Frente a las masacres de ayer y hoy, dos políticas contrapuestas ante hechos similares

Masacre de Barlovento

La sociedad venezolana acaba de ser estremecida con un hecho, desde todo punto de vista, repudiable como lo es la masacre acontecida hace pocos días en Barlovento, estado Miranda, en la que fueron vilmente mutilados y asesinados 12 jóvenes venezolanos, a manos de miembros de la FANB, circunstancia que la hace aún mucho más bochornosa.

Por tal motivo fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía 11 funcionarios del Ejército que serán procesados por varios delitos relacionados con la "vulneración de derechos fundamentales" ante su presunta vinculación en el asesinato de los jóvenes, entre ellos: un teniente coronel, cinco sargentos primero, un sargento mayor de tercera, un mayor, dos cabos segundo y un cabo primero, según un comunicado del Ministerio Público, MP.

Entre los días 15 y 19 de octubre pasado en un operativo de seguridad desarrollado por brigadas militares fueron detenidos varios ciudadanos que, transcurridos unos días al no conocerse su paradero, sus familiares pusieron la denuncia en la Fiscalía décima de Guarenas-Guatire, la cual adelantó las diligencias pertinentes que hicieron posible la localización, en fosas comunes, de los cuerpos de las víctimas, en zonas montañosas del Municipio Acevedo, dos, el 25 de noviembre, en el sector El Café y los otros 10 cadáveres , al día siguiente, en el sector Araguita.

Además de los 12 casos confirmados, el miércoles 30 de noviembre se conoció de otra víctima fatal al parecer vinculada al mismo operativo y luego, el 1º de diciembre, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó sobre 5 nuevas denuncias de desapariciones en los sectores El Café, Capaya y Caucagua.

Algunos de los cuerpos encontrados estaban mutilados y tenían signos de tortura evidentes, confirmó la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, en entrevista televisiva."Se trataba de personas humildes, trabajadoras, campesinos, a los que lamentablemente se les violaron sus derechos fundamentales. Una de las víctimas que logró sobrevivir, que ahora es un testigo protegido, fue sometido a graves torturas", precisó la Fiscal General.

El ministro de Interior y Justicia, Mayor General Néstor Reverol, en declaraciones ofrecidas a la prensa, explicó que debido a reiteradas denuncias de habitantes y productores de la zona sobre desalojos arbitrarios de viviendas y fincas se ordenó una operación de investigación el pasado mes de octubre.

En el marco de ese operativo "fue que los militares detuvieron a un grupo de personas, sin que sobre ellas hubiera una orden judicial de aprehensión", desencadenándose los sucesos narrados, que arrojaron el lamentable saldo referido.

Tras la investigación, funcionarios del CICPC, realizaron la detención de los militares en cuestión por su presunta responsabilidad en el caso.

Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela emitió un comunicado en el que expresa "su más profunda consternación" por este caso en el que militares "que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje para garantizar la seguridad (…) incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos".

"Este tipo de hecho aislado contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar, y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria", resalta el comunicado oficial.

Por supuesto, que este hecho de la masacre de Barlovento es reprochable desde todo punto de vista, que requiere sea rechazado con toda contundencia por la sociedad y por el Estado, así como cualquier hecho ya sucedido o por suceder, durante este período de gobierno, como fue el caso, también, recientemente acontecido en la población de Cariaco, estado Sucre, en el que se produjo la muerte de 9 personas, trabajadores humildes, el pasado 11 de noviembre, a manos de 5 funcionarios del Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), siendo la respuesta igual de contundente por parte de las autoridades, al proceder con la detención de los presuntos involucrados y su sometimiento a los instancias jurisdiccionales correspondientes.

Evidentemente, que tal grado de actuación no tiene ningún tipo de comparación con la manera como se trataban situaciones macabras similares en las que funcionarios policiales y militares estuviesen involucrados durante los gobiernos adeco-copeyanos de la cuarta república.

Masacres en la cuarta república

En este sentido, resultan emblemáticos casos como el de la masacre de Cantaura, estado Anzoátegui, llevada a cabo el 4 de octubre de 1982 por diferentes fuerzas de seguridad del gobierno de Luis Herrera Campins, en la que fueron ajusticiados 23 combatientes de manera vil y alevosa, con un tiro de gracia, cuando ya estaban detenidos. Sus ejecutores nunca fueron indiciados y menos aún enjuiciados, entre los que destaca el asesino Henry López Sisco, participante activo de otras tropelías por las que nunca fue sancionado y por el contrario, sí, premiado y hasta enaltecido como defensor de aquella seudo democracia de entonces.

De igual tenor fueron las masacres de Yumare, acontecida a cuatro años de la de Cantaura, durante el gobierno de Jaime Lusinchi, que tuvo lugar en el sector Barlovento, caserío La Vaca del actual Municipio Manuel Monge, estado Yaracuy, en la que 9 dirigentes sociales fueron capturados y posteriormente alevosamente asesinados, haciendo ver que sus muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento armado, cuando estudios criminalísticos demostraron que todos murieron, igualmente, con un tiro de gracia, luego de ser torturados. Al cabo de 25 años, en el 2011, fue que se pudo desmontar la versión sostenida por el gobierno de Lusinchi y enjuiciados los responsables.

Y la de El Amparo, perpetrada el 29 de octubre de 1988, en la localidad de El Amparo, municipio Páez, estado Apure, en la que fueron masacrados, a mansalva, 14 pescadores, por funcionarios policiales y militares del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), durante el gobierno del inefable Jaime Lusinchi, en una operación denominada "Anguila III", de la que sobrevivieron 2 víctimas, Wolmer Padilla y José Aria, que pudieron echar el cuento de lo realmente sucedido y desmontar la versión oficial. Sus perpetradores quedaron impunes y más bien los dos pescadores sobrevivientes fueron a la cárcel y solamente alcanzaron ser resarcidos de los daños con la llegada del Comandante Chávez al gobierno.

Igual de condenables son todos estos nefastos acontecimientos, atentan contra el derecho humano fundamental a la vida, que los funcionarios policiales y militares como expresión del Estado deben proteger y garantizar. Pero está visto que mientras en los gobiernos de la cuarta república sus funcionarios contaban con patentes de corso para disponer de la vida de las personas, siendo testimonio fehaciente de ello el axioma betancourista de "disparar primero y averiguar después", con los gobiernos chavistas se tiende a actuar apegado a la CRBV tal cual como esta señala en su artículo 2 "(…) Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, (…) la preeminencia de los derechos humanos, (…)".Así es y así será, es política de Estado que se corresponde con los principios humanistas del socialismo bolivariano.



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Miguel Ugas

Miembro de la coordinación nacional del MoMAC

 miguelugas@gmail.com

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