Desde que el gobierno de Nicolás Maduro asumió la conducta política, de basar su estabilidad en la labor represiva militar-policial-judicial, como respuesta a las conspiraciones de cierta oposición, pero saltándose la Constitución y las leyes, facilitó el camino de esos mismos opositores extremistas, dentro y fuera del país. Facilitó la deslegitimación de toda la acción de gobierno y de las instituciones venezolanas, lo que indudablemente llevaría en algún momento a la grave situación actual. Desde jóvenes aprendimos, durante nuestra actividad política, que ningún gobierno puede mantenerse solamente con el ejercicio de la represión, sin importar la intensidad y métodos de la misma. Y mucho menos, cuando en forma descarada se violentan los DDHH y el debido proceso judicial, establecido muy claramente en la Constitución, que el propio chavecismo impulsó y logró se aprobara en referendo por los venezolanos, entre ellos, quien escribe.
Desde la época de los gobiernos del presidente Chávez, la sociedad en general comenzó a resentir las primeras evidencias del inicio de ese tipo de conducta, al margen de la Constitución y de las leyes. Para ejemplificar sólo les recordaré dos casos muy claros: el del atropello gubernamental contra Franklin Brito, que terminó luego de una larga lucha del afectado, con su trágica muerte, la primera del comandante eterno. El otro caso fue el de la juez María Lourdes Afiuni, para quién el propio presidente pidió 30 años de cárcel y que, en sus 10 años de lucha judicial, terminó recibiendo una condena muy extraña de corrupción espiritual. No entro en los detalles de ninguno de los dos casos, ni estoy evaluando las razones aducidas por las partes, pues ése no es mi objetivo en este momento.
Repito algo que siempre digo, pues no caigo en discursos opositores extremistas, sino me ciño a la verdad, la sensatez y la lógica. Todo Estado tiene el derecho de defenderse de quienes conspiran, pero sólo lo puede hacer dentro del marco constitucional y legal existente. Si no lo hace de esa manera, deja de ser un Estado de derecho y de justicia, independientemente de lo que proclame en voz alta. Y esto se lo digo concretamente al gobierno actual. Para enfrentar las conspiraciones, no hay que proceder en la forma ilegal y arbitraria en que se viene procediendo desde hace muchos años. Es inaceptable que se castigue el incumplimiento de las leyes, a través de la violación de las mismas. Ni siquiera se lo puede admitir, en el caso de conspiraciones delictivas violentas. Si alguien se enfrenta violentamente al gobierno, se lo reduce con una violencia de la misma o menor magnitud de la que se enfrenta y se lo apresa sin violentarle sus DDHH.
¿No le gusta esto a nuestros gobernantes? Pues dejen entonces de ser gobierno, pero no pueden violar la Constitución ni las leyes nacionales y universales. No se puede imitar a Trump en el Caribe, ni a Netanyahu en el Medio Oriente, que se saltan cínicamente y con soberbia las leyes internacionales y las propias, así como los DDHH. No se debe imitar las conductas de gobiernos del pasado, enfrentadas con valor en su momento, simplemente porque ahora, los opositores del pasado se convirtieron en gobierno y de víctimas pasaron a ser victimarios. Ésa es una depravación gigantesca que nunca se ha debido permitir y, mucho menos, celebrar. Y eso no significa ser “blandengue” en la defensa del poder. Ser justo no es ser blandengue. Apegarse a la ley, tampoco. Golpear el puño de una mano contra la palma de la otra, como lo hacía Chávez, puede ser bueno para mostrar resistencia y valor ante amenazas, pero es contraproducente cuando expresa que se tiene al poder como sustituto de la razón.
No es con la operación “tun, tun” que se garantizará la paz, ni mucho menos la unidad solidaria con el país y el amor a la patria de la gente. No es acusando como enemigo de la “revolución” a todo el que la critique, como ésta convencerá. No es castigando con cárcel la libertad de opinión, como el gobierno se legitimará. Se le hace muy mal servicio a Venezuela y al mismo gobierno, cuando un hecho vandálico censurable, es transformado, por obra y gracia de unos fiscales, en hecho terrorista, simplemente para lograr una mayor condena y no otorgar medidas cautelares. Eso raya en el terrorismo de Estado. Decir que tenemos un gobierno muy malo, ineficiente, autoritario, corrupto, puede ser desagradable para los oídos de la cúpula del poder, pero no es ninguna “incitación al odio”, muletilla viciada usada como acusación del opositor supuestamente peligroso.
Les recuerdo a nuestros gobernantes que, desde su aparición sobre la tierra, el ser humano, y antes sus ancestros, siempre ha actuado en comunidad, en grupo, para el desarrollo de todas sus actividades. Siempre ha estado asociado a sus semejantes, por lo que esa otra muletilla siniestra de “asociación para delinquir”, inventada para aumentar el castigo por una misma acción, no significa justificación ninguna de una conducta lastimosamente autoritaria. Adicionalmente, imputar a todo el mundo con los mismos delitos, además de revelar una flojera mental peligrosa, terminará conspirando contra el propio régimen, pues desenmascara ante el mundo entero su carácter represivo. Adicionalmente, acusar a alguien con esa retahíla de cargos, dificulta la obtención y el acopio de las evidencias, lo que lleva a juicios paralizados o a mantener presas a personas por meses o años, sin presentación en tribunales, algo ilegal y diabólico, que quizás busca “quebrar” al detenido.
Y, por si fuera poco, en estos patéticos casos, el gobierno carga con mayores responsabilidades, pues tiene que garantizar la salud y el bienestar de esos detenidos, en un sistema penitenciario ineficiente, descompuesto y sobrepoblado. Tan fácil que sería no caer en ésta y otras prácticas, tan combatidas en el pasado por los mismos que hoy las practican. Tan fácil que sería, no apresar a nadie sin justificación ninguna, y si realmente hay elementos que indiquen la culpabilidad del detenido, tan fácil que sería aplicar el COPP y juzgar a la persona en libertad, lo cual ayudaría mucho a aliviar las tensiones internas actuales y a facilitar el enfrentamiento exitoso de la crisis existente.
