No siempre es fácil distinguir entre las luces del alba y los arreboles del ocaso. La dificultad no estriba a menudo en la torpeza del observador, sino en la similitud de fenómenos de signo contrario, con rasgos idénticos. Algo así ocurre en estos momentos con la Revolución Bolivariana cuando, en el umbral de una transición que deje atrás al capitalismo, afronta el dilema de acelerar el paso o ceder y retrogradar.
Las fuerzas que hasta ahora apoyaron al presidente Hugo Chávez se delimitan ante la opción de reforma o revolución; cada quien ocupa su lugar, incluso sin comprender la fuerza que mueve sus pasos. Las pugnas internas a las que da lugar la fundación de un partido para la revolución socialista revelan lo mejor y lo peor de los hombres y mujeres que desde fines de los 1990 encarnaron un formidable proceso de transformación social en una coyuntura mundial de reacción sin precedentes. Sentimientos, opiniones, actos reflejos, están condicionados además por el impacto de la derrota electoral sufrida en la pulseada por una reforma constitucional, el pasado 2 de diciembre.
Es en esta coyuntura difícil que George Bush apeló a Exxon Mobil, la empresa petrolera de la cual él y su equipo son accionistas, para ensayar un tiro de gracia contra el gobierno de Hugo Chávez. Pero el disparo salió por la culata.
Venezuela pareció sufrir una descarga eléctrica de altísimo voltaje cuando, en la tarde del pasado jueves 7 de febrero, la agencia de noticias Reuters informó que Exxon-Mobil había presentado una demanda por 36 mil millones de dólares contra la petrolera estatal venezolana Pdvsa en tribunales de Nueva York, Londres y Ámsterdam. Como reguero de pólvora corrió la conclusión de que los activos de la empresa en el exterior serían confiscados, los barcos petroleros incautados en el mar y las cuentas de esta empresa congeladas en todo el mundo.
Para completar el cuadro, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense declaró que el gobierno de Washington respaldaba la medida de Exxon.
La oposición al presidente Hugo Chávez sintió que éste era el golpe de gracia para un gobierno que, desde la derrota en el referéndum para una reforma constitucional, en diciembre último, trata de retomar la iniciativa y reconquistar el favor de sus bases, sin que hasta ese momento se vieran resultados palpables en el humor las mayorías. Éstas, por su parte, contuvieron el aliento, tratando de entrever los efectos de tales medidas y recordando las penurias sufridas en diciembre de 2002 y enero de 2003, cuando un paro de la cúpula de Pdvsa apoyada por el conjunto de la oposición paralizó la producción y en cuestión de horas se tradujo en peripecias inenarrables para la población. A medianoche del jueves y en las primeras horas de la mañana siguiente, la desazón general pareció abonar la interpretación de la oposición, que desde sus canales de televisión, las radios de mayor audiencia y la totalidad (menos uno) de la prensa escrita diaria, anunciaron el colapso definitivo de Chávez.
Ese clima prevaleció hasta que hacia el mediodía del día siguiente Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Energía y petróleo, tras una reunión con la plana mayor de la empresa, en conferencia de prensa dio a conocer la información sobre los acontecimientos y la línea de acción resuelta en la madrugada por el presidente Chávez.
No hay tal embargo, explicó Ramírez. La cifra real por la cual Exxon presentó una medida cautelar es de 12 mil millones de dólares. Pdvsa no tiene en el Reino Unido, en Holanda (o su área de control en el Caribe), ni en Estados Unidos, activos que ni a distancia se aproximen a esa cifra. Por el contrario, los activos de Pdvsa están estimados en 109 mil millones de dólares, por lo cual esa medida preventiva carece de todo fundamento y sólo se explica como embestida política de esta transnacional contra el gobierno venezolano. Recuérdese –subrayó Ramírez- que buena parte del gabinete de George Bush ha sido y es integrante del directorio de Exxon, o accionista de la empresa. No hay la menor posibilidad legal de embargar cuentas, confiscar bienes o detener la operatoria normal de venta, transporte y cobro de petróleo venezolano. Sólo en Estados Unidos se han congelado los fondos de una cuenta de Pdvsa, por algo más de 300 millones de dólares. Ésta es una medida que intenta revertir la nacionalización de nuestras reservas en la Faja del Orinoco, resuelta el 1 de mayo de 2007. Y que apunta a desestabilizar al gobierno del presidente Chávez. Pero no nos van a amedrentar, no nos harán retroceder ni cambiar de rumbo.
