El control obrero en Venezuela afronta un contexto de incertidumbre

INDORCA, una de las pocas empresas bajo control obrero en Venezuela, ejemplifica los retos que enfrentan este tipo de empresas, así como su potencial para contribuir a superar la crisis

INDORCA es una empresa sin patrón, donde todo se decide en la asamblea formada por los 39 trabajadores de la plantilla, en plena igualdad. En INDORCA todo el mundo cobra exactamente lo mismo, sea cual sea el trabajo que haga o la antigüedad que tenga. Y la gestión económica es a la vista de todos, en una gran pizarra en la sala de reuniones, garante de una transparencia absoluta. Es el resultado de más de diez años de lucha, de un periplo que arranca con despidos masivos y la organización sindical de los trabajadores, y que sigue con una obstinada lucha contra una justicia parcial, años de carestía, boicots, sabotajes y mercenarios.

Su historia, muy poco conocida incluso en Venezuela, no sólo muestra la realidad de las pocas empresas bajo un control obrero real en este país. Es también el punto de partida de innovadoras formas de colaboración no mercantilizada para recuperar la capacidad productiva nacional: INDORCA es el escenario de la primera “batalla productiva”. Finalmente, permite comprender la compleja relación entre la nacionalización de empresas por parte del Estado y las experiencias de control obrero real, hoy atacadas desde varios frentes.

Y es que Industrias del Orinoco C.A. (INDORCA) no recibe ninguna ayuda del Estado, puesto que no es una empresa nacionalizada. La plantilla se aferra a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) que hizo Chávez en 2012, poco antes de morir, y que permite que los trabajadores gestionen directamente una empresa que, fraudulentamente, sea liquidada por el empresario. Pero lo hace en un contexto económico y político muy distinto del que había en vida de Chávez.

Una singular experiencia de lucha

INDORCA es una empresa metalmecánica de Guayana, zona industrial al este del país dedicada a la exportación de hierro, acero y aluminio, que hoy ocupa unos 20.000 trabajadores. INDORCA hace todo tipo de piezas de acero, mecanizadas o no. Desde piezas roscadas hasta complejos cabezales de pozo para extracción de petróleo. Víctor Mujica es tornero y el actual vicepresidente, miembro de la junta por decisión de la asamblea. Repasa su compleja historia de lucha, que empieza con síntomas de desinversión en 2008 y sigue con dos despidos masivos, el despido de todos los miembros del sindicato, una larga serie de pleitos en los que la justicia siempre resolvió a favor del empresario Óscar Giménez y, finalmente, la suspensión total de pagos en julio de 2012. Fue entonces cuando la asamblea decidió ocupar la fábrica hasta que se les pagara.

A todo esto, en mayo de 2012 había entrado en vigor la reforma de la LOTTT que, en su artículo 149, permitía, a petición de los trabajadores, “ordenar la ocupación de la entidad de trabajo cerrada y el reinicio de las actividades productivas […]. A tal efecto, convocará al patrón o patrona, trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales, para la instalación de una Junta Administradora Especial.” CALDERYS y EQUIPETROL, empresas vecinas, ya habían seguido este camino antes de que INDORCA.

Cuando los tribunales ordenaron el desalojo de la empresa, la plantilla, apoyada por los compañeros de CALDERYS y EQUIPETROL, desoyó la sentencia y resistió los sucesivos embates policiales. Durante tres años y medio, encerrados en la fábrica y sin cobrar ꟷy aunque parezca imposibleꟷ, sobrevivieron organizando rifas, gracias a colectas de comida y dinero de las empresas vecinas, cultivando un huerto, criando cabras. Incluso resolvieron practicando una intensa cacería de iguanas. Se alternaban para buscar pequeños trabajos afuera y compartían el salario. No fue hasta la llegada de Jesús Martínez como nuevo ministro de Trabajo, persona comprometida con las luchas obreras, que consiguieron fecha para la activación del artículo 149: 23 de marzo de 2015. Pero quince días antes un grupo armado asalta la empresa, encañona a los trabajadores de guardia e inutiliza la planta.

Una salida por la izquierda a la crisis económica venezolana

Ese golpe, que casi acaba con la lucha de INDORCA, significó el nacimiento de las “batallas productivas”. Trabajadores de CALDERYS, EQUIPETROL y CARBONORCA, impactados por aquel acontecimiento y organizados por personas como Sergio Requena, acudieron a INDORCA para reparar los desperfectos gratuitamente. Fue esta muestra de solidaridad la que permitió a INDORCA culminar su lucha, y significó también el nacimiento del Ejército Productivo Obrero (EPO), del que Sergio es un militante destacado.

