09-05-25.-Diversas organizaciones políticas y sociales, así como expertos electorales, han denunciado falta de garantías, opacidad institucional y violaciones a los derechos políticos en el marco de las elecciones previstas para el 25 de mayo, cuando se elegirán gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y miembros de los Consejos Legislativos estadales.

Este proceso electoral está marcado por la significativa ausencia de resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024; lo que mantiene en entredicho no sólo la legitimidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino del nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro, quien tomó posesión el pasado 10 de enero sin mostrar las actas que certifiquen su supuesto triunfo.

Usando como excusa un supuesto ataque cibernético, el Poder Electoral se ha negado a presentar los resultados desagregados por mesa y centro de votación como mandan las leyes. Además, la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que mantiene control sobre todos los Poderes Públicos echó mano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para validar las elecciones.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha denunciado que la élite gobernante ha ejecutado una conspiración para secuestrar la voluntad popular y aferrarse ilegalmente al poder.

Sin cronograma oficial ni transparencia institucional

A menos de cinco semanas para los comicios, el CNE no ha publicado en Gaceta Electoral el cronograma electoral, ni la convocatoria formal a las elecciones parlamentarias y legislativas que inicialmente habían sido anunciadas para el 27 de abril, pero que fueron postergadas, de acuerdo al ente rector, a solicitud de diferentes actores políticos que participarán en la contienda.

Ya en las elecciones de 2024, el CNE había incurrido en las mismas violaciones a las leyes al publicar en gaceta el calendario luego de la inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República; proceso que por cierto estuvo plagado de arbitrariedades puesto que no se pudo postular quien quiso, sino aquéllos (sólo hombres) que permitió la administración de Maduro.

Sin embargo, en aquel entonces hubo una gaceta (a destiempo) mientras que actualmente, al cierre de esta edición, la única referencia oficial al cronograma ha sido la reciente aparición del rector Elvis Amoroso en una transmisión televisiva para informar al país que 62% de las actividades previstas en este documento ─secreto para la opinión pública─ habían sido cumplidas.

En esa misma declaración, Amoroso calificó de «exitoso» el proceso de postulaciones. Sin embargo, el lapso para tal fin ─dado a conocer informalmente a través de periodistas y algunos actores políticos─ no se cumplió. Se suponía que las organizaciones podían postular desde el lunes 7 al viernes 11 de abril. No obstante, el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP) no estuvo disponible hasta la noche del jueves 10. Finalmente, hubo como una prórroga de facto, hasta que Amoroso apareció el sábado 11 de abril para extender el proceso hasta las 7 de la noche de ese día.

Registro Electoral y auditorías: sin acceso ni verificación

El padrón electoral definitivo fue anunciado sin haber publicado previamente el Registro Electoral preliminar, lo cual impidió a los ciudadanos hacer objeciones o verificar su estatus.

Especialistas en materia electoral advirtieron que el CNE tampoco difundió los resultados de las supuestas auditorías realizadas al Registro Electoral ni a las máquinas de votación. Además, denunciaron la ausencia de campañas institucionales para promover la inscripción de nuevos votantes, ni jornadas especiales.

La no realización de auditorías contempladas en la ley fue instaurada en las elecciones presidenciales de 2024, cuando tres de ellas, específicamente las que se debían realizar luego del acto de votación, fueron suspendidas sin explicación alguna. Una de ellas fue la de Telecomunicaciones Fase II, prevista para el 29 de julio, y que hubiese permitido aclarar dudas sobre el presunto ataque informático, denunciado por el CNE y utilizado como argumento para no presentar los resultados electorales.

Incertidumbre sobre Guayana Esequiba

La opacidad institucional que ha caracterizado este nuevo proceso electoral ha sido capitalizada por la cúpula del PSUV: Jorge Rodríguez (Presidente de la Asamblea Nacional) y Diosdado Cabello (Secretario General del partido gobernante) se convirtieron de facto en voceros del Poder Electoral. Solo a través de sus declaraciones es que se obtuvo paulatinamente información sobre la novedad de este proceso: la elección de cargos para el recientemente creado estado Guayana Esequiba.

A pocas semanas de los comicios, hay poca claridad sobre cómo se implementará el proceso electoral en el territorio esequibo; incluyendo el número de votantes, centros y maquinaria electoral. Además, no se ha informado oficialmente sobre la cantidad de cargos que se elegirán, ni cómo estarán distribuidas las circunscripciones; todo apunta a que se van a fragmentar municipios fronterizos de Bolívar y Delta Amacuro para crearlas.

Judicialización de partidos, inhabilitaciones y represión

El CNE anunció que en estas elecciones participarán 36 organizaciones con fines políticos nacionales y 10 regionales; así como tres organizaciones indígenas nacionales y cinco regionales, lo que suma un total de 54 partidos. El tarjetón tampoco fue presentado oficialmente sino que fue divulgado por un diputado, con el agravante de que en esta ocasión el acto de escogencia de la posición en la boleta no fue público, como suele hacerse.

El panorama partidista se encuentra marcado por la confiscación de tarjetas electorales por parte del TSJ y la habilitación «exprés» de organizaciones sin que se conozca cuáles fueron los criterios legales seguidos.

En el campo de la oposición, la tarjeta del Movimiento Por Venezuela (MPV) y la de Centrados por la Gente ─apoyada por los comunistas en las presidenciales de 2024─ desaparecieron. Pero además, Simón Calzadilla, presidente de la primera, fue inhabilitado. Mientras que en el caso de la segunda, su principal referente, el excandidato presidencial Enrique Márquez, permanece detenido arbitrariamente desde enero de este año sin que haya un proceso judicial en su contra.

Al caso de Márquez se suman más de 240 dirigentes y activistas políticos que fueron arbitrariamente detenidos a partir de julio de 2024; junto con los cientos de jóvenes ─incluyendo menores de edad─ y trabajadores arrestados en el contexto de las protestas poselectorales.

Por otro lado, se han otorgado habilitaciones sorpresivas, como la de Henrique Capriles, quien se encontraba sancionado desde 2017 para ejercer cargos públicos por 15 años, pero que ha aparecido encabezando la lista a la Asamblea Nacional de Un Nuevo Tiempo, así como con una nueva tarjeta llamada Unión y Cambio.

Alianzas de partidos intervenidos

El proceso electoral cuenta con la participación de partidos judicializados, controlados por actores ajenos a su dirección legítima, tanto en alianza gubernamental como en la llamada oposición «colaboracionista».

En el primer caso, el Gran Polo Patriótico que lidera el PSUV se trata de una coalición de 13 tarjetas en las que al menos cinco han sido intervenidas judicialmente y otras tres han sido creadas de manera expedita y sin criterios legales transparentes.

Situación similar ocurre con la denominada «Alianza Democrática», conformada por organizaciones intervenidas entre 2015 y 2023 y actualmente en manos de diputados que se presentan como opositores pero acompañan al PSUV en sus iniciativas legislativas.

Los comunistas no participarán de esta farsa

En este contexto de ausencia de garantías y represión política, el PCV ha decidido no participar en las elecciones del 25 de mayo; calificándolas como una farsa.

El Comité Central del partido denunció la derogación de la Constitución por la vía de los hechos; la eliminación de condiciones democráticas mínimas y el uso arbitrario del aparato electoral y judicial para excluir opciones independientes.

El PCV ha reiterado su llamado a la unidad popular para exigir la publicación de los resultados presidenciales, la restitución de las tarjetas legítimas, la liberación de los presos políticos y la recuperación de las garantías democráticas.