Atención, ciudadano

Dr. Tarek William Saabb

Fiscal General de la República

Su despecho. -

 

Apreciado Fiscal, si algo es urgente para Venezuela y su negocio petrolero a través de su estatal PDVSA es la creación desde la Fiscalía General de la Republica, de una fiscalía especial que de respuesta a los delitos cometidos en contra de los intereses nacionales del petróleo.

Por supuesto esta fiscalía debe ir acompañada con otra importante creación: tribunales especializados. Me refiero a la conformación de equipos aptos de expertos -desde mínimos a máximos detalles-, que logren advertir, evaluar, investigar, formular y sentenciar a los responsables de cualquier daño patrimonial interno o externo, nacional o internacional, que vayan en contra de la Estatal Venezolana y los cuales comprometan la hacienda de tan importante empresa.

Incluso, llegar a la constitución de una Sala Penal Petrolera en el Tribunal Supremo de Justicia -TSJ-. Es sano para nuestra naciente República evaluar si podemos llegar a su conformación. Dicha instancia estará conformada por Magistrados especializados, los cuales estén capacitados para dar respuestas inmediatas a las más importantes decisiones, interpretaciones y defensa de los libres intereses provenientes de contratos nacionales e internacionales, juzgar, reafirmar sentencias y cualquier otro elemento garante de sus decisiones.

Pero qué elementos pueden llegar a justificar la creación de una Fiscalía que atienda de forma eficiente e inmediata cualquier delito -dolo- cometido y el cual comprometa los intereses y el acervo en PDVSA.

1. Hasta hace no menos de cuatro años atrás la producción de crudo bordeaba alrededor de los 3 tres millones 475 mil barriles diarios de crudo. Debido a varios factores, entre ellos el bloqueo por parte (unilateralmente) del gobierno de EE.UU., más algunos hechos técnicos, financieros, técnicos y de personal, llevaron a PDVSA a la imputación ante el Ministerio Público de más de 1200 empleados de la industria petrolera involucrados de forma directa en el deterioro del patrimonio de la industria. Acá se corre el riesgo por desconocimiento e inexperiencia jurídica, donde los responsables de desviaciones no se les aplique la calificación específica, pues quienes imputan no poseen una gran experiencia en lo estratégico de la industria del petróleo.

2. Los aportes directos de PDVSA, los cuales provienen del negocio de sus colocaciones -ventas de petróleo a otras naciones-, son enviados directamente al fisco nacional por intermedio del Impuesto sobre la resta, regalías y otras cargas, las cuales recibe periódicamente la nación. Todas estas acciones administrativas superan y comprometen los ingresos de la nación con el 97% de los dólares que ingresan a Venezuela, todos provenientes de la llamada y conocida renta petrolera.

3. El mayor patrimonial —puertos, refinerías, terminales, poliductos y demás— del petróleo nacional e internacional que tiene la república están bajo la administración de PDVSA.

4. Desde su valor bajo tierra, el petróleo tiene un precio impresionante y al extraerlo su costo se multiplica sin importar el mercado donde éste se negocie, por lo versátil de su trasformación. Por esto el petróleo es un bien patrimonial para la república y sus ciudadanos pues de este vamos a vivir en los próximos siglos y por tanto debe cuidarse su uso y vigilar sus ganancias pues estas se traducen en financiamiento y forma de mantenernos.

5. Debe tener muy en cuenta el poder jurídico nacional depositado en tribunales y fiscalía que, las actuales reservas de la República ascienden en la Faja Petrolífera del Orinoco a más de 340 mil millones de barriles y eso es un valor estratégico y geopolítico nacional e internacional.

6. En un futuro mediato, la República llegará a certificar sus reservas en más de 1 billón de barriles. Esto es lo que verdaderamente subyace bajo toda nuestra superficie terrestre y marítima.

7. Actualmente el 21% del petróleo existente en el planeta pertenece a Venezuela, está extendido por todo nuestro territorio.

8. El 86% del petróleo certificado ingenierilmente en el planeta pertenece a los actuales 14 países miembros de la OPEP. Venezuela en esta organización fue uno de sus principales fundadores, ideó y le dio forma a su conformación y configuración, esto indudablemente nos corresponde a un liderazgo, aunque hoy detenido no implica que es una incertidumbre sus nuevas propuestas.

