El gobierno de Nicolás Maduro, que es exactamente lo mismo que decir el régimen de Nicolás Maduro, pues ambas denominaciones son totalmente intercambiables y ninguna de ellas tiene una naturaleza peyorativa, ha decidido proceder a una reforma constitucional, pero curiosamente afirma que la misma será tratada en el seno de la Asamblea Nacional actual y no a través del mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente. Pareciera que el desempeño de la última Constituyente, que se eligió por allá por 2017, no respondió a las expectativas que se depositaron en ella, pues terminó su período sin haber hecho absolutamente nada en materia de reforma constitucional. Fue utilizada sólo para entorpecer el funcionamiento de la Asamblea Nacional electa en 2015, cuya composición, luego de la derrota electoral amplia sufrida por el PSUV, favorecía completamente a las fuerzas opositoras, tanto que el régimen hasta llegó a perder las distintas mayorías calificadas.
Esa elección de la Constituyente fue objetada por muchos, por incumplir los pasos requeridos para que realmente fuera valedera. Además, fue muy extraña, pues no existen de la misma los registros que existen de todas las otras elecciones habidas con anterioridad. Adicionalmente, sus diputados, todos o casi todos del gobierno, se dieron a la tarea de inventar lo que llamaron “leyes constituyentes”, con las cuales anularon las decisiones legales inconvenientes para el PSUV y el gobierno de la Asamblea electa en 2015. Ya desde ese año, estuvo clara la decisión del sector oficial de pasarle por encima a lo que fuera, para no perder el control del Estado. Eligieron una Asamblea Constituyente, no para reformar la Constitución que es lo único que una Constituyente puede hacer, sino para promulgar leyes constituyentes inconstitucionales.
El control total que hoy tiene el PSUV y el régimen sobre la Asamblea Nacional, en la que, si acaso, el 10 por ciento de sus integrantes pertenece a la oposición, la hace el organismo ideal para el gobierno, para proceder a la discusión de una materia tan trascendente, como es la reforma de la Constitución bolivariana, uno de los legados del comandante Chávez. No quieren sorpresas. Quieren estar seguros, que la dirección psuveca podrá imponer sin mayores problemas, lo que decidan sobre las reformas a introducir en la Constitución. Es decir, toda esa convocatoria nacional e internacional, para oír opiniones y discutir los cambios a proponer, no es realmente una consulta vinculante para la Asamblea Nacional. Esto, por supuesto, no significa que no se deba asistir a esa consulta, ni que no se deban llevar proposiciones distintas de las oficiales, pues la lucha hay que darla en todos los terrenos y auto excluirse no conduce a nada.
La conducta de la dirigencia del gobierno es la misma, que siempre en Venezuela se ha tenido en relación con la Constitución. Quien asume el poder, elabora una Constitución con sus ideas y propuestas para aplastar a la disidencia, sin importar si esa disidencia es una proporción importante de la nación venezolana. Eso fue lo que hizo Chávez con la Constituyente de 1999. Recordemos que sólo había 6 diputados opositores en aquella Asamblea, mientras en el país más del 40 por ciento no había votado por el Comandante. Lejos de buscar un consenso nacional, que hiciera de la Constitución un instrumento aceptado por lo menos por un 75 por ciento de la nación, se tomó la vía de imponerla, como en efecto se hizo, aunque mediante el voto universal, directo y secreto. La Constitución bolivariana adquiere un respaldo realmente mayoritario, luego de 2007, cuando el pueblo se pronunció por no modificarla.
Es por esa razón que en Venezuela ha habido 25 constituciones en 213 años, es decir, una constitución cada 8 años y medio, sin contar las reformas que se puedan haber hecho en ese período. Es lamentable, que no se haya avanzado mucho en este sentido y que nos aprestemos a una reforma constitucional, que tiene como objetivo simple consolidar en el poder a un grupo, que no se ha caracterizado por su amplitud, pluralidad, tolerancia y sensatez, para no entrar en la discusión de su fracaso económico, social, laboral y educativo. Si sólo vemos la composición de la directiva de la comisión encargada de la reforma, nos daremos cuenta del sectarismo presente.