En el derecho comparado, una emergencia constitucional es conocida también como un estado de excepción, una situación de crisis imprevista y grave, que amenaza la vida de la Nación o la estabilidad de sus instituciones, justificando la activación de poderes extraordinarios generalmente por parte del Ejecutivo, para restaurar el orden normal.

La doctrina internacional y comparada establece tres elementos esenciales para su definición legal: un presupuesto de hecho (crisis), la existencia de un peligro inminente y extraordinario que no pueda ser gestionado con los mecanismos legales ordinarios, cuyos motivos comunes incluyen, conflictos armados o invasiones (guerra exterior), alteraciones graves del orden interno (conmoción interior) y desastres naturales o crisis sanitarias (estado de alarma o emergencia económica/social).

En estas circunstancias extraordinarias y sobrevenidas la declaratoria faculta a los gobiernos para adoptar acciones que, en tiempos de paz, serían inconstitucionales, pues se concentra el poder y el Ejecutivo asume funciones legislativas temporales para emitir decretos con fuerza de ley, se restringen derechos, suspendiendo temporal de ciertas garantías y en el caso venezolano, específicamente, el 337 define cuales garantías no pueden ser motivo de restricciones o suspensión.

Ahora, todo tiene un límite, ello, para evitar que la emergencia se convierta en una "dictadura constitucional". Se exige una temporalidad, las facultades extraordinarias deben ser proporcionales, las medidas deben ser estrictamente necesarias para superar la crisis específica y finalmente debe existir la posibilidad de control judicial y legislativo de órganos como cortes constitucionales o parlamentos deben supervisar la legalidad de la declaratoria y de los decretos emitidos.

El caso chileno, por ejemplo, es digno de estudio ya que su Constitución detalla con precisión quirúrgica una gradación de estados de excepción según la gravedad de la crisis. La diferencia no es solo de nombre, sino de quién tiene la última palabra y qué derechos se pueden "sacrificar".

Luego de las experiencias dictaroriales, en nuestro continente se establecieron como doctrina constitucional dos límites infranqueables de respeto: no suspensión del "núcleo duro de derechos" y el "control de proporcionalidad, garantizado por la independencia de las Cortes o Tribunales constitucionales a los fines de que pudieran anular medidas si consideran que el castigo o la restricción es mayor que el peligro que se intenta combatir.

En el caso de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero 2026, tanto la extracción forzada de quien ejercía la presidencia como la falta de independencia de los poderes públicos, así como la "encargaduría temporal de un gobierno interino" que cumple órdenes de la potencia invasora, son sin duda alguna una emergencia constitucional verdadera, y con este argumento se nos intenta someter a un estado de excepción perpetuo, bajo diferentes matices legales y políticos.

Lo cierto es que, en este marco de sucesos, constitucionalmente, una extracción o ausencia forzada se encuadra -según nuestro criterio- en el Artículo 233, que regula las "faltas absolutas" del presidente. En tales casos, el vicepresidente ejecutivo asume el cargo temporalmente mientras se determina el procedimiento a seguir. Pero, -y ahí viene el pero-, la concentración del poder y la sumisión de las instituciones al Ejecutivo constituyen una emergencia institucional de facto.

Para nadie es un secreto que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional están alineados con el Ejecutivo, no existe un control real ni contrapesos, lo que permite la aprobación de decretos de emergencia sin revisión independiente y leyes express como la LOH 2026. Este peligroso escenario de facto representa una ruptura del Orden Constitucional, un "falseamiento del estado de derecho", donde los mecanismos de emergencia se utilizan para consolidar el control político en lugar de proteger la institucionalidad.

Toda esta situación, no busca sino alargar "la emergencia" para convertirnos en un pueblo rehén del asedio y de la coerción, llevándonos a trompadas a aceptar leyes express que capturan nuestros recursos y desconocen el principio de inmunidad de jurisdicción a través de "consensos jurídicos supranacionales" como lo son la imposición de la jurisdicción de los tribunales de EEUU para resolver contratos de interés público, por coacción y extorsión, para dar un barniz de legitimidad y legalidad al cambio de modelo político interno e imponernos su modelo que incluye hacerse de nuestros territorios y recursos, tal como lo hiciera Reino Unido con la India a quien convirtió en su reserva de recursos y su retaguardia estratégica.

