belicoso, es que es singularmente pacífico como lo son y han sido siempre los pueblos eminentemente comerciantes. Es culto, ama la cultura, es de costumbres en general finas y muy arraigadas, posee una lengua propia y una filosofía colectiva muy dispar del conjunto de la española. Se extiende el territorio a lo largo de 32 mil kilómetros cuadrados y tiene una población en torno a los siete millones de habitantes. Fronterizo con Francia, comparte con este país una sensibilidad mayor que con el español. En cualquier caso son históricos sus deseos de desligarse del Estado español y su aspiración a la soberanía absoluta; en buena medida y precisamente, por la falta de sintonía entre el carácter español en general y el carácter catalán, también en general.

En cuanto a la "unidad" e "indisolubilidad" de España, términos contenidos en su Constitución política (núcleo del conflicto para los partidos que se denominan a sí mismos "constitucionalistas"), que en principio impiden jurídicamente su independencia, es preciso decir que en ellos hay polisemia, son conceptos anfibológicos, es decir, permiten más de un significado, al menos en su hipotética aplicación. Por eso están sujetos a interpretación. La "pertenencia" o dependencia de un territorio de menos superficie a uno mayor compuesto de una serie de ellos como teselas, la aplican los partidos extremistas y los tribunales españoles, embargados aún por el espíritu autoritario de la dictadura, para blindarlos en un solo sentido: el del centralismo exacerbado que atiza a su vez el autoritarismo. Esto es según una interpretación estricta. Sin embargo, en una interpretación amplia, puede seguir habiendo unidad en otras fórmulas de interdependencia o independencia, como son el estado federal, el estado libre asociado, la confederación u otras. Cuando a la palabra "unidad" se le dio ese significado pétreo. eran otros tiempos, tiempos de dogmas y de filosofías escolásticas, que ya están superados aunque sólo sea por la evidencia de la diversidad de países dentro de una "unidad": la Unión Europea. Así es que para la solución a nuestro presente bastan dos o tres enmiendas en la Constitución vigente. Pues el problema viene de ese archirrepetido "café para todos"; ese concepto de unidad política interpretado cuarteleramente equivale a una subordinación absoluta de las Comunidades Autónomas (con toda una serie de consecuencias administrativas y humanas) a las leyes promulgadas por el Estado Central; esto es, según una "jerarquía", sin tener en cuenta a menudo las peculiaridades de las Autonomías. Que es lo que se evidenció al enjuiciar el Tribunal Constitucional (que no existe en ningún otro de la UE) el Estatut. Tribunal al que se le encomendó en 1978 la misión de gendarme protector de la "una, grande y libre" del dictador, en tácita complicidad con los demás poderes del Estado, y resolución que supueso el desmantelamiento virtual de un Estatuto que había sido aprobado por un Parlamento autonómico.

De aquellos polvos vienen estos lodos. En aquel desprecio a la soberanía autonómica que reside en el parlamento catalán, radica el comienzo de toda la "movida" subsiguiente. De aquel desafuero viene la indignación progresiva y cada vez más enconada, de la mayoría de los catalanes de raigambre o naturalizados; mayoría que ha ido aumentando a medida que la acción política, la policial y la judicial del Estado español se han ido endureciendo hasta extremos frenopáticos. Pues condenar a siete gobernantes autonómicos por un delito que en realidad fue un acto representativo, no armado, del deseo de una gran parte de la población catalana, y por lo tanto técnicamente inexistente el delito de rebelión, es una barbaridad impropia del siglo en que vivimos y de un país que se considere a sí mismo democrático.

Pero dejando a un lado el foco del conflicto, es decir, el Estatut aprobado en 2005 y mutilado por el Tribunal Constitucional en 2006, la solución a este esperpento puede venir de dos maneras: bien autorizando el gobierno central el referéndum en base al artículo 149 de la Constitución (incluso se podrían negociar los términos de la proporción del "sí" y el "no" resultante para dilucidar el quantum de una población favorable o desfavorable a la independencia, con la condición en el acuerdo de que, "de momento", no fuese vinculante aunque fuese favorable a ella una mayoría significativa, a la espera de esa reforma), bien afrontando antes la reforma de la Constitución para dar encaje, por ejemplo, al Estado Federal. Con lo que se matarían dos pájaros de un tiro: dos capítulos esenciales de la vida de esta nación. Pues dicha reforma (que requiere la aprobación de tres quintos de la Cámara baja) daría también solución al otro conflicto latente desde 1978: el de la forma de Estado y su articulación, que una gran parte de la población española espera desde entonces y sigue sin resolverse. Todo, pues, posible cuando hay voluntad política y se deja a un lado la inveterada tentación tan española y tan poco europea del "el que manda soy yo", y la del "no sabe usted con quien está hablando".

Éste es el verdadero escollo que la sociedad española encuentra en el presente galimatías político, jurídico y judicial en el que los tribunales europeos de la Europa a la que España pertenece quieren poner un cierto orden, y frente a los que las instituciones españolas no debieran poner reparo alguno para no evidenciar otra vergüenza: que a España sólo le interesa pertenecer a Europa en tanto reciba de ella cuantiosas sumas de dinero. Lo que ahonda todavía más la sensación de que esta nación no ha alcanzado el nivel democrático esperado después de casi medio siglo. En cuyo caso España no merecería en absoluto formar parte de una entente que le lleva demasiada delantera para no tener toda la razón quien dijo un día, y muchos seguimos diciendo, que Europa termina en los Pirineos... De momento, hasta la justicia española, aunque sea la Fiscalía, desoye al Tribunal de la UE y se muestra connivente con las actitudes radicales de la extrema derecha. Pues bien, Cataluña, es ese territorio que desde siempre ha pretendido desmarcarse de esa maldición que supone una España geográficamente en el fondo del continente europeo, y política y moralmente entre sus posos...

 



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Jaime Richart

Antropólogo y jurista.

 richart.jaime@gmail.com      @jjaimerichart

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