En 1924, Robert Lansing, Secretario de Estado del Presidente estadounidense Woodrow Wilson, señaló una verdad lapidaria para América Latina, que por su contundencia y claridad vale la pena transcribir en su totalidad: "México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta controlar a un solo hombre: el Presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo: debemos abrir a los jóvenes ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la Presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros".
Cien años después de pronunciada esta declaración, continúa vigente en América Latina y, particularmente, en un país como México, donde la sumisión de sus élites políticas, intelectuales y empresariales es acusada, sea cual sea el signo ideológico que ostenten. El sitiamiento mental es uno de los rasgos definitorios de estas élites que suelen caracterizarse por su incapacidad para pensar con cabeza propia y por admirar y vanagloriar lo ajeno, lo extranjero. El tema no es menor en el contexto actual latinoamericano tras el atrevimiento de líderes de opinión, políticos opositores y hasta intelectuales a incitar la invasión de algún país de la región por alguna potencia extranjera. El fenómeno no es nuevo: durante la década de los sesenta del siglo XXI mexicano, las facciones conservadoras mexicanas buscaron e invitaron a Maximiliano de Habsburgo para instaurar un imperio y erradicar el ideario liberal de avanzada –particularmente las llamadas Leyes de Reforma– adoptado por el Presidente Benito Juárez en su proyecto modernizador.
En medio de la crispación y de enconos instalados por la guerra cognitiva de la desinformación en países como México y Venezuela con el propósito de inocular el odio e incentivar la atomización y la erosión del sentido de comunidad, las élites conservadoras –no pocas veces– pierden el sentido común y los mínimos referentes emanados del nacionalismo. Su abyección y entreguismo no solo remiten a las reverencias y caravanas que muestran ante el mito del llamado libre mercado, sino que abiertamente, cuando no ostentan el poder político, llaman al intervencionismo de los Estados Unidos.
Es el caso de las élites opositoras a los gobiernos en turno de Venezuela y México. Más allá de que se tome postura y pronunciamiento en este espacio respecto a ambos gobiernos, lo importante es analizar esa supeditación de las élites.
Luego de ser despreciada y ninguneada por Donald J. Trump para encabezar un nuevo gobierno en la República Bolivariana de Venezuela, María Corina Machado asiste en pasado 16 de enero de 2026 a la Casa Blanca y "entrega" simbólicamente al mandatario estadounidense el recién logrado Premio Nobel de la Paz. A lo largo de su trayectoria opositora a los últimos dos gobiernos de su país, es constante el apego de Machado a los principios del Foro Económico de Davos, a la privatización total de la industria petrolera venezolana, a la Agenda 2030 y a la ideología woke. En su espectro ideológico no solo considera la entrega del petróleo a las corporaciones estadounidenses y europeas y a los grandes fondos de inversión como BlackRock, sino del conjunto de los recursos estratégicos –principalmente mineros como el oro, las tierras de cultivo y el agua dulce– de su nación en un ejercicio de apertura económica total y de repliegue y desmantelamiento de las funciones económicas del sector público. La declaración de "otorgar confianza a los inversionistas" apunta a alejar el fantasma de las expropiaciones y nacionalizaciones, anteriormente adoptadas por el gobierno de Hugo Chávez. No menos importantes son las promesas de otorgar exenciones fiscales a los capitales extranjeros. Todo ello disfrazado con la perorata de la democratización de Venezuela y la "recuperación de la productividad", la eficiencia económica, la estabilización macroeconómica y la modernización.
