Reflexiones sobre la (in) seguridad en Venezuela II

Seguridad ciudadana y reforma legal: relaciones peligrosas

Las leyes que intentan satisfacer las demandas de seguridad provenientes de la opinión pública son leyes autoritarias, represivas y simbólicas. Tienen un efecto principalmente mediático, brindan la sensación de que se está “haciendo algo” (va dirigida esencialmente a la inseguridad subjetiva), pero en la realidad está agravando el problema ya que esto se traduce en la práctica en políticas de mano dura que van dirigidas principalmente hacia los más vulnerables de la sociedad, incrementa la población penitenciaria, sin disminuir los índices reales del fenómeno. No tienen ningún efecto disuasivo, preventivo, ni efectivo para la disminución de los delitos y la violencia. Por el contrario, aumenta la violencia institucional que a su vez incrementa la violencia social. En fin, no existe ninguna legitimación de la ley penal para abordar el tema de la seguridad ciudadana. Sobre esto existe abundante literatura. En nuestro contexto se han dado múltiples casos, por razones de espacio enunciaré solo dos ejemplos recientes:
  1. Las incongruentes reformas del COPP: apenas dos años después de su promulgación, en el año 2000 y 2001 se establecen severos límites para la obtención de beneficios procesales; en 2006 y 2009 tratan de restablecer algunos de estos beneficios. En el devenir de todas las reformas la participación ciudadana dentro del proceso penal queda mermada, la situación carcelaria y judicial no revela mejorías por ello.
  2. Las reformas del Código Penal: en el año 2000 se incrementan las penas para los delitos relacionados con armas y medios de transporte. Cinco años después, inconstitucionalmente, nuevamente se aumentan penas y disminuyen beneficios, además de crear el delito clasista de “invasión”, entre otras modificaciones orientadas a la protección del orden público.

A pesar de tales reformas y creación de nuevos tipos penales de la última década, el índice de violencia delictiva se ha disparado brutalmente, sirva como ejemplo triste y emblemático la tasa de homicidios que en la última década ha aumentado unos 25 puntos. De esta manera queda nuevamente en evidencia que las reformas penales no tienen un impacto positivo sobre el fenómeno. Entonces, la cuestión más que hacer reformas legislativas en materia penal, lo importante es la certeza de los derechos, la aplicación de la ley, es un problema de implementación, de política ejecutiva y judicial, no de política legislativa. Ojalá esto sea comprendido por la actual Asamblea Nacional, la cual tiene contemplada, dentro de su agenda legislativa, la reforma del Código Penal.

keymerguaicaipuro@gmail.com



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Keymer Ávila

Abogado graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Catalunya). Investigador y Profesor de Criminología en la UCV.
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