Actualmente, con más de dos mil voluntarios inscritos en todo el país, han organizado ya diecisiete batallas productivas: se trata de expediciones en las que profesionales diversos, de forma gratuita y coordinadas por el EPO, se desplazan a empresas colectivizadas o nacionalizadas en dificultades, reparando averías que, por falta de recursos, anulan o disminuyen su productividad. Su última intervención, la más mediática, fue la de junio de 2019 para poner en funcionamiento el 100% de la maquinaria del Ministerio de Turismo en Caracas, que ocupa a unos 2000 trabajadores[1].

Sin duda, esta nueva experiencia, que actualmente se consolida en Venezuela[2], abre un vasto campo de posibilidades para la recuperación productiva nacional en el actual contexto de crisis. Pero este modelo, tan vinculado al control obrero real, escapa a la burocracia del Estado: casualidad o no, hoy se está impidiendo al EPO que repare gratuitamente el metro de Caracas y el Hospital Universitario, dos instituciones caraqueñas con graves averías y de vital importancia para los sectores populares de la ciudad.

La realidad del control obrero en la Venezuela actual

INDORCA, ya colectivizada, tuvo dos años de mayores facilidades, mientras Juan Arias era ministro de Industria y Sergio Requena fue nombrado presidente de CORPIVENSA. Ambos hacían tándem para fortalecer las cuatro empresas bajo control obrero en Guayana. En 2017 INDORCA lograba su primer contrato con una empresa estatal, VENALUM: la plantilla remontó hasta 42 trabajadores. Desde CORPIVENSA, Sergio fomentaba las dinámicas de apoyo mutuo del EPO y, gracias a esto, 11 empresas recuperaban o potenciaban la capacidad productiva[3],[4].

Pero pronto ambos fueron destituidos. En primer lugar, porque este modelo no deja coimas para la burocracia en cada operación. En segundo lugar, porque anima los trabajadores a apoderarse de los medios de producción sin necesitar un capital o un estado que los tutele. Así, Juan Arias fue sustituido en junio de 2018 por Tareck El-Aissami ꟷabogado criminólogo sin ninguna experiencia en el sectorꟷ y, al cabo de un mes, le tocó a Sergio. INDORCA no ha vuelto a firmar un contrato con una empresa estatal. Se acabaron también los beneficios equiparables a los de las empresas estatales: la caja CLAP, medicinas a través de FARMAPATRIA...

Efectivamente, después de la muerte de Chávez en 2013, llega la crisis y empiezan las medidas de ajuste. La burguesía, con el apoyo de EE.UU., redobla su ofensiva y, ante esto, la salida del gobierno de Maduro no fue hacia la plena expropiación y la planificación económica, sino hacia políticas de conciliación, levantando el control de precios y promoviendo la supuesta burguesía revolucionaria o patriota, a la cual se están vendiendo muchas empresas antes nacionalizadas. Un caso emblemático es el de la cadena de distribución Éxito, nacionalizada como Abastos Bicentenario S.A. en tiempo de Chávez y hoy de nuevo privatizada o, en el campo agroalimentario, Arroz del Alba S.A. Se ve también en el actual retorno de tierras a latifundistas, expulsando a los campesinos a quién Chávez se las había entregado por la ley de tierras de 2001.

Desde 2013 también se aposta por una intensificación de las relaciones económicas con países como China, Rusia y Turquía. Este contexto de privatizaciones, de fortalecimiento de la burocracia y de la burguesía nacional, y de fomento de inversiones transnacionales se deja notar en el retroceso de las pocas experiencias de control obrero que se habían dado con Chávez. Así, algunas empresas que habían llegado a autogestionarse según el 149, los últimos años han pasado a ser gestionadas directa o indirectamente por el Estado. La fábrica de conservas UPSA La Gaviota es una de las empresas regidas por el 149 pero donde, actualmente, hay una mayoría de representantes del Estado en la junta administradora. Es el mismo caso de la planta de Petare de Smurfit Kappa, que había sido un referente del control obrero.

