“La democracia de élites, representativa, es contrarrevolucionaria”. Hugo Chàvez
Un enorme revuelo ha comenzado a generar, en pleno proceso de vacaciones universitarias, la reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que (¡¡por fin!!) ordena “realizar nuevas elecciones de las autoridades en la Universidad Central de Venezuela (UCV), y además estableció las pautas para efectuar las elecciones de las autoridades universitarias del resto del país”. https://www.aporrea.org/educacion/n346135.html.
Dichas elecciones estaban suspendidas desde hace muchos años (en el caso de la UCLA, donde compartimos saberes, fueron paralizadas desde hace 9 años, lo cual hace que desde el año 2006 no se hacen elecciones de autoridades universitarias en esta universidad), igual venía ocurriendo con las elecciones de la UPEL, UNA, UNEXPO, UCV, USB, UC, UDO, ULA, LUZ y UNET en las que todas sus autoridades tiene el período para el cual fueron electas, vencido desde hace varios años.
Ahora bien, en el proceso de democratización verdadera de las universidades, los sectores reaccionarios han venido usando diversas estratagemas para no realizar elecciones con la participación de toda la Comunidad Universitaria, integrada por estudiantes, profesores, obreros, empleados y egresados, tal como lo estableció la Ley Orgánica de Educación de 2009 en su artículo 34.3 el cual establece: “En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la investigación científica, humanística y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y los valores culturales. La autonomía se ejercerá mediante las siguientes funciones: 3. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria”.
Ante esto, las universidades mencionadas habían desacatado esta ley y habían convocado elecciones tal como se hacían antes, con la participación sólo de profesores y de estudiantes con un voto porcentual, es decir, un voto minusválido. También habían desacatado de manera contumaz todas las decisiones de la Sala Electoral del TSJ que en cada una de las convocatorias ilegales había sentenciado a favor de elecciones plurales y verdaderamente democráticas, envolviéndose en un manto de impunidad que ahora debe cambiar con esta decisión de la máxima instancia judicial en Venezuela como es la Sala Constitucional.
Desde ya avizoramos que las autoridades de estas universidades mantendrán la misma conducta de desacato y comenzarán a esgrimir que el TSJ es ilegítimo y que sólo obedecerán al TSJ “en exilio”, así como a quien consideran presidente de Venezuela al Zascandil de Guaidò. Será una nueva etapa del conflicto histórico que tenemos en Venezuela entre quienes se oponen a cualquier tipo de transformación que favorezca al pueblo, en este caso, a todo el pueblo universitario y no a una reducida élite que se considera superior a los demás. Es el supremacismo academicista que desprecia lo realmente democrático y por ello el estado venezolano, sus instituciones y sus leyes deben ser puestas en práctica para obligar a estas autoridades a convocar elecciones en los términos que establece la sentencia del TSJ.
Es importante la divulgación de la sentencia en todos sus términos e implicaciones y esperamos que el Consejo Nacional de Universidades, el Ministerio de Educación Universitaria y el Tribunal Supremo de Justicia sepan actuar debidamente para que las autoridades universitarias que desde hace años son transitorias, jubiladas, encargadas e ilegales (por tanto, realmente usurpadoras) sean puestas a derecho y no sigan actuando como si estuvieran en un estado dentro del estado, siempre con la excusa de una autonomía irresponsable y de espaldas a las realidades nacionales.