El Plan "Venezuela Tierra de Gracia. Libertad, Democracia y Prosperidad" (https://shre.ink/5LCH), presentado en el proceso electoral del 2024 por María Corina Machado, matiza de manera clara ese proyecto de desnacionalización y socavamiento de la soberanía económica. Los tres ejes de dicha propuesta fueron la "optimización del tamaño del Estado"; un programa de endeudamiento regido por las directrices de los organismos financieros internacionales; la flexibilización de las relaciones laborales; y la privatización de activos y empresas públicas en rubros como los hidrocarburos, el gas, la minería y la electricidad. Redondeado ello por un Estado garante y gestor de la seguridad jurídica y de los derechos de propiedad. En síntesis, más de las recetas macroeconómicas asumidas en América Latina durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, y que en el caso del país caribeño apuntarían a la entronización de un modelo económico de enclave extractivo y dependiente supeditado a las redes empresariales globales piloteadas por las corporaciones estadounidenses en su intento por alejar a China y Rusia de los territorios latinoamericanos. De ahí la subordinación de estas élites venezolanas a la lógica del tablero geopolítico y geoeconómico contemporáneo, en una lógica de subasta y remate. Incluso ante el Council of the Americas (AS/COA), en junio pasado Machado señaló en su intervención ante banqueros y ejecutivos de empresas de "la oportunidad del billón de dólares".
Las sanciones económicas que recaen sobre Venezuela, las operaciones militares en el Mar Caribe y la guerra cognitiva de criminalización que reina desde hace lustros en los mass media globales, marchan a la par de estas élites nativas voceras de proyectos que atentan contra la soberanía nacional. Los premios y el acceso a foros tecnocráticos internacionales le otorgan mayor resonancia a ese discurso, al tiempo que es acrecentada la legitimidad de los ataques sistemáticos y mediáticos hacia Venezuela.
De más está señalar que distintas voces de venezolanos hacen eco de estos proyectos de las élites opositoras y que incluso, fuera de su tierra, llegan a celebrar los acontecimientos intervencionistas de los Estados Unidos del pasado 3 de enero y que culminaron con la sustracción de Nicolás Maduro Moros (https://shre.ink/5LXJ).
Este repliegue de las élites latinoamericanas a los intereses extranjeros es evidenciado también por los líderes opositores a los gobiernos mexicanos de los últimos siete años (https://shre.ink/5LXF y https://shre.ink/5LXZ). De manera irresponsable se instala un discurso mediático relativo a la posible intervención de los Estados Unidos en suelo mexicano en aras de "combatir al crimen organizado". Desde años atrás, periodistas e intelectuales mexicanos pretenden instalar en la opinión pública la noción de que las organizaciones criminales mexicanas adoptan prácticas terroristas contra las poblaciones de distintas regiones del país. En una lógica de apostar a que el gobierno en turno falle y le vaya mal a México, estas élites hacen alarde de su desconocimiento de la historia y de un entreguismo ramplón que lejos están de las élites políticas y diplomáticas que durante distintos momentos del siglo XX le otorgaron prestigio internacional al país azteca. Aunque cabe puntualizar que ese entreguismo mexicano no es propio de las élites políticas y empresariales opositoras, sino que se observa también a lo largo de las últimas cuatro décadas en las decisiones de política económica adoptadas por el gobierno en turno en aras de afianzar la inserción subordinada de la economía y el territorio mexicano a la lógica de los procesos de acumulación de capital de las corporaciones estadounidenses. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor el primero de enero de 1994 y su reformulación que derivó en el T-MEC –firmado el 30 de noviembre de 2018– son una muestra clara de ello, en consonancia con los cambios geoeconómicos y geoestratégicos en los cuales participan a escala mundial los Estados Unidos. En su momento, el mismo presidente electo, Andres Manuel López Obrador, fue obsequioso ante la firma de las reformas al acuerdo comercial enviando a un representante de su equipo de transición para apurar dichos acuerdos. Es de recalcar que su gobierno se caracterizó por una abierta renuncia a la formulación y adopción de una franca política industrial capaz de rearticular el mercado interno. No menos importante fue también su labor obsequiosa y de militarización para generar muros de contención de la migración latinoamericana que se dirige a Estados Unidos teniendo al territorio mexicano como estación de tránsito.
