Hay que hacer uso implacable de la Justicia

No puede haber impunidad

La protesta es una de las conquistas más preciadas por el pueblo venezolano en su largo proceso de luchas políticas, como derecho está suficientemente consagrado en el orden jurídico vigente: el artículo 68 de la Constitución del 99 refrenda expresamente que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la Ley…”; derecho político que ha venido siendo ejercido, ampliamente, en nuestro país, en el período histórico que se inicia en Venezuela con el ascenso al poder del Comandante Hugo Chávez Frías.

Para sustentar esta afirmación, basta remitirse a las estadísticas que las propias ONGs, de corte derechista, financiadas desde el exterior, registraron y anunciaron públicamente, señalando que, sólo el año pasado se habían realizado, en el territorio nacional, más de 5 mil protestas. Y este guarismo lo apuntaban, negativamente, como expresión del descontento existente en el seno de la sociedad.

Lo cierto, es que este dato onegista lo que pone en evidencia, por el contrario, es la vitalidad de la democracia venezolana: el pueblo al sentir la necesidad de expresarse lo hizo, contando para ello, con todas las garantías constitucionales; siendo un hecho público que ante esta diversidad de manifestaciones, unas en contra y otras a favor del gobierno, no ocurrió ni un sólo hecho de sangre ocasionado por la acción de la fuerza pública. Ni un manifestante muerto en toda esa dinámica social. Ya quisieran para sí, resultados similares, muchos de los gobiernos que en Occidente se pretenden erigir como modelos democráticos e incomparables con la estela de muertos, desapariciones y atropellos de la más diversa naturaleza generados por la fuerza pública durante los cuarenta años de gobierno puntofijista, en este sentido, basta recordar la ingrata y criminal frase de Betancourt “disparen primero y averigüen después”.

Costo social de la insurrección
Balance muy distinto se presenta con esta intentona insurreccional, de febrero-marzo del 2014, revestida de presunta protesta social de naturaleza pacífica, con la que sectores de la derecha fascista apuntalados por círculos imperiales y de la derecha internacional, pretenden derrocar al gobierno legítimamente constituido.

En lo que va de intento insurreccional, que no pasa de allí, de mero intento, porque sencillamente no cuenta con apoyo popular (social y territorialmente está concentrada y localizada en reducidos sectores pudientes, clara demostración de los intereses de clase que representa), a la fecha, se han producido 37 muertos y más de 400 heridos y lesionados, en su gran mayoría, compatriotas afines al gobierno chavista, de los cuales hay 6 militares asesinados y más de 120 policías y guardias nacionales heridos (cuánto dolor y luto, no han sido generados, niños huérfanos y viudas y viudos) y cuantiosos daños materiales con afectación de bienes públicos y privados, además, del efecto nocivo que se le ha ocasionado a la psiquis de muchos ciudadanos; todo un saldo nefasto que muestra el rostro del terrorismo que el imperialismo quiere exportar hacia nuestro país, tal cual, como lo ha hecho en aquellos países que no le son afectos a sus ambiciosos intereses.

Apoyados en la mediática privada transnacional y local, y en la complicidad de la intelectualidad orgánica postrada al fetiche del capital, los terroristas insurrectos han querido crear la matriz de opinión de que lo que acontece en Venezuela, es la respuesta de un pueblo oprimido a la acción tiránica de una dictadura, encabezada por Nicolás Maduro; argumentación con la que retroalimentan al sector disociado de la realidad del país, de por sí minoritario, (demostradamente minoritario una y otra vez); y, para tales efectos, no les importa tergiversar y sacrificar la verdad, angustiar y neurotizar a ese sector de la población, en aras de construir una falsa imagen gubernamental, con tal de generar unas condiciones que haga posible, de algún modo, la intervención extranjera y, con ello, propiciar el derrocamiento del gobierno bolivariano. Esa ilusión la vienen macerando, los opositores, desde hace 15 años y la terca realidad, incólume a sus deseos y elucubraciones, les impide materializarla.

A pesar de todo el esfuerzo comunicacional no han podido conmover los sólidos cimientos que sostienen al Proyecto Político Bolivariano, la gran mayoría del pueblo, en alianza con su brazo armado, se mantiene firme en su apoyo e identificación con la conducción que le vienen dando al Estado y a la sociedad la dirección político-militar chavista.

Quienes dirigen la intentona insurreccional, con sus guarimbas, sus francotiradores, sus criminales guayas degolladoras, sus barricadas, sus hogueras, sus morteros, en fin, con su práctica irracional, lo que han logrado, es el rechazo mayoritario de la sociedad; incluso de los propios sectores opositores, quienes sienten que las irracionales huestes, que dirigen López y su Voluntad Popular y la Machado y sus sesudos asesores, les han impuesto una virtual dictadura en sus zonas residenciales, cercenándoles el derecho a la libre circulación, al trabajo, al estudio, al acceso a la salud, a la recreación, etc., y llenándolos de angustia y zozobra, en suma, violentado su cotidianidad vital. Por ello, ha sido sabio el tratamiento que se le ha dado a esta situación, dejándolos que se cocinen en su propia salsa.

Guarimberos a la cárcel
Esta línea de acción antes que debilitar al Estado, lo ha fortalecido, porque ha servido para demostrar que cuando se gobierna con conciencia revolucionaria y visión humanista, el uso de la fuerza no es el recurso más idóneo, este gobierno ha sabido hacer uso moderado de la fuerza pública. Ya de por sí, esto hace la diferencia con la democracia burguesa de Betancourt, CAP y Caldera.

El pueblo venezolano quiere la paz y en ello es que ha puesto empeño el gobierno bolivariano, llamando e integrando a todos los sectores en las Conferencias por la Paz y la Vida. Por supuesto, aislando a los insurrectos guarimberos, fascistas por definición y antipatrióticos por vocación, con estos no puede haber impunidad, tienen que pagar con cárcel sus crímenes contra la sociedad.

Ha llegado la hora del diálogo, del diálogo constructivo de la paz y la convivencia entre los venezolanos y venezolanas, teniendo claro que para con los terroristas el camino que queda es el de la aplicación implacable de la Justicia. ¡Sin justicia no hay paz…!!!







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Miguel Ugas

Miembro de la coordinación nacional del MoMAC

 miguelugas@gmail.com

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