Todo esto ocurre, en el contexto del forjamiento de una nueva arquitectura geopolítica, hacia el realismo ofensivo y la doctrina de Carl Schmitt sobre los grandes espacios de multipolaridad entre hegemones. Un giro marcado por la ruptura de la ficción internacional del orden según normas.

Desde Venezuela reflexionamos que, esta dinámica internacional de los Estados puede plantearse con Hobbes (fuerza para evitar el desorden y la muerte) o desde Spinoza, quién plantea que los Estados acuerdan incluso con un hegemon que se hace generador de concordancia, de trabajo en común buscando utilidad común, como una búsqueda de lo conveniente y lo útil, eso que nos proporciona el aumento de nuestra potencia para obrar y actuar más, y no estar limitado o controlado por lo externo, sino por la búsqueda de la utilidad común con otro afín. Este es uno de los dilemas para el hegemón: si decide actuar como Hobbes como imperio depredador o como Spinoza, como imperio generador

Nos corresponde a nosotros -peones en este juego- comprender que hoy, nuestro mayor disuasivo son el control soberano de suelo tierras raras petróleo gas y agua, y una población dispuesta a luchar y perseverar en el ser nacional (conatus de la Nación).

Queremos hacer referencia a Pocock y a Jaffa que destacaban el primero de ellos dos conceptos, «Estado» y «soberanía», ambos como conceptos metafísicos, no históricos, para subrayar la contingencia de todas las formas de gobierno, su vulnerabilidad al tiempo y su existencia dentro de las historias y el segundo quién definió la libertad intrínsecamente ligada a la igualad y la virtud moral.

¿Y porque mencionamos a estos autores en particular? Porque vinculan la Revolución estadounidense con el republicanismo clásico desde la época de Maquiavelo, a través de la influencia de Harrington en Gran Bretaña. Acudieron al lenguaje del republicanismo clásico como elemento necesario en los esfuerzos de construcción nacional para garantizar la virtud popular frente a la corrupción y la decadencia que representaba el comercio.

Una declaración contra el usurerismo del comercio anglo holandés, y una fuerte crítica a la apertura portuaria a los productos de las potencias, favorable al proteccionismo, problematizando la división entre liberalismo y republicanismo y la existencia de una compleja tensión entre republicanismo y liberalismo en la mente de los Padres Fundadores de Estados Unidos.

Esa es la discusión de la esencia originaria estadounidense, según esta visión "la imagen de la nacionalidad estadounidense tiene sus raíces en la metafísica de Aristóteles: concretamente, en su definición de una sustancia como un ser que posee atributos "accidentales" y "esenciales", de los cuales solo estos últimos no pueden cambiar mientras el ser en cuestión siga siendo el que es" (Pocock). Una esencia Spinoziana que descubre la trampa del rizoma y la adaptación infinita.

Este pensamiento rizomático acomodaticio no sólo instaurado en EEUU, sino que recorre al mundo y que define a los pueblos como el enemigo, como un elemento del entorno hostil del que debe salvarse la frágil República, ha proporcionado terreno fértil para cierta corriente de ideas neorreaccionarias dando rienda suelta a sus fantasías que aseguran que las masas más allá de la facción, son "criaturas de la fortuna" pues son inherentemente poco fiables y poseen una perspectiva básicamente extranjera del mundo, si es que tienen alguna perspectiva coherente, por tanto, hay que controlarlas y manipularlas —o, mejor, criminalizarlas— o te controlarán con su tiranía sin ley.

De este tipo de paranoia emergen los Thiel, Yarvin Curtis, el propio Grenell, personajes que piensan que la democracia es un estorbo y que abogan por una monarquía tecnofeudal, al igual que en Venezuela, quienes nos dirigen tampoco confiaron en la democracia, ni en la Constitución, sino que la quebraron y desmontaron.

Lo ocurrido en Venezuela, y lo que está ocurriendo en EEUU y sus corrientes neorreaccionarias es uno de los más grandes dilemas constitucionales de nuestros tiempos, y es el conflicto entre el principio político democrático que descansa en la soberanía popular y el de pragmatismo para imponer una continuidad técnica sin democracia, pero que asegure la acumulación por desposesión. Definitivamente, para obtener legitimidad de origen, de desempeño y de fines, debemos en este conflicto inclinarnos por el principio de soberanía cuyo único titular es el pueblo que a su vez es titular del poder constituyente.