Ante estos hechos concretos, cabe reflexionar en torno al problema de fondo. La vocación entreguista de amplios sectores de las élites latinoamericanas –salvo honrosas excepciones de las élites brasileñas en distintos momentos de la historia contemporánea o del régimen político emanado de la llamada revolución mexicana hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas– es consustancial a la incapacidad para pensar un proyecto de nación bajo criterios y referentes propios. Culturalmente podría argumentarse que es una herencia del vasallaje colonial experimentado por la región durante tres siglos, y que se engarza con la génesis de la dependencia económica, política, cultural e intelectual; con ese afán de deslumbrarse ante lo ajeno, sin valorar lo propio y de imitar lo providente de Europa y los Estados Unidos. Se trata de formas de dependencia sutiles que no precisan de la ocupación militar ni de la imposición a ultranza, sino de la compenetración de esas élites latinoamericanas para con los intereses creados difundidos desde el exterior, no sin mencionar los beneficios tangibles que puedan lograr en esa compenetración.
Es también un problema de (de)formación académica; de la incapacidad de múltiples universidades latinoamericanas para generar pensamiento y ciencia propios, bajo referentes teóricos, metodológicos y epistemológicos también propios y en abierto diálogo con los conocimientos provenientes de otras latitudes. El tema no es baladí, pues tiene impactos en la incapacidad latinoamericana para pensar el desarrollo con cabeza propia, en el marco de un problema más amplio relacionado con la colonización mental. De poco sirve aspirar a la soberanía política y económica, mientras los constructos con los cuales pensamos la realidad y sus problemas sean ajenos –democracia, desarrollo sostenible, libertad, libre mercado, modernización, interculturalidad, igualdad de género, derechos de las minorías, entre muchos otros. Se trata de conceptos y categorías ahistóricos y pretendidamente universales creados para apuntalar la hegemonía cultural del norte del mundo y con ellos es imposible transformar a fondo las lacerantes realidades latinoamericanas. Esos constructos y conocimientos pretendidamente universales y aparentemente legítimos se adoptaron acríticamente en nuestras universidades y desde ellos se formaron a las élites y a los tomadores de decisiones. Estos procesos suponen la marginación autoimpuesta del pensamiento latinoamericano, sea social, económico y/o filosófico. El problema no es técnico o académico estrictamente; es ante todo político, simbólico, semiótico, ético e intelectual; y se relaciona con la capacidad para pensar sobre la base de proyectos emancipatorios que nos alejen de las modas y de referentes descontextualizados y carentes de relación para con las problemáticas latinoamericanas.
Las políticas públicas se diseñan bajo criterios de ideologías y proyectos provenientes desde el exterior, donde se idealizan sociedades con pasados y presentes distintos y distantes a los propios. Ello no es menor, puesto que contribuyen dichos instrumentos de política a las dinámicas propias de la geopolítica y la geoeconomia del capital que reducen a América Latina a una condición de dependencia y subordinación. Se trata, en el fondo, de afianzar desde las élites, una estructura de dominación y hegemonía que reproduzca en la región valores y cosmovisiones ajenos, que se valida institucionalmente, y que en última instancia otorga estabilidad, previsibilidad, certidumbre y alineamiento en la relación con potencias como los Estados Unidos.
La subordinación intelectual de las élites es funcional a medida que establece las directrices de lo imaginable, de lo pensable y de lo que es concebido como problema público prioritario. El discurso del libre mercado, de la retracción del Estado desarrollista, y del "Business environment" o de las "adecuadas condiciones institucionales para las inversiones", son ostentadas por estas élites políticas y académicas como inevitables y como discursos que contribuyen a la gestión de la dependencia y a la perpetuación de la hegemonía externa desde adentro de los propios países latinoamericanos. No se trata de pensar proyectos de nación propios, sino de administrar los intereses oligárquicos y contribuir con ahínco a la desigual arquitectura de la geopolítica y la geoeconomia contemporáneas. De ahí la urgencia histórica latinoamericana de pensar el desarrollo con cabeza propia y de anteponer contrapesos intelectuales a esas élites extractivistas y rentistas.
