La derrota de Uribe Vélez en las pasadas elecciones locales es una buena noticia para el proceso de paz.

Pero el fraudulento triunfo de Santos y su Vicepresidente Vargas Lleras quiere ser aprovechado para imponer la paz neoliberal de las oligarquías.

La cúpula dominante quiere desviar a su favor el reciente acuerdo sobre justicia restaurativa e imponer un cese bilateral del fuego ventajista con amañadas concentraciones y verificaciones.

Uno de los hechos más notables en las elecciones locales y regionales del pasado 25 de octubre es la fenomenal derrota electoral y política de la facción que acaudilla el señor Uribe Vélez. Se trata de un resultado que se suma a las otras tendencias registradas en los comicios que muestran la descomposición de la sedicente democracia liberal más antigua de Latinoamérica.

El Centro Democrático, que así se denomina la asociación política de la ultraderecha, apenas si contabilizó 1 millón 150 mil votos para sus candidatos a concejos municipales. Se trata de un exiguo 9 por ciento de la participación electoral registrada que se traduce en una gobernación marginal (Casanare) y unas alcaldías de la periferia. Su caída es vertical y estrepitosa, después de haber acumulado más de 8 millones de votos y de haber vencido en la primera vuelta de dos elecciones presidenciales (2002 y 2006).

La derrota en la cuna de esta mafia política, Medellín, fue de proporciones inimaginadas. Todo apuntaba a un triunfo arrollador del señalado, Juan Carlos Vélez, quien acuso una fuerte paliza de un voto cívico e independiente. En la escala departamental fue igual.

Uribe Vélez tenía el objetivo de debilitar y deslegitimar, con una amplia votación, el vigoroso proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y las Farc en La Habana, la capital de la República Socialista de Cuba. El filo de su discurso pretendía socavar y destruir las conversaciones para poner fin al conflicto social y armado, con amplios avances en diversas materias; obviamente con ciertos escollos desprendidos de la reciente manipulación santista para sacar ventajas en los temas del fin del conflicto y los acuerdos en materia de justicia restaurativa, que son objeto de una descarada desviación por la esfera presidencial y su delegación plenipotenciaria.

Adicionalmente el aparato armado y paramilitar del Estado ha retomado una ofensiva bélica en diversos frentes para afectar la tregua ordenada por la insurgencia revolucionaria que de continuar puede reactivar el conflicto armado en niveles de mayor intensidad.

Son las consecuencias de las maniobras politiqueras orquestadas desde la cúpula oligárquica y empresarial, tal vez embriagados por el triunfo electoral fraudulento en las recientes votaciones.

Estos antecedentes lo único que hacen es complicar un eventual cese bilateral del fuego, que Santos y los militares quieren utilizar para imponer su paz neoliberal con verificaciones y concentraciones de inspiración unilateral que se proponen establecer, a sangre y fuego, a la conveniencia unilateral de las facciones oligárquicas dominantes en el Estado.

Todo este juego sucio contra la paz lo único que propiciara será una mayor dilación de la firma de un acuerdo total, que bien puede prolongarse hasta el año 2017, dada la terquedad con que las esferas oficiales quieren impedir la manifestación plena del poder constituyente de la resistencia campesina revolucionaria.

El señor Humberto de la Calle está empeñado en encajonar la potencia popular de la paz en un desueto poder constituido, plagado de vicios y trampas como las que se registraron el pasado 25 de octubre.

Cerremos señalando entonces que para el acumulado del proceso de paz es alentadora la derrota política del uribismo. Esta corriente política, con su mesías iluminado, va rumbo a repetir la conocida historia de la Anapo y su Jefe, el General Rojas Pinilla, que en los años 60 y 70 del siglo pasado, vivieron una ruta igual hasta prácticamente desaparecer del escenario político nacional.