La promulgación de la Ley Habilitante, que faculta al Jefe del Estado a legislar por decreto, ha profundizado el despliegue informativo que local e internacionalmente acusa al Presidente de autócrata. Y en la práctica se puede admitir, con o sin habilitación, esta calificación. No escapa a cualquier estudioso de las ciencias del comportamiento, el hecho de que el sistema actual de gobierno venezolano responde en su esencia a los llamados regimenes carismáticos. Una categoría que implica la concentración del poder en una persona considerada, por buena parte del pueblo, como poseedora de cualidades excepcionales. Pero semejante cuadro político no es el resultado de una acción coercitiva, o de un chantaje. Es la consecuencia, como también lo conocería ese académico, de un desvanecimiento, por ineficacia, de las instituciones políticas, sociales y económicas, establecidas en el país. El ascenso al poder del actual jefe de estado, fue el resultado de un proceso electoral en el cual compitió, no con organizaciones políticas, sino con otros líderes carismáticos que se presentaron como rivales, para luego abandonar el escenario del Estado. Actuaron irresponsablemente ante sus seguidores, que posteriormente fueron articulados, junto con la mayoría de los parlamentarios electos, por una mediocracia que actuó como punta de lanza de los intereses de los grandes empresarios nacionales, fuertemente asociados con las empresas transnacionales que pretenden controlar el mercado internacional. Y a través de este medio, ordenar políticamente el sistema internacional, dentro de una nueva concepción imperial.
Obviamente, el desmoronamiento institucional ocurrido, dejo sin efecto el contrato social existente, y a diferencia de lo que haría un autócrata, el líder convocó el poder constituyente, previa aprobación por referéndum de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y producida una nueva carta constitucional del estado, ratificada por el mismo mecanismo refrendario, en nuevos comicios, se relegitimaron los poderes públicos, con la presencia de una oposición bastante desarticulada. Y aun en esas condiciones, los opositores al régimen lograron una importante representación parlamentaria que les hubiese permitido el desarrollo de un debate político, dentro del marco del juego democrático (juego ganar-ganar). Pero su conducta no fue democrática. Escogieron la polémica, apoyados por el gobierno usamericano, en un juego suma cero, transformando la discusión de las ideas en un enfrentamiento de poderes. En ese juego se abstuvieron de participar en las últimas elecciones parlamentarias, dejando esta instancia del poder público bajo el total control de las fuerzas encabezadas por el Presidente Chávez. Un hecho que permitió su reelección, con una disminución sensible del apoyo popular a las fuerzas conservadoras. De modo que, en esas circunstancias, nadie puede negar la vocación democrática de quien indiscutiblemente controla el poder del Estado.
Lógicamente, la Ley Habilitante le proporciona al Jefe del Estado la facultad de legislar, sin las formalidades establecidas para la formación de las leyes. En cierta forma, como sucede en los regimenes con división de poderes, una competencia, que aun cuando limitada, el ejecutivo comparte con el legislativo y el judicial, quien regula mediante sus dictámenes constitucionales. Tradicionalmente, en la praxis política venezolana, el ejecutivo, reglamenta las leyes y dicta resoluciones y otros tipos de normas que complementan los instrumentos legales. Y en ese marco la costumbre constitucional venezolana –y en la constitución vigente esto no es una excepción- se suele admitir la habilitación del Jefe del Estado para que legisle por decreto. Esta ha sido una práctica ejercida repetidas veces en nuestra historia política, sin que ello haya sido objeto de descalificaciones, como las que actualmente se le hacen al Presidente en ejercicio. De allí que en este contexto, la intensificación del despliegue informativo que busca desprestigiar al Presidente Chávez, sea un acto de poder, destinado a exacerbar las contradicciones internas, que coincide con la ofensiva política de la Casa Blanca contra el régimen político venezolano. Perfectamente esta acción puede inscribirse como un acto de terrorismo internacional, que por medios psicológicos y políticos busca la intimidación, la desestabilización social y moral de la población, la anulación de la voluntad de resistencia de los órganos de poder y, la manipulación de la política del Estado y la conducta de los ciudadanos. Es un arma utilizada en el nuevo tipo de guerra que desarrolla los EEUU dentro del marco de las llamadas “operaciones decisivas rápidas”. Por cierto unas acciones que no han sido ni determinantes ni expeditas. Una conducta que los ha conducido a “guerras prolongadas”, con costos materiales y humanos insoportables, incluso, para la propia economía y el prestigio de ese centro de poder mundial.
