¿Presunción de malversación en tiempos de Chávez? No te creo!!!

 Los Estatutos fundacionales del partido revolucionario contienen todo un conjunto de premisas esenciales para conjugar un militante ejemplar, al respecto el Artículo13, que habla del compromiso que debe tener toda/todo militante de esa organización revolucionaria es muy preciso: “Las y los militantes socialistas de Venezuela que por voluntad del pueblo Bolivariano ejerzan cargos de elección popular o de administración del Estado, asumirán la ética de servir y no servirse del pueblo y una permanente vigilancia y lucha contra la corrupción; una conducta diferente será asumida como un acto contra revolucionario.”

  El tema de la lucha contra la corrupción, es una constante en la actuación del Camarada Chávez, al frente del Estado burgués heredado de la cuarta república, no escatima esfuerzos para llamar la atención de sus colaboradores/colaboradoras y simpatizantes en procura de romper con esa cultura capitalista que nos formaron en la cuarta república. “El Socialismo lo veremos aquí en las próximas décadas, en los próximos años, ya comenzamos a verlo, hay que cuidarlo, profundizarlo, irlo saneando siempre, vacunando de los vicios, del egoísmo, del capitalismo; los vicios del pasado, la falta de conciencia, el egoísmo, la corrupción que tiene muchas formas de meterse por todas partes, no sólo en el gobierno, en el sector privado, también en los trabajadores, en todas partes, hay que luchar contra la corrupción, corrupción de todos los tipos, corrupción de los valores, corrupción administrativa... El que no trabaja, por ejemplo, es un corrupto; el que cobra y no trabaja, el que llega tarde, el que no cumple con su responsabilidad, ese es un corrupto.  Hay que luchar contra eso por todos lados, el flojo, el reposero, todo eso es corrupción…” (Hugo Chávez Frías, Teatro Teresa Carreño, 30-04-2010).

  Consecuente con el cumplimiento de los Estatutos del partido revolucionario, el Camarada Chávez en cada circunstancia procura crear conciencia de lucha, contra ese flagelo que destruye nuestras instituciones y sus integrantes; así pudimos apreciarlo, cuando en acto público decreta un ajuste salarial del 40%  para los universitarios/universitarias, no sin antes instruir a la ministra universitaria Yadira Córdova, en términos bien precisos sobre el manejo de los millonarios recursos que aprobaba para las universidades: “Esto tiene que estar supervisado por control obrero y estudiantil. No le perdamos la vista al tema de la sustentabilidad. Porque nadie va incrementar una beca para bajarlo el año que viene…”, enfatizando palabras más adelante que: “No puede ser que (las autoridades universitarias) reciban 500 millones de bolívares y vengan a escudarse en la autonomía para no rendir cuentas. Tiene que ser así. Nosotros damos, pero estamos obligados a exigir…”, palabras que, todavía estamos a la espera que sean honradas por la ciudadana ministra, pues, en nuestras universidades todavía no vemos la organización estudiantil ni de trabajadores/trabajadoras que realicen el respectivo control de los recursos asignados por el Gobierno Revolucionario a las universidades, institutos y colegios universitarios; peor aún, los mecanismos de instrumentación de las rendiciones de cuentas de las autoridades universitarias, quienes continúan en sus mismos chanchullos de toda la vida, dinerito que le envía el Ejecutivo Nacional, dinerito que esconden en la banca nacional, para rendirlo en intereses que nadie sabe en qué se invierten y quienes se quedan con las comisiones por las colocaciones financieras. Y pareciera haber poca disposición de los representantes gubernamentales de hacer las exigencias correspondientes para que haya transparencia en el manejo de los recursos públicos.

  En donde sí hay la mayor disposición, es en el sector de los trabajadores/trabajadoras universitarias y ello tiene su justificación, en que son los afectados/afectadas cuando esas autoridades universitarias les llegan recursos del erario público y lo esconden días, hasta meses, como sucedió con aquellos recursos del vestuario del personal de la UCV, que durante meses estuvieron ganándole  intereses  y sí no es, por la protesta de los obreros/obreras ucevistas, allí estuvieran todavía enriqueciendo el bolsillo de particulares, quienes pagaron la deuda, pero no los intereses generados durante ese tiempo. Y mientras los obreros/obreras protestaban, la ministra ni se enteró de lo ocurrido, hasta que su amiga del alma, la rectora, la llamó para que la ayudara a poner fin a la “furia de sus trabajadores/trabajadoras”.

