El tablero geopolítico entre Caracas y Washington vuelve a tensarse tras la decisión de la Casa Blanca, comunicada el pasado 18 de febrero de 2026, de extender por un año más la Orden Ejecutiva 13.692. Esta medida, que califica a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad estadounidense, ha sido recibida por el Gobierno Bolivariano como un acto de "anacronismo político" que carece de sustento en la realidad actual.
La diplomacia estadounidense parece operar bajo una esquizofrenia calculada. El mismo Gobierno de Trump que el 18 de febrero de 2026 renovó la etiqueta de "amenaza inusual y extraordinaria" contra Venezuela, ha estado emitiendo silenciosamente licencias para asegurar su propio suministro energético. Es la política del "garrote y la zanahoria" llevada al extremo del cinismo.
La Respuesta de Caracas:
A través de un comunicado oficial difundido por el canciller Yván Gil, Venezuela ha calificado la prórroga como un instrumento de "coerción y persecución económica". El argumento central de la diplomacia venezolana es que mantener esta etiqueta de "amenaza" no busca proteger a EE. UU., sino justificar la continuidad de las sanciones que han impactado el 99% de los ingresos nacionales desde 2015. Para Caracas, se trata de una estrategia de confrontación que ignora los llamados al diálogo franco y al respeto de la soberanía.
Un detalle candente en este reporte es la denuncia de Venezuela sobre la inconsistencia jurídica de la medida. Mientras Washington mantiene canales de comunicación abiertos en ciertos sectores energéticos, renueva un decreto que, en teoría, define al país como un peligro inminente. Esta "dualidad diplomática" es lo que teleSUR y fuentes oficiales señalan como una herramienta de presión para influir en la política interna venezolana bajo el disfraz de la seguridad nacional.
"La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la renovación de la denominada 'emergencia nacional' con respecto a nuestro país, prorrogada el 18 de febrero de 2026 por el Gobierno de los Estados Unidos..."
Los puntos de ataque del comunicado:
- Continuidad del Atropello: El texto denuncia que esta medida da continuidad a la Orden Ejecutiva 13692 (la de Obama de 2015), calificándola como un instrumento de "agresión sin precedentes en la historia del país".
- Falsedad de la Amenaza: Caracas enfatiza que tras once años, es evidente que Venezuela no representa un riesgo para el pueblo estadounidense. Define la narrativa de Washington como una "distorsión de la realidad".
- Violación del Derecho: El gobierno afirma que la medida "ignora deliberadamente el derecho internacional y la soberanía" de los Estados, basándose en argumentos falsos para imponer sanciones unilaterales.
- Extorsión Estructural: El canciller Gil señala que esta "emergencia" es el pretexto legal para mantener la política de coerción y persecución económica contra el pueblo venezolano.
Apenas cinco días antes de la renovación del decreto de emergencia, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió las licencias generales 49 y 50, autorizando transacciones clave en los sectores de gas y petróleo. Más aún, el 13 de febrero, se otorgaron permisos a cinco empresas para operar en suelo venezolano. Washington castiga con la palabra pero negocia con el crudo, demostrando que la supuesta "amenaza" no es un impedimento cuando se trata de llenar sus propias reservas.
Los detalles candentes no terminan en lo económico. Se han reportado reuniones de alto nivel entre el Comando Sur y figuras clave de la política venezolana, como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello a la par que se concretaba la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en el país. Esta "diplomacia de pasillo" contradice frontalmente la narrativa de confrontación total que Trump proyecta en sus discursos, revelando que tras la fachada de la "Operación Determinación Absoluta", hay una mesa de negociación que nunca se terminó de recoger.
El "Pragmatismo" del Verdugo
El doble juego es evidente: Washington necesita el petróleo venezolano para mitigar el caos arancelario que el propio Trump ha generado globalmente, pero no puede renunciar al decreto de emergencia porque es la llave legal que le permite mantener el control sobre los activos del país. Es una asfixia selectiva donde se aprieta el cuello, pero se deja suficiente aire para que la producción petrolera siga fluyendo hacia el norte. Mantiene a la víctima en un estado de anemia perpetua (las sanciones y el decreto de "amenaza") para que no pueda defenderse, pero se asegura de que el corazón (la industria petrolera) siga latiendo lo justo para extraerle la sangre que necesita para su propia maquinaria. Es una parasitosis de Estado.
Se mantiene el decreto de "Amenaza Inusual" para justificar el bloqueo y asfixiar al pueblo.
- Las licencias específicas (como las de Chevron o las recientes del 13 de febrero) para succionar el crudo que sus refinerías del Golfo de México tanto extraña
- Es un ciclo de depredación selectiva. No quieren que el paciente muera, porque se quedan sin suministro, pero no permiten que sane, porque perderían el control.
Estas son las medidas de "extorsión" que Washington mantiene activas tras la prórroga del 18 de febrero de 2026:
1. El "Ancla" Legal: Orden Ejecutiva 13.692
Es la madre de todas las sanciones. Al renovar esta "Emergencia Nacional", EE. UU. mantiene la base jurídica para:
- Congelar activos: Bloqueo de propiedades y cuentas bancarias de funcionarios y del Estado en suelo estadounidense.
- Prohibición de transacciones: Impide que cualquier ciudadano o empresa de EE. UU. haga negocios con el gobierno de Venezuela sin una licencia específica .
2. El Bloqueo Petrolero y Financiero (Orden 13.808 y sucesivas)
- Restricción de Deuda: Prohíbe transar nueva deuda emitida por el Gobierno o PDVSA, asfixiando la capacidad de refinanciamiento.
- Retención de Citgo: El activo más valioso de Venezuela en el exterior sigue bajo control de juntas designadas por Washington, bloqueando el retorno de dividendos al país .
3. Las "Licencias de Goteo" (El Doble Juego)
Aquí es donde entra el vampiro. Washington otorga permisos selectivos para que su propia economía no sufra:
- Licencia 41 (Chevron): Permite extraer crudo para cobrar deudas, pero prohíbe el pago de impuestos o regalías en efectivo al Estado venezolano .
- Licencias de Gas (Trinidad y Tobago): Autoriza proyectos de exportación de gas desde aguas venezolanas, siempre que no se pague en efectivo a Caracas, sino en bienes o "ayuda humanitaria".
4. Persecución a la Logística
- Sanciones a Buques: Lista negra de tanqueros que transportan crudo venezolano, encareciendo los fletes y forzando al país a vender con descuentos de hasta el 30% en mercados asiáticos.
Caracas denuncia que esto no es "seguridad nacional", sino una extorsión estructural donde EE. UU. decide quién come, quién comercia y quién extrae petróleo, todo bajo la amenaza de un decreto de 2015 que ya cumplió 11 años de injustificada vigencia.
Exigencia Internacional:
Venezuela ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se reconozca que esta medida es una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Caracas exige el levantamiento total de las sanciones y un trato basado en el derecho internacional, rechazando lo que consideran un "modelo de tutela" que EE. UU. pretende imponer en la región.