Por otra parte, el gobierno de Maduro hace tiempo que ha frenado las expropiaciones con la intención de atraer inversiones. Cuando un propietario abandona la empresa, el gobierno aplica de forma indebida el artículo 149 para recuperarla. Es decir, sin que haya una petición de la plantilla, impone una junta de burócratas para gestionarla, cosa que hace que formalmente la empresa siga siendo propiedad del antiguo dueño. Estas recuperaciones de empresas por el Estado se proyectan como experiencias de control obrero sin serlo. Es el caso de Kimberly Clark, recuperada en 2016, y de Alimentos Kellogg’s, en 2018.

Hoy no existe ningún registro de empresas bajo control obrero real en Venezuela, pero todo indica que hablamos de una decena. Las fórmulas legales que las amparan, aun así, son diversas. La costurera Heroínas de Aragua ꟷantigua Franelas Gotchaꟷ, luchó en 2004 para ser reconocida de utilidad pública y expropiada. Con todo, se rige por un comité de fábrica integrado exclusivamente por mujeres costureras de la empresa. INTERCERAMI C.A., en Lara, fue abandonada en 2013 y logró constituirse en empresa de propiedad directa comunal. Hoy es EPSDC Alfareras del Gres: rinden cuentas a la comuna de aquel territorio y no al Estado. Alina Foods C.A., en cambio, fue abandonada en mayo de 2015 y, con Jesús Martínez como ministro, obtuvo el 149 en octubre del mismo año: actualmente resiste a un decreto de nacionalización no consultado con la plantilla y que podría sustituir el control obrero. Finalmente, cuatro empresas de Guayana: Calderys Refractarios Venezolanos S.A., Equipetrol C.A., C.E. Minerales de Venezuela S.A., e Indorca, son gestionadas por una junta administradora especial según el 149.

Expectativas del control obrero en Venezuela

En las empresas estatales los trabajadores cobran ꟷaunque pocoꟷ independientemente de la producción, o incluso si la empresa está totalmente parada durante años por una avería. Pero las empresas bajo control obrero, formalmente, son privadas: si no facturan, los trabajadores no cobran. INDORCA no recibe encargos de empresas estatales. Las grandes empresas privadas de Guayana, por otra parte, apoyan a Óscar Giménez contra sus antiguos trabajadores y también les boicotean. ¿A quién vende, pues, INDORCA? A pequeñas empresas privadas nacionales de la zona y a grandes transnacionales. Estas últimas aceptan encargos de las poderosas empresas estatales y subcontratan parte de estos trabajos a INDORCA, que acaba trabajando igualmente para el Estado, pero de forma tercerizada: un margen de beneficio que escapa del país gracias a las nuevas políticas de fomento de la inversión extranjera.

De camino a INDORCA, por una de las polvorientas pistas de tierra, hay una gran parcela vallada. Está llena de las más variadas piezas: grandes escaleras, silos, planchas metálicas, vigas de acero... Es una nueva planta de pellas de hierro por encargo del Estado: la han traído entera, a piezas, desde China. “Mira, ¿que ves? Esto son escaleras, silos... ¿crees que todo esto no se hubiera podido hacer en INDORCA? Y habría sido cuatro veces más barato”.

No todos los puntos de vista son tan rotundos sobre el peligro que representan las nuevas alianzas internacionales para la Revolución Bolivariana. Muchos lo entienden como una fase en la agudización de la lucha contra el imperialismo norte-americano y como la única salida, ahora mismo, al feroz bloqueo. A pesar de crear nuevas vulnerabilidades, estas alianzas ayudarían objetivamente a reducir la dependencia respecto de la metrópoli ancestral, los EE. UU. y Europa. Una fase en que habría que aprovechar para ganar soberanía, para reinvertir la renta extractivista en desarrollar industrial, agraria y tecnológicamente el país. Pero sería iluso entender estos acuerdos con Rusia, China, Turquía, Irán... como relaciones internacionalistas. La cuestión no es sencilla pero, en cualquier caso, no parece que las privatizaciones y las políticas de conciliación con la burguesía, por muy patriota que sea, puedan entenderse del mismo modo.

El retroceso actual del control obrero en Venezuela responde a todos estos factores. Por otro lado, el artículo 149 de la LOTTT describe una situación provisional; no está pensado para definir un sistema de gestión permanente de una empresa. Esto hace que se tenga que renovar cada año con el ministerio, poniendo estos proyectos periódicamente a merced de la burocracia. La salida lógica a esta situación provisional parece que sea la nacionalización pero, en este caso, la gestión recae formalmente en el Estado y no ya en los trabajadores. Sea como fuere, todo apunta a que, hoy, el verdadero control obrero no está en la agenda del gobierno de Maduro.

 

 

 

cpascualmarquina@gmail.com



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