De febrero a febrero: El cambio Histórico en Venezuela

Febrero ha sido en la historia de Venezuela, un mes de cambio, movilización y conflicto. En febrero de 1936, ocurre en el país una serie de movilizaciones socio-políticas que inauguran el debate acerca de los derechos ciudadanos y el cambio social en el desarrollo institucional del Estado venezolano.

      En febrero, un conjunto de fuerzas y movimientos sociales se movilizan exigiendo un cambio de rumbo en la conformación de las instituciones, y en respuesta a esa movilización el presidente Eleazar López Contreras hace público el denominado Programa de Febrero, que puede considerarse el 1er Programa Político Moderno en el país. Ahí se incorporan temáticas que aun hoy, casi 100 años después, siguen siendo objeto del debate y análisis por parte de los actores políticos: salud, educación, derechos laborales, respeto a las leyes, obras públicas. En fin, elementos que conforman la agenda política sobre la cual debaten los medios, el Estado y sus instituciones.

      Febrero de 1936, crea las bases para la modernización socio-política y la profundización del debate ciudadano. Un poco más de medio siglo después, en febrero de 1989, se genera en el país una de las expresiones más contundentes de desobediencia civil, entendida esta como una ruptura y reto al sistema de normas y reglas impuestas por el Estado a través del empleo de diversos métodos, no siempre coercitivos. La explosión social de febrero de 1989, fue la expresión del agotamiento de un modelo de relaciones corporativas, en donde los factores de poder aglomerados en la estructura de los sindicatos, los grupos económicos, los actores políticos entre otros, se negaban a perder sus privilegios y avanzar en la resolución de los problemas derivados de la exclusión social y el desequilibrio socio-económico. Febrero de 1989, fue una alborada en lo que habría de ocurrir, pero sus pisadas no fueron escuchadas.

      En febrero de 1992, se concreto una dinámica que articulo militares y civiles en procura de un cambio político, a través del uso de las armas. Ese accionar fue una consecuencia de la inexistencia de vías alternativas de resolución del conflicto que había aflorado consistentemente en febrero de 1989. El movimiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez, sí bien falló en el logro de sus objetivos militares, abrió el camino a un intenso debate acerca de la calidad de la democracia y las condiciones de gobernabilidad del sistema político venezolano.

      En febrero de 1992, se produjo una ruptura de la unidad interna de las elites políticas venezolanas. El discurso de Rafael Caldera, en el Congreso Nacional fue una muestra de las desavenencias surgidas en lo interno del status quo del sistema democrático. Las posiciones de actores políticos como Aristóbulo Iztúriz, en representación del partido Causa Radical, y la articulación de su planteamiento con las expectativas de cambio de los colectivos sociales fue otra clara demostración del agotamiento del modelo de conciliación política impuesto desde 1958.

      La articulación de enormes sectores sociales, políticos y económicos con las propuestas de los militares insurgentes en 1992, señalaba la posibilidad concreta de cambio, en un programa inicialmente discutido y progresivamente ampliado en su perspectiva de la sociedad venezolana. En febrero de 1999, luego de alcanzado el triunfo en las elecciones de diciembre del año anterior, el presidente Hugo Chávez, firma el Decreto en Consejo de Ministros que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destinada a refundar el orden político institucional profundamente. La conformación de la Asamblea Constituyente y la posterior redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comenzó un impulso indetenible que permitió la reconfiguración del Estado Nacional, que había sido progresivamente desmontado bajo la lógica de ajuste neoliberal.

      Los cambios impulsados a través de ese decreto de convocatoria, generó un debate político-constitucional de gran importancia acerca de las posibilidades que tiene la sociedad política para generar cambios jurídicos en las normas constitucionales, destinadas a responder a los procesos de cambio. Esos cambios impulsados generaron en febrero de 2002 la expresión violenta de los sectores opuestos a las dinámicas de cambio político y que terminaron con los hechos de abril de 2002. En febrero de 2003, la alianza contra- natura grupos económicos- trabajadores (Fedecámaras-CTV) sumió a la población en unas condiciones de miseria y precariedad, que sólo la voluntad social de los propios colectivos pudo vencer. En febrero de 2009, cuando se cumplen 10 años del arribo al poder, se inicia una nueva dinámica de cambio institucional que tiene como eje articulador la Enmienda Constitucional. 

Dr. Juan Eduardo Romero

Historiador

Juane1208@gmail.com



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Juan Eduardo Romero

Dr. Mgs. DEA. Historiador e Investigador. Universidad del Zulia

 juane1208@gmail.com

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