Así lo afirmó Pedro Eusse, integrante del Buró Político del Comité Central del PCV, quien advirtió que, ante el hostigamiento del gobierno de Estados Unidos, la élite gobernante ha optado por profundizar una salida autoritaria, en lugar de buscar una solución democrática que una al pueblo venezolano. “Lejos de garantizar derechos, el gobierno continúa avanzando en detenciones arbitrarias, violentando el debido proceso, irrespetando las garantías constitucionales y los derechos humanos de los detenidos”, señaló.
Eusse denunció el caso de Nicmer Evans, defensor de la libertad de expresión, quien fue detenido el pasado sábado en su residencia por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y hasta la fecha se desconoce su paradero, configurándose una situación de desaparición forzada, práctica expresamente prohibida por el artículo 45 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Indicó que esta situación se repite en los casos de José Elías Torres, secretario general encargado de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV); William Lizardo, presidente de Fetraconstrucción; y Arnaldo Méndez, activista de la Coalición Sindical, todos detenidos a finales de noviembre sin información sobre su paradero, estado de salud ni garantías para el ejercicio del derecho a la defensa. “Se trata de una práctica recurrente que el gobierno autoritario de Nicolás Maduro ha intentado normalizar y que debe ser rechazada de manera firme”, subrayó.
El dirigente comunista hizo un llamado a las fuerzas políticas que se reivindican democráticas, anticapitalistas y antiimperialistas en el mundo a no confundir la solidaridad, precisando que esta debe ser con el pueblo venezolano, víctima de la represión, y no con una élite antidemocrática que actúa con “mano dura” contra líderes populares, sindicales y defensores de derechos humanos, mientras es permisiva con planes al servicio del capital.
En este contexto, Eusse enfatizó que el PCV rechazó la derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma, desmintiendo la versión oficial que habló de unanimidad. “Eso es falso. El diputado Oscar Figuera, secretario general del PCV, se abstuvo, y el Partido Comunista de Venezuela, tras analizar el fondo de esta medida, ratifica su rechazo”, afirmó.
Explicó que dicha decisión busca evadir el proceso que se sigue contra el gobierno venezolano ante la CPI por graves violaciones a los derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad, además de aislar al país de los organismos internacionales para “hacer y deshacer, persiguiendo y violando todas las normas del derecho nacional e internacional”.