La madrugada del pasado 3 de enero de 2026 quedará marcada en los anales de la historia jurídica contemporánea no como un acto de justicia, sino como el día en que la administración de Donald Trump decidió incinerar los últimos vestigios del orden multilateral. La captura del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, en suelo soberano, representa un "secuestro transfronterizo" que rompe con el principio de inmunidad soberana y la prohibición del uso de la fuerza consagrada en la Carta de las Naciones Unidas.
A medida que se asienta el polvo de las explosiones en Caracas, la sociedad estadounidense empieza a despertar de la narrativa triunfalista de la Casa Blanca. Según la reciente investigación de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, más del 50% de los adultos en Estados Unidos consideran que el presidente Trump ha "ido demasiado lejos".
Este sentimiento no es aislado. La opinión pública percibe un abuso de poder militar desproporcionado contra una nación pequeña, una maniobra que busca distraer de las crisis internas bajo el manto de un "intervencionismo mesiánico". Incluso en el corazón de la industria cultural, figuras de Hollywood (como el actor Mark Ruffalo) y otras voces en los recientes Globos de Oro han denunciado que este acto no nos hace más seguros, sino más vulnerables a la ley de la selva.
Desde Europa, el juicio intelectual es demoledor. Prestigiosas instituciones británicas, como la Universidad de Oxford a través de la Escuela de Gobierno Blavatnik, han calificado la operación como una violación flagrante y multidimensional del derecho internacional. "El uso de la fuerza en este contexto no solo es ilícito, sino que su ilegalidad está más allá de cualquier debate serio", señala el informe técnico de Oxford.
Al no existir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU ni un escenario de "legítima defensa" (Art. 51), la acción se configura técnicamente como un crimen de agresión. No es de extrañar que analistas internacionales y juristas ya estén preparando el terreno para consecuencias legales que podrían derivar en denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Al ejecutar este "cambio de régimen" por la fuerza, Trump no solo ha agredido a Venezuela; ha desmantelado la seguridad jurídica global. Las implicaciones son claras:
Erosión de la Soberanía: Si cualquier potencia puede extraer a un jefe de Estado por la fuerza, ningún país está a salvo.
Efecto Búmeran Político: El aislamiento diplomático de EE. UU. frente a potencias como Rusia y China, que han condenado enérgicamente el ataque, debilita la posición geopolítica de Washington a largo plazo.
Inestabilidad Regional: La militarización de la política exterior en el Caribe solo augura un ciclo de resistencia y caos que afectará a toda América Latina.
Donald Trump ha cruzado una línea roja de la cual no hay retorno sencillo. La historia (y probablemente los tribunales internacionales) juzgarán este episodio como el momento en que la arrogancia imperial pretendió estar por encima de la justicia universal.
La soberanía de los pueblos no es un privilegio concedido por Washington, sino un derecho inalienable que Venezuela, y el mundo que cree en la ley, deben defender.
