El tema del incremento de la gasolina da para muchos análisis en todos los ámbitos de la vida nacional. El tema económico debe ser el principal aspecto a abordar, especialmente en el sector alimenticio, ya que la subida del precio del combustible incide en el incremento de aquellos si no se emplean políticas de control y de sanciones al sector empresarial. Además, es inaudito que la mayoría de los productos de primera necesidad y de limpieza e higiene personal, así como el gas doméstico, resulten ser más onerosos que un tanque de gasolina mensual (equivalente 120 litros igual a Bs. 600.000). Retomando y rememorando el nuevo esquema de distribución del combustible, éste se dio inicio en función de tres vértices: el subsidio directo a todos los venezolanos; el subsidio total, del 100%, al transporte público, así como al de carga, y la activación del combustible a precio internacional. La protección que dará el gobierno nacional a los transportistas será de 90 días, tanto de la gasolina como del diésel, con la intención de que este incremento no impacte en las tarifas del transporte público, ni en los fletes de transporte de bienes y servicios. En este último caso de asistencia al transporte de carga ya se observa, en menos de 15 días, el incremento desmesurado por parte de los empresarios a los bienes y servicios, bajo el argumento ahora de que el transportista paga la gasolina en dólares y/o de que la disparidad cambiaria incide sobre los precios de sus productos o servicios. El precio del gas doméstico comercial se volvió a disparar en una semana, los medicamentos e insumos sufrieron un alza incontrolable e igualmente algunos alimentos por la fluctuación del dólar y el aumento del combustible. Pareciera que el sector empresarial está convencido de que solo ellos manejan y controlan la economía del país, ante la inobservancia del ministerio de economía, o la acción lenta del gobierno, o la ineficiencia de unos cuantos funcionarios públicos que se preocupan más por sabotear el trabajo del presidente Maduro que por ayudar a un pueblo que cada día más la burguesía pretende asfixiarlo y golpearlo por el estómago.

El ministro Aissami ha manifestado que el objetivo de este nuevo esquema de distribución es golpear las mafias del contrabando de extracción y del bachaquerismo, que niegan el derecho al pueblo venezolano a su combustible. Acabar con el bachaquerismo, el cual se inició desde que la gasolina es la más barata del mundo, desde que el bachaquero venezolano le ha resultado más fácil contrabandear gasolina para la frontera, y se profundizó en el año 2013 con la desaparición de los productos básicos en el país, por un pequeño sector de la población al que ya se suman empresarios, funcionarios policiales y de la FAN, es una meta que requiere de transformaciones profundas, especialmente en el sector transporte, cuyo beneficio otorgado le generará más dividendos al transportista al vender la gasolina que prestar su servicio público a la colectividad. El incremento del combustible implica, entonces, la reestructuración del sistema de transporte, si esto no ocurre el objetivo de Aissami se quedará solo en un sueño o una intención. Existen mafias y organizaciones criminales que se dedican a la extracción de la gasolina para venderla en el mercado ilegal hacia la frontera; pero también existen otras que operan a nivel interno, desde las estaciones de servicio, en complicidad con las mafias del transporte público, o sencillamente dentro de la modalidad del bachaquerismo afectando la economía del país y jugando con las necesidades de los venezolanos. La protección de un cien por ciento al sector transporte con el suministro de la gasolina y el diésel dará pie a más corrupción, más especulación, más fuga del combustible, mayor incremento en los pasajes urbanos (como en efecto ya lo están haciendo, sobre todo en zonas vulnerables del país, donde no existe control por parte de las autoridades y la ley de la mafia del transporte es la que impera. Si hay dudas, el mejor ejemplo es la zona Sur del Lago de Maracaibo, donde los transportistas tienen azotados a los usuarios); en los extraurbanos, ya que antes de decretarse la cuarentena, solo en el mes de febrero los pasajes fueron incrementados tres veces, y dará paso a la desaparición poco a poco del servicio público, una vez que los transportistas se percaten de que es más fácil tener una unidad con combustible gratis, vender ésta al precio que quiera en dólares y no trabajar. Si el conductor tiene más de tres unidades, le resultará cómodo colocar un avance con una unidad y bachaquear con las otras. Ojo, esto no significa que esté en contra del subsidio de la gasolina a este sector, puesto que este beneficio debe ser para favorecer al pueblo venezolano que usa diariamente este medio de transporte, sino que estoy en contra de que no se apliquen medidas previas de control para que no se vulnere esa protección a los venezolanos, como en efecto siempre pasa cuando el gobierno aplica medidas que benefician al pueblo. Tal es el caso del incremento del salario, cada vez que el gobierno establece un nuevo incremento, se instaura luego una mesa de diálogo con el sector empresarial para concretar acuerdos en los precios, los cuales nunca se aplican ni se hacen antes del incremento.

Es muy importante que se considere al sector transporte en este esquema del gobierno, en virtud de que ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis económica y ahora por la pandemia. Los repuestos para vehículos son altamente costosos, la mayoría no se consiguen en el país y darle esta protección les beneficiará mucho. No obstante, vale insistir de que el control del sector transporte debe estar en manos del Estado, o de los municipios, o en otros casos llegar a acuerdos específicos de operatividad, porque su naturaleza es la prestación de un servicio público, como ocurre en países desarrollados. El sector transporte es un caudillo del poder y del abuso que nadie, ningún ministro, gobernador, protector o alcalde, ha podido penetrar. Antes de la pandemia el actual ministro de transporte se rindió ante este sector para aumentar el pasaje urbano a los venezolanos de manera desproporcional, injusta y desequilibrada; luego le siguen los gobernadores o protectores y alcaldes, que deberían velar por la prestación óptima de todos los servicios a sus ciudadanos. Como parte de ese pueblo debe dársele el mayor bienestar, considerando que la mayoría son de estratos sociales bajos; pero por encima de este sector debe prevalecer la seguridad social que deben tener todos los usuarios. Ahora bien, una táctica como la que aplica desde hace años el sector transporte como es el bachaquerismo, incide negativamente contra todos los venezolanos, contra el Estado en general. Urge, por lo tanto, que se apliquen medidas sancionatorias a este sector si incurren en hechos que atenten contra la economía del país; conductor, que bachaquee con la gasolina fuera del territorio debe ser considerado esto como un crimen contra la patria, por ende enjuiciado; conductor que utilice su combustible en detrimento del pueblo venezolano, debe ser expropiada su unidad y sancionar a la línea a la cual pertenece. Necesitamos hombres y mujeres libertadores que lleven la esperanza y la solidaridad como un valor fundamental Bolivariano, para superar la crisis presente y aspirar a un país más humanista donde prime la hermandad.