El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este martes que la cifra de funcionarios públicos detenidos por estar presuntamente vinculados con actos de corrupción ascendió a 19, y no descarta que la cifra vaya en aumento.
"Hay 19 detenidos hasta el momento y estoy seguro que vienen más (...) Esta investigación apenas comienza, hay varias decenas de jueces y funcionarios detenidos", sostuvo durante la sesión ordinaria del Parlamento.
Rodríguez advirtió que cualquier funcionario que incurra “en robo de activos” de la nación venezolana “debe pagar”, haciendo referencia a los recientes casos de corrupción vinculados a Pdvsa y sin descartar además la posibilidad de que algún gobernador de la oposición también sea salpicado.
El diputado advirtió que "si un juez o un fiscal se desvía de su función, va preso", así como también ocurrirá "si un alcalde incurre en acciones criminales".
"En la Revolución Bolivariana si un alto funcionario de PDVSA incurre en un acto de corrupción su destino será la cárcel, y pedimos castigos draconianos para ello (...) Caiga quien caiga, no quiero ver defensores de algunos alcaldes sí y otros no, porque el que esté robando va a ir preso", enfatizó.
Rodríguez afirmó que "los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro han luchado contra la corrupción de una manera determinante", por lo que a su juicio, "ha llegado la hora de la justicia. Cuando nos referimos a que los culpables caerán sean quienes sean, incluyen también a los sectores de la ultraderecha".
"Debe haber algún corrupto en las Mercedes metiéndose un whisky para calmar el temblor de las manos, ese corrupto va preso", sentenció.
En este sentido, propuso que la Comisión de Política Interior de la Asamblea revise las penas que contemplan las leyes sobre corrupción, "para ser más enérgicos en los castigos".
Hasta el momento, se conoce oficialmente de la detención de Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, y José Mascimino Márquez, juez de control en delitos asociados al terrorismo, un alcalde oficialista, el exjefe de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez, y del exdiputado Hugbel Roa, según medios oficiales.