Y usamos sus ideas para advertirle a los ciudadanos de los EEUU y sobre todo a sus patriotas de los peligros que representan los extravíos neofascistas de los farsantes empresarios neorreaccionarios tecnofeudales que atacan sus principios y valores que originalmente hicieron una democracia republicana, basada en la ley y el orden y sobre todo el balance de los poderes, y que desde ese equilibrio nace la libertad y la justicia.

EEUU no debió dejar de ser una República democrática como la concibieron sus padres fundadores. Sí quieren "volver a ser grandes" lo serán es desde sus principios y valores y no desde el cálculo tecnofeudal. Deberán hacerlo desde su conatus: desde "Nosotros El Pueblo".

Siendo así, debemos estar muy alertas ante los riesgos que señala Hanna Arent sobre el peligro de la burocracia eterna una vez establecida la administración técnica y el peligro de cambiar un régimen autoritario por una "dictadura de las élites" como piensa el ala neorreaccionaria que está dentro del gobierno de EEUU, debe implementarse en Venezuela.

Debemos insistir en la entrega del control de nuestros recursos y del poder a la política. Todos sabemos que esta "transición pactada o impuesta con bombas" constitucionalmente no debe durar más de 90 días -prorrogables por 90 días más ya que sí la ausencia temporal dura más de 180 días, la ausencia temporal se convierte en ausencia absoluta y *deberán convocarse elecciones porque la ausencia absoluta se habría producido dentro de los primeros 4 años de la gestión presidencial*

La doctrina constitucional entiende la "incapacidad física" no solo como una enfermedad clínica, sino como la imposibilidad material y física de ejercer el cargo. Por tanto, y como conclusión jurídica tenemos que, la extracción o secuestro prolongado, tras vencerse los plazos de la ausencia temporal, califica como una incapacidad física permanente de hecho. La certificación de una Junta Médica es para enfermedades; para un secuestro o desaparición, la "Junta Médica" es la realidad fáctica: el sujeto no está y no puede volver en el plazo legal.

Por ello, nos es urgente, rescatar los 3 tipos de soberanías constitucionales que se han perdido durante la gestión de Maduro, con la incursión e interinato: 1. La Soberanía Popular (La Fuente del Poder), 2. La Soberanía Nacional (Independencia Exterior), 3. La Soberanía Económica y sobre los Recursos Naturales (Hidrocarburos), 4. Soberanía Territorial (penetrado y bombardeo 03 de enero) y 5. La Soberanía Alimentaria (control de gremios empresariales tradicionales).

Abogamos entonces, por un centro que no debe ser un punto medio de concesiones, sino el centro de la legalidad que proteja el patrimonio común (Soberanía Económica) frente a lo que técnicamente se ha consolidado como un protectorado energético.

Se dice que el centro es frágil y tiende a los extremos. Sin embargo, la verdadera fragilidad reside en intentar construir una identidad manteniendo negociaciones o apoyando abiertamente a uno de los extremos enfrentados. Para el elector víctima que ha sufrido la hiperinflación y el éxodo de 8 millones de personas, la alternativa debe ser la transparencia absoluta. Por tanto, no es un asunto ideológico; es el cumplimiento de la Constitución lo que reclama un trabajador, pensionado o militar votante, sobre todo lo relacionado a sus derechos laborales.

Algo curioso. Si el secretario de Energía Wright afirma que la Carta Magna se está ejecutando, deberíamos exigir que el 2 de julio, al cumplirse los 180 días de la falta temporal (Art. 234), se convoquen elecciones inmediatas según el Artículo 233. Cualquier prórroga injustificada bajo el pretexto de "estabilidad" es, en la práctica, la instauración de un gobierno de facto.

No hay forma de que la nación pueda existir sin su esencia. La esencia es el acuerdo social que nos dimos. Cualquier movimiento político o social, que apoye que no haya elecciones o que se entregue la renta petrolera por una "paz pactada" no es una alternativa, sino un accesorio del protectorado. ​La oportunidad real para un polo político decente y alternativo es reunir la indignación ciudadana contra el "rodriguismo" y el desmantelamiento del legado extremista de María Corina.

Se debe ofrecer al país un plan de reconstrucción basado en el Escenario de la Nueva Oposición Nacionalista Petrolera, que garantice que el petróleo sea el motor de un crecimiento con inclusión y no el subsidio para la rentabilidad de las corporaciones extranjeras.

