¿Es viable la propuesta de indexar los salarios de la administración pública?

¡Yo escribo lo que veo!

Actualmente en Venezuela hay dos mercados laborales, uno donde los trabajadores cobran su salario en dólares y otros donde ganan en bolívares. En el primero, el salario se indexa cada vez que se incrementan el valor del dólar oficial y el paralelo, mientras el segundo, más bien pierde poder adquisitivo, no se indexa.

Por tanto, cada vez que se devalúa la moneda, como efectivamente ocurre cada día debido al Sistema de Mesa de Cambio (interbancario) aprobado por el Banco Central de Venezuela desde abril de 2019, el trabajador que cobra en bolívares se empobrece cada día más. Suena duro, pero es una realidad.

Ese fenómeno económico viene ocurriendo en nuestro país en los últimos 7 años, debido a la influencia del dólar paralelo en el comportamiento de los agentes económicos. Desde mi perspectiva, ha sido el arma estratégica usada por la oposición internacional y nacional desde el 2014. Las secuelas que han generado son la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, y por ende, la pérdida de la calidad de vida; quiebra de pequeñas y medianas empresas, estímulo a la pobreza colectiva y la salida masiva de venezolanos al exterior buscando alternativas donde el salario les alcance para una mejor calidad de vida, afectando las relaciones comerciales y familiares de muchos venezolanos.

La única forma de detener que los efectos perniciosos sobre el poder adquisitivo del trabajador que genera la devaluación contínua que induce a la inflación en bolívares, es indexando el salario, sobre todo los de la administración pública. Lo ideal sería dejar que la dinámica económica resuelva las perturbaciones que genera el mercado paralelo. Valga decir, dejárselo a la libre interacción del mercado laboral y el de bienes y servicios, donde la clave sea indexar el salario al ritmo de la inflación que imponen los mismos empresarios desde el sector cambiario oficial y paralelo.

¿Cómo ocurriría eso? Supongamos que el dólar paralelo aumenta en un 10%, ya casi como costumbre los empresarios aumentan todos los costos vinculados al factor capital en la misma proporción y sus ganancias, incrementando los precios y generando inflación. En este caso, la indexación los obligaría a incrementar el salario mínimo también en la misma proporción del 10%.

Con esa decisión se garantizaría que los trabajadores por lo menos puedan seguir comprando la misma cantidad de producto antes de la inflación generada por la devaluación. De esa forma, el trabajador ni se empobrece ni se enriquece, mantiene su nivel de vida en el tiempo, hasta que haya mejores condiciones macroeconómicas.

En cuanto al Gobierno, gracias al aumento de los ingresos empresariales en 10%, recaudaría ahora montos superiores, que le garantizaría seguir pagando la misma nómina del Estado, sin despedir a nadie, manteniendo el nivel de empleo en la economía, y la calidad de vida del empleado público se mantiene en el tiempo.

Evidentemente, que en esa dinámica, todos los actores demandarán más dinero para poder hacer sus transacciones, por lo tanto el Banco Central deberá aumentar la inyección monetaria a la economía sin generar perturbaciones inflacionarias, más allá de la inflación generada previamente por el propio sistema cambiario.

En ese sentido, suena lógico pensar que sea la dinámica especulativa o de oferta y demanda cambiaria la que determine semanalmente el valor indexado del salario de las verdaderas víctimas de la guerra económica. En síntesis, si aumenta el valor del dólar, y como efecto directo, aumentan los precios de los bienes y servicios, entonces, lo justo es que los ingresos del factor laboral aumente de manera proporcional para evitar que se empobrezcan los trabajadores.

Con una medida como esa, el Gobierno nunca pierde, porque si los empresarios aumentan los precios de los bienes entonces la recaudación tributaria nominal y real aumenta. En su efecto, el Gobierno debería activar las inspectorías del trabajo para defender a los trabajadores de los despidos laborales. En fin, que el empresariado les pague a los trabajadores lo que les roba a diario especulando; y, con una inamovilidad laboral garantizaría que no haya despidos masivos.



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Andrés Giussepe

Doctor en Gerencia, Especialista en Política y Comercio Petrolero Internacional y Economista de la Universidad Central de Venezuela. Secretario Nacional del Movimiento Profesionales de Venezuela.

 agiussepe@gmail.com

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