  La Contraloría Social, es una institución que nuestra Revolución Bolivariana ha estado impulsando con la mayor de las disposiciones; de hecho, en la LOE se le da contenido y concreción formal, así, su artículo 34, que define el Principio de Autonomía, dispone que las autoridades universitarias deberán: “Administrar su patrimonio (el de las universidades)  con  austeridad, justa distribución, transparencia, honestidad y rendición de cuentas, bajo el control y vigilancia interna por parte del consejo contralor, y externa por parte del Estado…” (Artículo 34, Numeral 4, Ley Orgánica de Educación). Valga decir, la exigencia hecha por el Camarada Chávez  a su ministra, no es otra cosa sino que: hágase  cumplir la Ley.

  Pero, mientras la ministra ve como hace para cumplirle al Camarada Chávez con esa exigencia, los trabajadores/trabajadoras universitarias continúan en su lucha por evitar la barbarie  ministerial de arrebatarles derechos que han conquistado a través de los años e incluso, ya reconocidos por sus predecesores en ese ministerio. Un ejemplo de ello, lo constituye la deuda que, por concepto de la mala aplicación de la llamada Fórmula Opsu, ahora la ministra Córdova y su equipo ministerial pretenden desconocer.

  Esta deuda se origina a partir de una Consulta que hicieran organizaciones sindicales como SINATRAUCV; FENASOESV; SUTRAUV‐CARACAS; SUTRAUCV‐MARACAY, al  para entonces Ministerio del Trabajo, hoy MINPPTRASS, en fecha 29-11-2005. Sometían a consideración de esa instancia del Gobierno Revolucionario: “la fórmula de cálculo para el pago de los bonos vacacional y de fin de año, previstos en la Cláusula Nº 12 de la Convención Colectiva de Trabajo con ámbito de validez nacional, suscrita en el marco de la Reunión Normativa Laboral para la rama de Educación Superior de Venezuela (Obreros 2004‐2006), homologada por el Ministerio del Trabajo en fecha 02 de marzo de 2004…” 

  El Dictamen de esa instancia del Gobierno Revolucionario fue determinante: “En opinión de esta Consultoría Jurídica, los cálculos realizados mediante la fórmula aprobada por el CNU, no están adaptados a la nueva Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el marco de la Reunión Normativa Laboral del Sector Obrero de la Educación Superior, debiendo ajustar el factor de cálculo del bono vacacional y bonificación de fin de año, a la cláusula N° 12 vigente…”, proseguía así, el Consultor Jurídico Francisco Javier López Soto, en su Auto a describir la corrección de la fórmula, solo que, al final de su Dictamen no concretaba con firmeza su cancelación: “Si en la actualidad no hubiere disponibilidad presupuestaria para el pago del ajuste, dicho pago sería efectivo en el próximo ejercicio fiscal, toda vez que el manejo de los recursos económicos en la Administración Pública está determinado por el Presupuesto que anualmente se haya previsto de acuerdo a las obligaciones programadas en cada ejercicio económico…”, era 16-12-2005, la fecha en que se hacía pública esa sentencia del para entonces MINTRA.

  Comienza así, una puja entre los sindicatos que han clamado, desde entonces, la cancelación de dicha deuda y la corrección de la Fórmula Opsu, y los diferentes ministros que han venido transitando por el MPPEU. En primera instancia, fue Luis Acuña quien en sus primeras impresiones, intentó desconocer el Dictamen del MINTRA. En el forcejeo entre sus funcionarios y los sindicatos, éstos últimos logran convencerlos de la justeza de su reclamo y en fecha  21-09-2006,  reunidos en el MINTRA, por primera vez, los funcionarios del hoy MPPEU, representados por Eneida Madrid, Coordinadora de Asuntos Legales y Gremiales; Roger Gutiérrez Flores, Abogado; Josefina Medina, Abogada; Andalisse Camacho, Economista; Néstor Hurtado, Analista, todos/todas éstas representantes de dicho ministerio; y por los sindicatos: Carlos Quintana y Jesús Toro en representación de Fenasimpres; y Ramón Blasco por SinatraUCV; suscriben un Acta en la que su Primer Punto establece como acuerdo entre las partes lo siguiente: “Acoger el Dictamen Nº 20 de fecha 16 de Diciembre de 2005 y el Dictamen Nº 237 del 16 de Junio de 2006, emanados de la Consultoría Jurídica del  Ministerio del Trabajo en relación al pago del bono vacacional y bono de fin de año. Que el Ministerio de Educación Superior gire instrucción a los Institutos Tecnológicos, Colegios Universitarios y Universidades; para que cumplan con la decisión arriba señalada, sobre el pago de diferencias de bono vacacional y bono de fin de año…”, era testiga de tal acto la Abog. Nadia Sánchez, en representación del Ministerio del Trabajo.