Eso no significa que nos enfrentemos estérilmente con EEUU. Nuestra postura con respecto a la comunidad internacional, y específicamente con los Estados Unidos, se basa en un realismo ofensivo y pragmático. No buscamos el enfrentamiento estéril, pero rechazamos la entrega sumisa.

A los EEUU le decimos: quién quiera acordar de manera fértil, en condiciones de respeto: bienvenidos sean. Garantizarles el petróleo, sí, pero manejado con transparencia y en función de los intereses nacionales y de una distribución justa de los ingresos en favor de la remuneración de empleados sin sacrificar los intereses de los consumidores del recurso.

¿Qué significa eso? a los mercados globales se les garantiza el suministro energético, pero bajo un esquema de transparencia absoluta y justicia distributiva. El petróleo venezolano debe alimentar el crecimiento con inclusión social y laboral, garantizando la remuneración digna de los trabajadores sin sacrificar la seguridad jurídica para el inversor, pero siempre bajo el control soberano de la nación

Las propuestas deben girar en torno a eso, de lo contrario, cualquier propuesta que se presente como alternativa, puede ser vista como el centro de ambos polos opuestos de un eje cartesiano: el cero. El Centro no puede seguir siendo el Cero, debe ser el Centro de Gravedad de la Constitución.

Ahora bien, en el marco de unas nuevas elecciones que deben darse, lo que tenemos hoy al frente es decidir entre quienes representan la continuidad del desastre bajo un nuevo maquillaje o quiénes representan el salto al vacío y la entrega territorial (anexión a USA). Insistimos que cualquier opción decente, que pretenda convertirse en una alternativa a la polarización destructiva, debe representar el retorno al acuerdo social (Constitución), la recuperación del poder adquisitivo y la pacificación nacional a través del cumplimiento de la ley.

El 90% del país detesta esta situación de cosas a las que nos han llevado a trompadas unos y otros, esas mayorías no son ningún extremo, es lo real que no quieren reconocer. Mientras unos dirigentes sin pueblo se creen que pueden expresar y representar lo que no les corresponde y alucinan ser sus representantes. Hasta ahora ese 90% está asqueado, hastiado y detesta a quienes están al frente del interinato y MCM recoge "coyunturalmente" ese depósito de ilusión.

EEUU debe ser salir de la visión britanista, pues será con Schmitt, Spinoza y Bolívar y la construcción de grandes espacios entre hegemones, mediante una doctrina generadora, cómo se pueden encontrarse equilibrios entre liderazgos internacionales. Aquí en el hemisferio corresponde ofrecer un horizonte de trabajo y prosperidad compartida y valores de libertad y democracia soberana cuidada. Monroe tenía su doctrina, Bolívar también. Este último pensaba en un gran espacio confederal, primero como Colombia y luego como Panamá. Sabía de los peligros del modelo angloveneciano. Nosotros con Larouche pensamos en una EEUU como hegemón generador, entendiendo la necesidad de una multipolaridad de grandes espacios para lograr en las tensiones diarias del mundo y los intereses, necesidades de unos y otros, los equilibrios reales y duraderos.

Trump ofreció a los MAGA un retorno a los valores de los padres fundadores como Hamilton y Madison y creemos estuvo en lo correcto, más allá de las diferencias obvias que tenemos. Y reconocemos que la única posibilidad de sobrevivencia de EEUU, como República es fortaleciéndose cómo hegemón entre otros hegemones, eso sí, como un imperio GENERADOR Y NO DEPREDADOR.

Lo cierto, es que este sector que hoy maneja el gobierno interino está condenado a ser una minoría tiránica. Ante este panorama reafirmamos que el pueblo venezolano no tiene por qué escoger entre verdugos y reiteramos que no queremos ni el plan injerencista y guerrerista de MCM ni el autoritarismo entreguista del interinato, como salidas válidas para el país, pues ambos están dispuestos a rematarnos si es necesario, para su permanencia o para la toma del poder.

El escenario de que vale todo para salir de la crisis y todo es permitido con tal de salir de un pésimo gobierno no es válido. No es viable, la guerra, ni la entrega de soberanía o negociar el poder a cambio de hipotecar los recursos del país, a costa de las riquezas de ésta y las próximas generaciones.

No es viable aceptar bases militares extranjeras en nuestro territorio, ni mantener el poder sin respetar la democracia y la soberanía popular, ni seguir pasándole por encima a la Constitución y a los derechos humanos y mucho menos, mantener a sangre y fuego, salarios de hambres ni vale la represión.

