Cualquier precio que se le asigne a la gasolina será inútil para frenar el contrabando de extracción hacia Colombia, a los países del Caribe y al norte de Brasil. En el caso particular de la amplia frontera con Colombia, los capos de las finanzas, vinculados a muchos males de la vecina República, y también a la guerra económica contra Venezuela, harán retroceder nuestra moneda a una paridad tal que avergüence; y con esto, los pesos serán siempre suficientes para pagar lo que creemos puede ser un precio adecuado. Hoy día, la pimpina de 20 litros la pagan a 2000 Bs, es decir mil veces lo que pagamos en nuestra Patria. Entretanto, la hermana Colombia ha incrementado las exportaciones petroleras, adquiriendo gasolina venezolana invirtiendo pesos y exportando en dólares su producción. Una jugada, donde los tontos somos nosotros. De ese negocio participan venezolanos y colombianos en una alianza malosa, que le puede producir a los motorizados mil bolívares por día y a un dueño de auto particular casi cuatro mil bolívares diarios. De allí que maestros, profesores universitarios, guardias nacionales, oficiales militares, sacerdotes, poetas, comerciantes, jubilados y pensionados, políticos, y todo el mundo (para ser más amplio) disfrutan del festín de esta disparidad monetaria, cobrándole al país por anticipado la parte de la renta petrolera que creen les corresponde. La extracción de mayor orden, se dice, la dirigen burócratas de mucho peso, algunos de los cuales han sido reducidos y están procesados por la justicia.
De manera que un nuevo precio de la gasolina no debe ser parte exclusiva de una política para frenar la extracción ilegal de combustibles fósiles. Para ese escabroso tema deben generarse otros instrumentos legales y de relaciones internacionales. Mis paisanos fronterizos andinos deben estar claros que se necesitan leyes estrictas al respecto.
Pero el tema de envergadura mayor es una clara política sobre el uso racional de la energía que haga de nuestras potencialidades motor del desarrollo integral, antes que una sociedad botarate, despilfarradora y contaminante. En 16 años pasamos de 2,5 a 5 millones de autos; y de escasas motocicletas a casi 4 millones de caballos de acero desbocados. Una producción de contaminantes subsidiada por el Estado revolucionario. De allí que, en algunas conversaciones con colegas de la agricultura, vemos en esas políticas puntos muy sensibles. En primer lugar, la gran directriz política es que debe hacerse mediante una “Ley Linterna” que alumbre la oscuridad que tratarán de ponerle los enemigos de la Patria, que no quieren que este tema se resuelva. Esta decisión que siempre ha perecido sabia, así tenga aristas filosas y riesgos políticos, debe seguir el camino de la discusión, como se ha anunciado, hasta el convencimiento que no se trata de un saco roto a donde irán los recursos adicionales. El debate debe limpiar las inconsistencias políticas e ideológicas sobre el tema del derroche energético.
Creo que por allí van los tiros, y para el sistema agroalimentario, esa ley debe recoger algunos aspectos importantes, entre otros, atar algunos proyectos fundamentales al incremento del precio: 1) el desarrollo nacional de capacidades de riego; 2) sustentar el plan de insumos para la agricultura nacional, incluidos los de la transición hacia la producción agroecológica; 3) apuntalar las obras de infraestructura necesarias para que el sistema agroalimentario permitan la expansión de la disponibilidad de alimentos, entre otras, la vialidad y el almacenamiento, incluida las cadenas de frio; 4) el fortalecimiento del nuevo modelo científico y tecnológico para el sistema agroalimentario nacional. Si no hemos olvidado a JJ Montilla, varias veces sugirió al presidente Chávez invertir 1.000 millones de dólares anuales (equivalentes) en este tipo de asuntos durante diez años consecutivos. En ese momento los enemigos y analfabetas de la agricultura presionaron al Comandante que no hiciera caso al sabio Montilla.
Hoy es otro el contexto. La caída de los precios del petróleo presionan la economía, y los desperdicios hay que contenerlos. Este pareciera ser el momento. Y, la estrategia de la parafiscalidad, de rango constitucional, es un espacio interesante que habría que revisarse para capturar parte de esos recursos provenientes del nuevo precio de la gasolina, entre otros productos energéticos. Es posible que estemos muy cerca del Fondo Parafiscal Energético para la Agricultura. Se requiere apenas el 1 % del total de los ingresos brutos por venta de combustible para que este Fondo rinda buenos frutos. Tiene la ventaja que los aportantes son los usuarios del amplio parque automotor nacional, que a su vez serán parte del control social del Fondo, por lógica de lo común interesados en que la agricultura venezolana disponga de recursos para favorecer la infraestructura productiva.
Algunos colegas se refieren con cuidado a los impactos de estos nuevos precios de la energía en el funcionamiento de las unidades de producción, sobre el transporte y el procesamiento. Para otros, es lo que menos preocupa, siendo tan eruditos en nuestra revolución para crear mecanismos compensatorios y subsidios. Sin embargo, bien sabemos que los precios más incontrolables de esta parte de la guerra económica son aquellos de los productos agrícolas de origen nacional, que no parecieran responder a ninguna lógica, y no se puede precisar en este anticipo, que rumbo tomarían con estas nuevas políticas energéticas.
El tema no es sencillo, otras prioridades de la inmensa deuda social heredada en vivienda, salud y educación asoman la cabeza por la ventana de las oportunidades…
¿Cuándo será el tiempo de la agricultura? Es una pregunta para todos los días, independientemente que valoremos el gran esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno del presidente Maduro.
