Alquimia Política

La universidad transformada (parte II)

Hay una incógnita necesaria de responder para contextualizar los fines del proyecto de lo que debe ser la nueva Ley de Educación Universitaria nacida del debate dialéctico: ¿cómo entender la crisis universitaria en Venezuela? En la campaña electoral de 1998 (que dio como triunfador a Hugo Chávez), tanto los grupos de derecha como de centro izquierda, expresaban que el problema universitario en el país era un asunto de exclusión. Había una demanda importante de estudiantes y una oferta limitada de las universidades nacionales. ¿Qué hacer? Había que abrir las universidades y de allí crear más espacios idóneos donde brindar a las comunidades alternativas para su profesionalización.

      El asunto es que ese no era realmente el problema de la educación superior en Venezuela; el problema radicaba, y aún radica, en dos aspectos: 1.- Que la relación universidad-sociedad está deformada, no tiene vínculos, no hay conexión; y 2.- La autonomía de las universidades se ha visto limitada ante la carencia de recursos económicos para la investigación y extensión; es decir, la fuerza de la mercantilización ha desquebrajado la capacidad de respuesta de las universidades venezolanas.

      De estos dos problemas, una arista es la exclusión, lo demás es el cúmulo de dificultades y obstáculos que hacen de la educación superior un enorme monstruo de mil cabezas al cual no se le encuentra forma de cómo encarar sin hacer uso de medidas populistas, asistencialistas y demagógicas.

      La solución que ha venido dando el Estado venezolano: creación sin control ni planificación de nuevas carreras universitarias, de ampliación improvisada de espacios para la formación académica y del manejo virtual de un conocimiento que requiere de experticia, presencia, asentamiento y digerimiento en el más alto nivel de conciencia académica.

      Ahora bien: ¿qué salidas pueden plantearse? Desde una perspectiva académica la solución al problema de la educación superior en Venezuela no parte de superhombres o líderes; esta crisis requiere reformas profundas en el sistema educativo y en la conciencia de quienes como educadores ejercen la función de docencia, investigación y extensión. Pero más importante, o tan importante como la participación de la comunidad universitaria en un cambio de rumbo, es la exigencia de las comunidades a sus universidades de acoplarse y darle lo que ellas requieren. Desde la universidad la atención a las comunidades debe traducirse en aportar una dimensión humanista a la formación del capital humano; y desde la sociedad, tiene que prevalecer una postura crítica constructiva y una disposición al diálogo permanente.

      Algunas voces podrían expresar que los cercos u obstáculos los coloca la misma universidad; y en ello tienen razón esas voces. En las universidades persiste la egolatría, el individualismo; hay la existencia de una concepción liberal de raza superior, de grupo étnico diferente. Esas posturas tienen que empezar a derrumbarse, la arrogancia no convive con la nobleza, con la templanza, con la humildad, con el espíritu humanista del respeto, elementos indispensables para que exista diálogo. En este sentido Jorge Isaac Egurrola, en el 2005, expresó que el cerco de una mal entendida autonomía universitaria, también ha contribuido en ocasiones al alejamiento del quehacer de las instituciones, respecto a las amplias y variadas exigencias de la sociedad. Lejos poder avanzar en una definición más actual y dinámica del principio de autonomía, ante tal ofensiva los universitarios nos quedamos atrincherados para defender lo conquistado

      En una palabra, la solución a la crisis universitaria está a la mano de las propias universidades; en la medida que ellas muestren desprendimiento y apertura a las comunidades, de esta manera comenzará un diálogo efectivo en donde la comprensión e integración de lo social, hará de nuestras universidades centros verdaderos de discusión y proyección de nuevo conocimiento.

      Otro referente que nos contribuye a centrar con mayor tino estás ideas es la posición de Rigoberto Lanz y Alex Fergusson (2008), para quienes la existencia de un mercado del conocimiento no es ajena, a lo cual expresan que “…de los fenómenos más cargados de implicaciones de los que rodean la coyuntura actual universitaria es…el expansivo proceso de planetarización que toca de modo irreversible todos los modos de producción de la vida material y simbólica de los pueblos…”(El Nacional, 01/06/2008, p. 16)

      Lo que avizora que hay una necesidad de que las universidades por no pierdan contacto con la sociedad global, pero antes es menester comenzar un acercamiento real con la sociedad que gira en su entorno y que pareciera que está ajena a sus conquistas y éxitos. Darle el calificativo de “mercado del conocimiento” a lo que acontece hoy día en el mundo académico, no se refiere a la mercantilización propiamente, sino a la competencia y liderazgo de las universidades en la producción de nuevo conocimiento.

      En este sentido valga hacer referencia a la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008), que trató como tema principal: Desafíos locales y globales, una agenda estratégica para la Educación Superior en América Latina y el Caribe;  auspiciada por la Unesco-Iesalc y celebrada en Cartagena de Indias en el mes de junio del 2008, donde se avanzó significativamente en problemas que presenta la educación superior en Latinoamérica y que no distan de la realidad y problemática de las universidades venezolanas. La declaración final dice al comienzo: “El balance realizado visualiza, en términos prospectivos, los retos y las oportunidades que se plantean en la Educación Superior de la región, a la luz de la integración regional y de los cambios en el contexto global. El objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones. Esas políticas deben apuntar al horizonte de una Educación Superior para todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Deben también tomar en cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas y las artes del Caribe y favorecer la movilización de las competencias y de los valores universitarios de esta parte de nuestra región, para edificar una sociedad latinoamericana y caribeña diversa, fuerte, solidaria y perfectamente integrada”.

      Y más adelante expresa, en el punto B, sobre La educación superior como derecho humano y bien público social, numeral 5, refiriéndose al papel de las universidades en su vínculo social: “ 5 - Las respuestas de la Educación Superior a las demandas de la sociedad han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad universitaria al definir sus finalidades y asumir sus compromisos. Es ineludible la libertad académica para poder determinar sus prioridades y tomar sus decisiones según los valores públicos que fundamentan la ciencia y el bienestar social. La autonomía es un derecho y una condición necesaria para el trabajo académico con libertad, y a su vez una enorme responsabilidad para cumplir su misión con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia de cara a los retos y desafíos de la sociedad. Comprende asimismo la rendición social de cuentas. La autonomía implica un compromiso social y ambos deben necesariamente ir de la mano. La participación de las comunidades académicas en la gestión y, en especial, la participación de los estudiantes resultan indispensables.”

      En este último punto, acerca de la autonomía universitaria, versa el secreto para darle salidas a la crisis universitaria. Esa autonomía tiene que entenderse, como bien lo expresa la Declaración de Cartagena, como un compromiso social en donde la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en los asuntos de esa comunidad universitaria, y ese viceversa, son la razón de ser la misión de la universidad del siglo XXI. Convocar a los académicos y ciudadanos a crear espacios de discusión y discernimiento del conocimiento, puesto al servicio del bienestar colectivo, es el para qué de una institución que se rige por los principios de la búsqueda de la verdad y la integración social.

ramonazocar@yahoo.com.ve 
 



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Ramón E. Azócar (*)

Doctor en Ciencias de la Educación/Politólogo/ Planificador. Docente Universitario, Conferencista y Asesor en Políticas Públicas y Planificación (Consejo Legislativo del Estado Portuguesa, Alcaldías de Guanare, Ospino y San Genaro de Boconoito).

 azocarramon1968@gmail.com

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