Hay líneas rojas que no pueden ser desconocidas en ninguna negociación. Los derechos del pueblo, la patria, la democracia y la Constitución no se negocian.

Por ello, planteamos que tratar de negociar soluciones sin el pueblo, tarde o temprano traerá graves consecuencias para la Nación, la democracia y el futuro del país. Una salida a la gravísima crisis de legitimidad, violencia instaurada, caos, persecución, hambre, miseria, violaciones de derechos humanos, desinstitucionalización, destrucción del Estado Social de derecho y de Justicia, violación de la Constitución, amenazas de intervención, y entreguismo, pasa por recuperar el protagonismo del pueblo y articular fuerzas sociales en torno a una agenda democrática, popular, constitucional y pacífica. Desde acá ratificamos nuestro aporte a lo que consideramos debe ser esa agenda:

1. Defensa irrestricta de la soberanía e integridad de la Nación. No queremos como solución una agresión militar extranjera, ni la entrega de recursos naturales a cambio de mantener o tomar el poder; ni permitir la posibilidad de instalar bases militares -de ningún gobierno extranjero- en nuestro territorio y menos, la continuidad de sanciones unilaterales que vulneran los derechos humanos en general.

2. Rescatar la Constitución: derogar todas las leyes y revisar todas las sentencias ilegales e inconstitucionales decretadas tanto por la ANC, como por el gobierno de Maduro, y por el TSJ que menoscaban, violan, o suspendan de manera excepcional y de facto nuestra Carta Magna, incluyendo abandonar cualquier intento de reforma del texto constitucional de espaldas al país.

3. En el marco de las negociaciones para abrir cauce a una solución pacífica, deberían renunciar a sus cargos todas las cabezas de los poderes, y en el marco del 333 de la CRBV, nombrar como se hizo en el pasado una Junta de Emergencia con personas de solvencia moral, ética y compromiso con el país.

4. Que el TSJ reconozca la situación y decrete una "Emergencia Constitucional", convocando inmediatamente al poder originario, a los fines de llenar cualquier posible vacío en el poder, de forma constitucional, que debe tener como tarea principal, entre otras: reinstitucionalizar al Estado, profundizar los derechos y garantías constitucionales de manera progresiva y nunca regresiva, desmontar leyes inconstitucionales, recuperar la majestad de los poderes públicos, convocar elecciones generales y garantizar la participación amplia de todos los sectores independientes, movimientos sociales, pueblo organizado en la toma de decisiones respecto al nombramiento de los poderes, mediante votaciones directas universales y secretas de tal forma que con ello se garantice la independencia en estos cargos y su revocatoria, volver a la postulación limitada para cargos de presidente, gobernadores y alcaldes como garantía de la alternabilidad democrática, paridad electoral entre partidos y movimientos sociales organizados, blindaje de la propiedad de los recursos del suelo y subsuelo que le pertenecen a la República, entre otros aspectos a considerar.

5. Restitución del salario y mejora de las condiciones de vida del pueblo, aumentando los ingresos de la población, a través de un aumento general de sueldos y salarios, o bien sea asumiendo como salario las bonificaciones, tal y como lo dicta la ley y la jurisprudencia al respecto, derogando decretos, leyes y sentencias dictadas al margen de la Constitución y la LOTTT que contrarían sus principios, derechos y garantías laborales.

6. En el marco de la Emergencia Constitucional debe llamarse a la repetición de elecciones presidenciales de la AN, Gobernadores y alcaldes, con un CNE legítimo y condiciones electorales, pues la concertación de los poderes públicos para desconocer no sólo la soberanía popular expresada el 28 J, sino la no publicación de resultados desagregados en las elecciones de la AN, Gobernadores y alcaldes, sigue siendo una herida abierta y un acta de absoluta ilegitimidad.

La alternativa a la violencia es la negociación en torno a la reintitucionalización, en el marco de una emergencia constitucional de facto, la realización de elecciones creíbles, enmarcadas en la Constitución, restitución de los partidos intervenidos, otorgamiento de partidos políticos que han sido negados sin razones, participación paritaria de partidos e independientes como candidatos uninominales, elecciones sin persecución, sin amenazas, sin cooptación, con plenas garantías democráticas para candidatos y candidatas, y para electores y electoras y por supuesto la lucha por la soberanía económica, financiera y energética.