Los gobiernos reformistas pueden remediar problemas, realizar avances sociales, poner fin a ciertas violencias.
Ser de políticos honestos. Es posible que incluso algunos de ellos no se den cuenta de su dependencia.
Lo que no debería ocurrir es entenderlos como partidos independientes de los empresarios.
Son capitalistas por convencimiento e interés.
Aceptan el rol de impulsar cambios al interior del espacio de propiedades inamovibles.
El poder fáctico no se les impone desde fuera porque son parte del orden.
Se suele oír que no toman medidas antisistema por falta de fuerza, que se limitan por pragmatismo. En Chile los reformistas se unieron al empresariado interno y externo para destruir el gobierno radical de Allende. Después de algunos años ellos y los nuevos reformistas consolidaron la propiedad de los grandes empresarios lograda durante la dictadura militar/patronal.
Un problema de los reformistas es la inestable voluntad de los grandes propietarios para permitirlos.
Creen que moviéndose dentro de las reglas están seguros si no tocan intereses vitales de los empresarios.
El hecho es que sin ser radicales pueden ser expulsados con golpes militares, judiciales o parlamentarios.
En Brasil lo vivieron Goulart, Lula, Dilma, en Perú, Castillo, en Paraguay, Lugo, en Honduras, Zelaya…
El presidente de Chile, Boric, está por la entrega derechos de explotación del litio a empresarios. Pero eso no garantiza su estabilidad futura.
Otra rama política del empresariado levanta un discurso golpista.
Los reformistas no pueden exigir seguridad al poder empresarial fáctico sabiendo que son una parte removible.
¿Se puede descartar un golpe en Brasil, Colombia, Bolivia…?