9. La tradición petrolera de Venezuela asciende a más de 140 años, desde 1878 cuando un incipiente Estado otorgó la concesión "La Petrolia" en el estado Táchira.

10. PDVSA mantiene en su nómina un importante número de trabajadores y empleados, aparte de enormes negocios con empresas nacionales e internacionales las cuales generan contratos, acuerdos, pactos, transacciones y otras negociaciones.

11. También a lo largo de décadas de explotación del petróleo las ganancias del mismo han motivado grandes hechos de corrupción.

12. Los procesos más antinacionales que ha vivido la República corresponden a lo vivido en los procesos de Nacionalización -Estado- e Internacionalización creado directamente por PDVSA en 1983 lo cual ascendió a la compra de 21 puertos, refinerías y terminales en distintos países. Luego de la "Apertura petrolera" desarrollada a partir de 1994, del paro-sabotaje petrolero, hasta el golpe de estado todo en 2002 y 2003. Más los hechos de corrupción originados por los expresidentes del holding estatal, Rafael Ramírez y Eulogio del Pino, lo cual llevó a la imputación por parte del Ministerio Público de 1200 empleados de PDVSA. Estos fueron hechos que marcaron el patrimonio de nuestra república con gravísimos daños patrimoniales y humanos los cuáles de repetirse, podrían llegar a la fractura de nuestra democracia.

13. Los recientes hechos donde desde la Asamblea Nacional venezolana en desacato se propició descaradamente el embargo de empresas venezolanas en el exterior: CITGO en EE.UU. y de Monómeros en Colombia.

14. Necesitamos fiscales especializados e integrales en el tema petrolero internacional que orienten la defensa de este bien tan preciado cuando se encuentren comprometidos nuestros intereses en otras latitudes.

15. Necesitamos fiscalías que nos defiendas de cualquier acción fuera de los contratos que firmamos con empresas internacionales.

16. Fiscales expertos en legislación internacionales -EE.UU., Federación Rusa, Bielorrusia, Irán, República Popular China, Cuba, entre otras- que revisen y evalúen permanentemente esos contratos para que nada vaya en detrimento de nuestra nación.

17. Una fiscalía del petróleo ayudaría a incluir en el debate académico -pensum- en las escuelas de Ciencias Jurídicas del país. Actividad académica que existía y que premeditadamente se suprimió.

18. Alcanzar acuerdos que contengan cláusulas dentro de tribunales nacionales evitando al máximo el arbitraje o control jurídico en tribunales internacionales.

19. Estas acciones contribuirían al debate nacional en cuanto a socializar con diversas profesiones, grupos y ciudadanos el tema jurídico del petróleo tan aislado de nuestra responsabilidad.

20. Contamos con experiencias muy valiosas de grandes abogados venezolanos las cuales deben ser rescatadas -la llamada jurisprudencia- como han sido las enseñanzas de Juan Pablo Pérez Alfonso, Salvador de la Plaza, Álvaro Silva Calderón, entre otros.

21. Analizaremos y estructuraremos estrategias en cuanto a juicios internacionales cometidos contra nuestra república, dirigidos a las naciones de la OPEP y contra otros países productores. Hablo de una experiencia jurídica que desde Venezuela sea ofrecida, esto es liderazgo en gerencia jurídica petrolera, también asesorías en la geopolítica petrolera del derecho.

22. Una fiscalía especializada en petróleo advertirá y daría confianza a las inversiones desde y hacia Venezuela. Igualmente, a quienes desde cualquier país del mundo desean participar en las diversas invitaciones que hace Venezuela a otros consorcios y las cuales son urgentes, normales y necesarias para la industria petrolera nacional pues representan alianzas, estrategias y acuerdos.

23. Así como nuestra República ha experimentado avances jurídicos con otras fiscalías innovadoras y muy necesarias para la defensa de minorías y de casos específicos, llegó el momento de defender el más sagrado de nuestros recursos, tal y como lo concibió Simón Bolívar bajo el decreto del 29 de octubre de 1829.

 

Abril 2020