  El reconocimiento de la falla en la Fórmula Opsu se concretaba en gestión de Luis Acuña, quien no canceló deudas generadas por este concepto, con lo que el problema se trasladó a la gestión del nuevo ministro Edgardo Ramírez. Éste, en el poco tiempo que estuvo a cargo del MPPEU, se mostró remolón en reconocer la falla en la fórmula de cálculo de los bonos vacacional y de fin de año, lo que propició una causal de protesta en el seno de los trabajadores/trabajadoras universitarias quienes, desde entonces, colocaron en su agenda de exigencias, la corrección de la Fórmula Opsu y la cuantificación y cancelación de la deuda generada por esta falla, originada en la Sesión Extraordinaria del CNU del 20-06-2001, en la que se aprobó el Informe para determinar la base de cálculo del Bono Vacacional y de Fin de Año, para el personal académico, presentado por el director, para la fecha, de Opsu, Luis Fuenmayor Toro.

  No obstante, es propicio reconocer que Edgardo Ramírez, a finales de 2010, reconoció la justeza del reclamo de los sindicatos, e incluso avanzó más allá. Se planteó la alternativa de hacer el corte a la deuda generada por estos conceptos, y la fecha acordada con los sindicatos fue la de julio de 2010. No obstante, ello no fue posible lograrlo, los recursos para acometer tal decisión apenas se concretaron en el Crédito Adicional aprobado por el Camarada Presidente el 25-10-2010, en el cual podemos leer entre los ítem correspondientes para cancelar deudas laborales, dos de suma importancia, tanto por sus montos como por el acto de justicia que se pretendía honrar con ellas, leamos: Concepto: Bono Vacacional, Monto: 179.919.651,00 Bs, en la fila siguiente se leía el objetivo: “Para cancelar algunas diferencias generadas en universidades y verificadas a través de revisiones de nóminas.” La misma descripción se repite para el caso del Bono de Fin de Año, el mismo monto y la misma descripción. Acompañaban estas deudas, los ítems correspondientes a la actualización de la UT de los bonos de alimentación, que fueron cancelados en febrero de este año, la prima por hijos especiales, ya cancelada; y la deuda por concepto de prima de antigüedad, cancelada una parte, a finales del 2010, quedando un restante.

  Obsérvese, que la parte correspondiente, en ese Crédito Adicional, a Bono de Fin de Año y Vacacional, no ha llegado a sus beneficiarios directos: los trabajadores/trabajadoras universitarias. ¿Dónde está ese dinero?, ¿colocado en la banca pública?

  Lo delicado de este tema, es que la ministra Córdova y su equipo ministerial pretende desconocer los Dictámenes emanados del MINPPTRASS, sobre lo desacertada que ha sido la aplicación de la Fórmula Opsu. ¿Será que pretende apropiarse de los recursos aprobados por el Camarada Chávez para honrar un año de esta deuda y hacer el corte acordado entre Edgardo Ramírez y los sindicatos? De concretarse, esa pretensión ministerial, estaríamos en presencia de un presunto caso de corrupción, contrario a la ética y moral revolucionaria que propugna nuestra Revolución Bolivariana.

  Los recursos asignados por el Camarada Presidente deben tener el destino para el cual fueron asignados, el control obrero y estudiantil debe activarse, auditar el MPPEU y clarificar el destino final de los recursos aprobados en el Crédito Adicional del 25-10-2010, aprobados por el Camarada Chávez  es una obligación ministerial y de los trabajadores/trabajadoras universitarias también. Sin Transparencia no hay  Revolución Posible… 
  henryesc@yahoo.es
 

Postdata: en el link siguiente puede apreciarse el contenido del Crédito Adicional que hacemos referencia: http://www.opsu.gob.ve/extranet/descargas/otros/credito_adicional.pdf 
 


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Henry Escalante


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