El domingo siguiente, en su habitual programa Aló Presidente, Chávez remató la idea, tras explicar detalladamente la naturaleza del conflicto y los alcances de la medida, para luego machacar sobre la responsabilidad de las autoridades de la Cuarta República por haber firmado contratos que van contra los intereses de la nación, además de admitir contractualmente la competencia exclusiva de tribunales extranjeros en caso de controversia entre las partes. Ya para entonces el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que sesiona cada fin de semana desde el 12 de enero y hasta el 9 de marzo, había comenzado a desarrollar un plan de movilización nacional. En el curso de la semana siguiente el clima social revirtió. La oposición quedó en la incómoda situación de defensora de Exxon. Los obreros petroleros, hasta ese momento y durante mucho tiempo paralizados y desentendidos de la marcha de la revolución, salieron en masa a defender su empresa. El pueblo en sus más diversos estratos los acompañó. El gobierno retomó de manera rotunda la iniciativa. Puede percibirse ya en el aire un estado de ánimo diferente, que probablemente sea el punto de inflexión de un prolongado reflujo en la conducta política de las mayorías, que en rigor viene desde un año atrás y explica en buena medida el resultado negativo para Chávez del referéndum del 2 de diciembre pasado.
La raíz del conflicto
El 1 de mayo de 2007 Chávez anunció, ante una inabarcable asamblea de obreros petroleros, el fin de la llamada “apertura petrolera”, una política iniciada en los años 1990 y apuntada a la privatización completa de Pdvsa.
La medida de recuperación no excluyó a la empresa privada. De un lado, limitó la posibilidad de participación a un 40%, dejando el control al Estado. Y por otro, cambió lo que era realmente la base de la exacción desmesurada de las riquezas venezolanas por parte de una decena de grandes empresas petroleras extranjeras: pasó el cobro de regalías de 1 al 33,33%, y el impuesto a la renta del 34 al 50%. Venezuela recuperó así la soberanía sobre sus recursos y avanzó drásticamente en detrimento de las ganancias privadas. Pero éstas quedaron lejos de ser desestimables, como lo demostró el resultado: tras negociar el acuerdo, éste fue suscripto por todas las transnacionales, excepto tres: la italiana Eni y las estadounidenses ConocoPhillips y Exxon-Mobil. Con las dos primeras, la negociación bilateral está prácticamente resuelta. Sólo la muy conocida ex Standard Oil (la misma que produjo la guerra del Chaco en 1932), llevó la situación al punto de conflicto.
Expertos en Derecho internacional aseguran que Exxon no tiene chance en el terreno legal. Su capital en el emprendimiento en litigio ronda los 700 millones de dólares. Pdvsa siempre estuvo dispuesta a pagar una indemnización razonable y tiene músculo financiero más que suficiente para hacerlo.
El objetivo de la Casa Blanca a través de Exxon fue asestar un golpe al liderazgo de Chávez, en un momento particularmente difícil para su gobierno, mientras se dirime si la Revolución Bolivariana recupera el impulso o retrograda al compás de la disgregación de su base social. Esto último no lo descartaban días atrás incluso altas figuras del gobierno. Pero como suele ocurrir en los momentos cruciales de un proceso político, los enemigos se equivocan tanto como los amigos inseguros. El imperialismo no esperaba que su arremetida abroquelara otra vez a los trabajadores y el conjunto del pueblo en torno a Chávez. Pero eso exactamente es lo que ocurrió.
Ahora se trata de aprovechar la nueva coyuntura que se abre para ordenar las filas, corregir errores, afirmar la estrategia y afinar las tácticas, partiendo de la certeza de que Estados Unidos, más que nunca atenazado por la crisis interna y el riesgo de perder el control del mundo, no cejará en su empeño por aplastar la Revolución Bolivariana. La consigna de Chávez de las 3R (Revisión, Rectificación, Reimpulso), es la clave del momento. Y el instrumento para llevarlas a cabo es el partido en gestación, por esa misma razón receptáculo de todas las conspiraciones y amplificador de todas las virtudes y debilidades de la revolución.
16/2/08
El Espejo Nº 174 – Febrero de 2008
